El Parque Nacional Yasuní (PNY) está rodeado por bloques petroleros. Al norte están el 14, 16, 31 y 43. Al oeste el 65, 61, 55 y 66, y al sur el 83, 84 y 87, aunque estos últimos todavía no han sido explotados por ahora. Esta delimitación muestra la voracidad que hay por el llamado oro negro que poseen estas megadiversas tierras.

De todos estos bloques, el 43 es el que más preocupa a los colectivos ambientales. Las actividades de Petroamazonas no han parado en esta zona, ni con la pandemia. Y las proyecciones, ubicadas en mapas de la propia compañía estatal, a julio del 2020, indican que la construcción de las plataformas seguirá.

El problema es que plataformas como Ishpingo A, que ya se construyó, y B, cuya edificación se tiene prevista en el mediano plazo, estarían al borde la zona de amortiguamiento, indican colectivos ambientales.

De hecho, las plataformas Ishpingo C y D serían construidas en la zona de amortiguamiento. Incluso, la última estaría en la frontera con la zona intangible. Esto pese a que cuando se autorizó la intervención del PNY, en 2013, se prohibió la explotación de la zona intangible y su franja de amortiguamiento.

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La estatal petrolera solo tiene licencia ambiental para las plataformas A y B, pero estaría gestionando los permisos para la edificación de las otras.

Toda esta actividad extractiva fue permitida gracias al decreto 751 firmado por el expresidente Lenín Moreno y que ha sido mantenido por el actual mandatario Guillermo Lasso. Si bien este decreto amplió la zona intangible, al mismo tiempo abrió la posibilidad de la instalación de nuevas plataformas en la zona de amortiguamiento.

Presentan demanda constitucional contra Guillermo Lasso por pretender expandir frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana

La firma del documento fue polémica y el propio ministro del Ambiente de Moreno, Marcelo Mata, reconoció que era inconstitucional. Todo esto aumenta la presión a la biodiversidad del PNY y el riesgo de un etnocidio contra los pueblos en aislamiento voluntario, dice Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos.

Lo que actualmente se está explotando ya llega al borde de la zona de amortiguamiento. Existe una política estatal de discriminación por todos los presidentes. Con el discurso que el petróleo nos sacará de la pobreza no importa que los pueblos en aislamiento voluntario mueran”, dice Bermeo.

Yasunidos, junto a otros colectivos, busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 751. “Hay grupos no contactados que están muy cerca de los bloques 31 y 43. Solo hay 10 kilómetros de distancia con estos pueblos”, dice Bermeo.

Todas estas plataformas están conectadas por un “acceso ecológico” como lo llama Petroamazonas, aunque Bermeo afirma que es una “supercarretera” donde transitan camiones y maquinaria pesada. El camino ya llega a uno 400 metros de distancia de la zona de amortiguamiento y se prevé su extensión.

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“Cuando se autoriza la extracción petrolera en 2013 en el PNY se nos dijo que usarían tecnología de punta, pero la construcción de esta carretera nos muestra lo contrario. Hay las mismas tecnologías que usaron Texaco y Chevron para explotar la Amazonía norte”, dice. Aunque en informes de Petroamazonas se dice que se tienen cuidados “rigurosos”.

Ishpingo C y D se construirían dentro de la zona de amortiguamiento. Mapa extraído de informe de Petroamazonas

El aval del actual Gobierno para continuar con esta explotación se da para cumplir su propuesta de duplicar la producción petrolera a largo plazo. El decreto 95 firmado por Lasso, que también ha generado críticas de grupos ambientalistas, facilitaría aún más las actividades extractivas.

Incluso, colectivos indígenas presentaron, el lunes pasado, una demanda de inconstitucionalidad en contra de este decreto y afirmaron que será la primera de “varias” acciones que realizarán para frenar la minería y el petróleo en la Amazonía.

“Exigimos al Gobierno respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”, indica Nemonte Nenquimo, lideresa waorani.

Manuel Bayón, del Colectivo Geografía Crítica del Ecuador y que participó de la publicación La explotación del Yasuní en medio del derrumbe petrolero global, afirma que “las máquinas” ya están entrando al corazón del PNY y que se está cometiendo una “gran ilegalidad”.

Eso de explotar el 1 x 1.000 era científicamente imposible. Luego, en 2018, a través de consulta popular, se bajó a 300 hectáreas de intervensión, pero lo que presentó el gobierno anterior fue un plan para construir plataformas hasta la J dentro de la zona de amortiguamiento, de la zona de protección de los pueblos en aislamiento”, dice.

Bayón cuestiona la ambigüedad del mensaje ambiental de Lasso, ya que está autorizando actividades extractivas en zonas sensibles: “Hay un continuismo, el presidente está fallando a su palabra”.

Lobby petrolero tras “desangre” de la Amazonía

Los constantes casos de corrupción, suscitados en administraciones presidenciales pasadas tanto de izquierda, derecha o centro, dan cuenta de un lobby petrolero que busca beneficiarse de la extracción de petróleo en la Amazonía de Ecuador, afirma Bayón.

En el país pasa que los gobiernos se sustentan en la corrupción petrolera. Tenemos una clase anquilosada de funcionarios, empresas y contratistas, y presiones internacionales para seguir explotando. Nos tenemos que librar de esa clase política y empresarial a la que no le importa construir un pozo donde sea, ya que participan de la corrupción que se genera alrededor”, dice.

Indica que el argumento de que el petróleo trae riqueza, que ha sido manejado por los diferentes gobiernos ecuatorianos, es falso: “Yo hoy le estoy diciendo todo esto desde Lago Agrio, Sucumbíos, (zona de extracción de petróleo) y le puedo asegurar que aquí no se ve ninguna riqueza. De hecho, no tener agua y aire limpio ha generado empobrecimiento. Los índices de pobreza de provincias como Orellana y Sucumbíos son los más altos del país”. (I)