Hace muchos años, los guayaquileños acudían al estero Salado a bañarse, divertirse y pasar un momento en familia. Hoy, aquello parece ser solo un mito y una idea descabellada.
El estero Salado se encuentra en un punto crítico debido a sus altos niveles de contaminación. A pesar de varios esfuerzos, la situación persiste sin ser una novedad.
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En medio del preocupante estado del estero, han surgido distintas alternativas para remediar el daño causado por la contaminación.
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Una de ellas es la creación de un ‘acuario viviente’ en un brazo del estero Salado, impulsado por el biólogo Joffre Lupera Navarrete. Pero ¿qué tan factible es este proyecto? ¿Y qué antecedentes existen acerca de iniciativas como esta?
Lupera plantea ubicar el acuario en un brazo del estero que bordea la Facultad de Economía y Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, aprovechando la existencia de unas compuertas que permiten aislar el flujo de agua del resto del estuario.
“Tiene un caudal de unos 20 a 25.000 metros cúbicos de sedimento y con su extracción podríamos habilitar un espacio con agua limpia”, explica.
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Un espacio educativo
“El acuario serviría para que la gente se eduque y vea diferentes tipos de especies que no las puede encontrar más que en revistas”, dice el biólogo que busca dar un nuevo uso a un sector altamente contaminado cerca de la entrada G1 de la Universidad de Guayaquil.
Entre las especies que pretende reintroducir están el cangrejo violinista, camarones, ostiones, caracoles, mejillones, jaibas y otras típicas del manglar ecuatoriano.
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La idea, según Lupera, es que las personas puedan verlas vivas y no solo en libros o revistas. También se contempla la reforestación con los cuatro tipos de mangle presentes en el país: rojo, blanco, negro y botón o jelí.
El proyecto contempla colocar paredes acrílicas para evitar contaminación desde el exterior, sin necesidad de construir una infraestructura nueva, aprovechando las camineras existentes en el sector.
En cuanto al uso del terreno, Lupera señala que el brazo del estero pertenece al Ministerio del Ambiente, al formar parte de la Reserva Manglares del Salado. Sin embargo, reclama que “ni hacen ni dejan hacer”.
Costo del proyecto
Lupera estima que el proyecto podría tener un costo de entre 3,5 y 4 millones de dólares, principalmente por el dragado y tratamiento del agua. No obstante, con aportes técnicos y logísticos de universidades e instituciones públicas, asegura que “se podrían reducir hasta dos millones de ese monto”.
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También propone que empresas privadas financien el proyecto mediante la figura de responsabilidad ambiental, redireccionando parte de sus impuestos hacia esta causa.
El corazón del proyecto
El corazón del proyecto es un invento patentado por Lupera: un remediador ambiental de acuíferos, registrado ante la Secretaría Nacional de Producción Intelectual (Senadi) en 2021.
Este dispositivo realiza dragado y filtrado del agua mediante un sistema montado sobre una plataforma, con tecnología propia como tanques hidrociclónicos, filtros con piedra pómez y carbón activado. El objetivo es purificar el agua de forma sostenible y segura para introducir fauna y flora.
“Yo no quiero quedarme con el acuario; esto puede ser público, del Ministerio del Ambiente o del Municipio. Mi único interés es que mi equipo funcione, que lo vean en acción y poder venderlo fuera del país”, afirma Lupera, quien asegura contar con cuatro patentes registradas.
De conseguir los permisos ambientales y el financiamiento necesario, calcula que el acuario podría estar operativo en dos o dos años y medio. Aclara que si no puede aplicarse en este sector específico, por las compuertas existentes, el modelo podría replicarse en otras zonas del país, siempre que exista un punto de entrada controlado.
Ante el problema de los metales pesados presentes en los sedimentos, Lupera sostiene que son “ricos en nutrientes” y que “tranquilamente lo podemos poner en un cultivo de arroz”, aunque también ofrece la opción de enviar los sedimentos a plantas de tratamiento como Interagua.
Guayaquil, una ciudad libre de acuarios
En junio de 2019, a través de un firme pronunciamiento a favor de la conservación y el respeto a la fauna marina, el Municipio de Guayaquil descartó rotundamente la posibilidad de permitir la construcción de delfinarios en la ciudad, reafirmando su compromiso con el bienestar animal y la protección ambiental.
La decisión se produjo tras una solicitud de la ONG Rescate Animal, que propuso declarar a Guayaquil como una “ciudad libre de delfinarios”.
Como respaldo a esta postura, el cabildo aprobó una ordenanza municipal que prohíbe expresamente la instalación de acuarios que mantengan cetáceos, como ballenas y delfines, en condiciones de encierro.
Esta normativa convirtió a Guayaquil en la primera ciudad del país en adoptar una medida de este tipo, lo que le valió un reconocimiento internacional por parte de la organización ambientalista Sea Shepherd Conservation Society.
A nivel nacional, el rechazo a proyectos similares cobró fuerza con la publicación del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente en el Registro Oficial n.º 507. En su artículo 188, este reglamento impide la importación de fauna marina silvestre, tanto autóctona como foránea, lo que frena la instalación de acuarios con fines recreativos en el país.
La decisión también impactó en Santa Elena, donde se había proyectado el acuario Waterland Salinas. A pesar de los reclamos de un pequeño grupo que abogaba por los beneficios económicos del proyecto, el Ministerio del Ambiente negó el permiso de operación al considerar que no cumplía con la legislación vigente.
