En el sector público se registran más denuncias por acoso laboral que en el privado. Así lo reflejan las cifras compartidas por el Ministerio del Trabajo. Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, en el sector público fue de 1.147, frente a los 1.007 del privado.

El presidente Daniel Noboa todavía no ha informado si se sancionará, es decir, aceptará el texto, o vetará la Ley Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, que ha generado diversas posturas en diferentes sectores y gremios.

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El Ministerio del Trabajo indica que las reformas previstas a la normativa sobre acoso, violencia y discriminación en el mundo del trabajo “mantendrán un enfoque inclusivo, integrado y sensible al género, respetando la confidencialidad, imparcialidad, no revictimización, no represalias y acompañamiento en el proceso de protección”.

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El año en que más denuncias fueron presentadas en el sector público fue el año pasado con 693; en el 2022 fue de 342; y en el 2021 la cifra fue de 112, según los datos de la cartera de Estado, que tomó como fuente a la Matriz de Registro de Seguimiento y Control de Protocolo de Denuncias / Dirección de Seguimiento y Monitoreo del Servicio Público.

Mientras, en el privado se presentaron más denuncias hace tres años con 371; seguido por el 2022 con 367 y el año pasado bajó a 269, de acuerdo con los datos del ministerio, que tomó como fuente a las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público.

El Ministerio del Trabajo también hace un desglose para el sector privado en masculino y femenino, en el cual, según los datos, el masculino presentó más denuncias de acoso laboral, 506, con relación a las 501 del grupo femenino.

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  • 2021: masculino, 201 y femenino, 170
  • 2022: masculino, 171 y femenino, 196
  • 2023: masculino, 134 y femenino, 135

El Ministerio del Trabajo indica que “no se cuenta con datos del 2024, debido a que los cortes de información se realizan de manera trimestral”.

La abogada laboral Vanessa Velásquez indica que el sector público “tiene mayor posibilidad de generar este tipo de denuncias”, pero que también se ve una complicación y es que tampoco se tiene un resultado en la protección de una víctima de acoso y con la reforma legal “tampoco se evidencia cómo va a estar constituida esta reparación de la persona que al final sí demuestre que fue víctima de acoso laboral”.

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En ese contexto, indica que las denuncias en el ámbito laboral del sector público “no demuestra lo que realmente pasa en las instituciones, sin embargo, el factor estabilidad hace ver que es determinante en una denuncia de acoso”.

Agrega que el nombramiento en el sector público genera estabilidad, puesto que no depende de la decisión de un empleador la terminación de la relación laboral y por ello es importante abrir el espacio de denuncias, para que se garantice la confidencialidad.

Dice que en el sector público para que una persona pueda ser destituida necesita de un sumario administrativo con mayor complejidad; en cambio, en el sector privado, la sola decisión del empleador de dar por terminado el contrato frente a una presunción de un indicio de acoso laboral para evitarse problemas internos es mucha más alta y es por esa razón que “efectivamente se ve temor para dar las denuncias y definitivamente las cifras no son un reflejo de la realidad”.

Velásquez indica que medir las cifras “no sería el gestionar el número de denuncias, sino verificar las cifras de los indicadores psicosociales que deben subir obligatoriamente todas las empresas del sector privado y también hacer una evaluación en el sector público de cuál es el clima laboral”.

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De acuerdo con Velásquez, con lo que sí se va a poder ver lo que está ocurriendo es con el plan de equidad, que tanto el sector público como el privado deben subir hasta el 31 de julio en cumplimiento de la Ley de Economía Violeta. “Creo que ese va a ser de verdad un buen termómetro para hablar de cifras un poco más reales respecto del acoso laboral”, dice. (I)