¿Es viable un acuario viviente en el estero Salado?
La iniciativa ha generado tanto entusiasmo como escepticismo. Para analizar su viabilidad técnica Franklin Ormaza, oceanógrafo y docente investigador de la Espol, y Eliana Molineros Ruíz, médica veterinaria, fundadora del Proyecto Sacha e investigadora ambiental, explicaron a Diario EL UNIVERSO las condiciones que se deben cumplir para que el proyecto sea todo un éxito.
“Es una idea preciosa, pero no viable en ese lugar”, sostiene Franklin Ormaza, quien alerta sobre los altísimos niveles de contaminación del estero Salado, especialmente por metales pesados y bacterias fecales.
Ormaza lideró un estudio en conjunto con expertos de la Espol y de la Universidad de Southampton, que revela que el estero Salado muestra señales alarmantes de contaminación entre 2016 y 2022, especialmente en su parte norte, y que fue publicado en la revista Science Direct.
Las aguas están muy contaminadas con nutrientes (como nitrógeno y fósforo), tienen poco oxígeno, son ligeramente ácidas y presentan altos niveles de bacterias fecales, superando ampliamente los límites permitidos.
Estas condiciones, causadas principalmente por aguas residuales domésticas e industriales y la falta de circulación natural, han empeorado en las últimas décadas debido al crecimiento urbano. Esto convierte al estero en un ejemplo más de la eutrofización creciente que afecta a zonas costeras en todo el mundo.
Además, Ormaza considera que el dragado del sedimento —necesario para el proyecto— no puede realizarse sin estudios profundos que incluyan análisis químicos y microbiológicos a diferentes niveles de profundidad, porque, según el oceanógrafo, “probablemente haya más concentración en la profundidad”.
En la misma línea, Eliana Molineros considera valiosa la intención del proyecto, pero advierte que “el estero es un ecosistema frágil, y cualquier intervención debe planificarse con base científica y visión a largo plazo”. Aplaude que iniciativas como esta surjan desde la ciudadanía, pero recalca que no puede ejecutarse sin estudios rigurosos sobre la calidad del agua, carga contaminante y capacidad de resiliencia del ecosistema.
Ormaza también cuestiona la ubicación propuesta, en el brazo del estero cercano a la Universidad de Guayaquil, un sitio rodeado de tuberías que descargan contaminantes.
Para él, un lugar más idóneo sería El Morro, en donde la fauna está más conservada y los niveles de contaminación son mucho menores. “Ahí no hay que introducir fauna, porque ya está presente. Además, sería más fácil y efectivo desde todo punto de vista”, asegura.
Por su parte, Molineros indica que la reintroducción de especies como cangrejos, mejillones o jaibas sin estudios previos puede convertirse en un riesgo biológico. “Pueden morir, generar desequilibrios, propagar enfermedades o representar una pérdida de recursos”, alerta.
También señala que deben evitarse soluciones artificiales que sustituyan procesos de regeneración ecológica: “Un acuario viviente puede ser valioso si se basa en restauración pasiva y activa, guiada por indicadores de salud del ecosistema”.
En cuanto al potencial educativo del proyecto, ambos expertos coinciden en su valor. Molineros lo resume así: “Abrirle al ciudadano una ventana a la vida del manglar es permitirle entender y valorar su existencia” siempre que el espacio se diseñe con criterios ecológicos y funcione como un “laboratorio vivo”.
Pero las dudas técnicas siguen siendo muchas. Ormaza enfatiza que es importante realizar estudios clave, como el tiempo de residencia del agua en esa zona del estuario, un dato esencial para cualquier intento de restauración. Para él, “dos o tres años para implementar este proyecto es un plazo demasiado corto sin estudios previos sólidos”.
Intentos por revivir al estero Salado
A lo largo del tiempo, el estero Salado ha sido sometido a distintos procesos que han intentado revertir los daños causados por la contaminación.
Uno de ellos fue el plan de superoxigenación del estero Salado, implementado en 2011 como parte del proyecto Guayaquil Ecológico. Este consistió en inyectar oxígeno puro al agua mediante estaciones especializadas, con el fin de mejorar su calidad y combatir la contaminación.
Aunque la técnica mostró resultados positivos, debía ser complementada con otras acciones, como reforestación, control de descargas y educación ambiental.
Otra alternativa fue el contrato firmado en 2020 con la empresa Visolit, que establecía un convenio de siete años para continuar con las labores de limpieza del estero Salado, ampliando su cobertura a 540 hectáreas y 40 kilómetros de riberas.
Con un valor total de $ 28 millones, el contrato incluía la incorporación de nueva maquinaria capaz de separar el agua de los desechos, lo que optimiza el peso y facilita el proceso de recolección. Además, se redujo el costo por tonelada de basura extraída de $ 583,40 a $ 526,92.
Franklin Ormaza y Eliana Molineros resaltan que la prioridad debe ser detener la contaminación actual, promover la participación comunitaria en el monitoreo ambiental y aplicar medidas basadas en ciencia.
“Guayaquil necesita recuperar el estero Salado, pero no desde una vitrina ni desde la ilusión de limpieza. Necesitamos ciencia aplicada, respeto por los tiempos naturales y una ciudadanía involucrada”, concluye Molineros.
(I)
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