En el año 2019 “Ecuador registró exportaciones de mineral de oro a China por valor de $ 76,7 millones. Sin embargo, las importaciones de mineral de oro ecuatoriano notificadas por China ese año ascendieron a $ 339,2 millones”, indica un informe del Departamento contra la Delincuencia Criminal de la Organización de Estados Americanos (OEA), hecho público por el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de un tuit. La diferencia de cifras levantó una de las alertas sobre el modus operandi del comercio ilícito de oro en Ecuador y el papel de la minería ilegal.

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A la par de la publicación de los datos, el organismo acaba de felicitar al Gobierno ecuatoriano por su declaración en contra de la minería ilegal al calificarla como una amenaza a la seguridad del Estado. Este departamento ha anunciado, además, su apoyo al Ecuador en este desafío que dice, es parte del proyecto integral para combatirlo.

En el informe titulado Tras el dinero del oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra la minería ilegal, se dan a conocer una serie de hallazgos que revelan el desarrollo de “una infraestructura ilícita robusta en Ecuador”.

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Se indica que entre 2015 y 2019 las exportaciones de mineral de oro de Ecuador aumentaron 27.604 % sobre la base del peso. Este crecimiento, a decir del departamento investigador, es anormal cuando se lo compara con el de los exportadores regionales con un sector minero mucho más grande que el de Ecuador.

Así, “en 2019, Ecuador exportó casi el cuádruple de oro que Colombia y Perú combinados. La gran mayoría de estas exportaciones se dirigieron a China, que recibió más del 99 % de las exportaciones de mineral de oro de Ecuador en 2019″, dice el informe. También hay una discrepancia notable y creciente en el valor notificado de exportaciones ($ 76,7 millones) vs. importaciones ($ 339,2 millones) de mineral de oro entre China y Ecuador.

Estas disparidades en los valores comerciales notificados y el aumento abrupto de las exportaciones de mineral de oro parecen indicar el uso de una nueva forma para la comercialización de oro ilícito de Ecuador, sentencia el documento.

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Las discrepancias entre importaciones y exportaciones y su relación con la exportación de oro ilícito no es un fenómeno nuevo. Un ejemplo de ello es el reporte de las exportaciones de oro a Estados Unidos que en 2014 fueron equivalentes a solo dos tercios del oro ecuatoriano que consta en los registros de importaciones de Estados Unidos. Sin embargo, estas discrepancias (dice el informe) han disminuido a raíz de la intensificación de la aplicación de la normativa y los controles del comercio del oro por las autoridades ecuatorianas, en particular en lo que se refiere al contrabando de oro de Perú.

Entre otras crudas afirmaciones, el informe indica que “hay empresas legales, como procesadores y comerciantes locales de oro, que están ampliando sus operaciones y vinculándose al comercio ilícito de oro”.

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Además, se sostiene que “la minería informal limitada, que los mineros artesanales y en pequeña escala practicaron en Ecuador durante años, está cambiando”. Y explica que en los últimos años han surgido en el país grupos más grandes y más organizados de mineros ilegales que tienen estrechos vínculos con la delincuencia organizada, y hay una presencia creciente de mineros extranjeros provenientes de Brasil, Venezuela y Perú.

En el informe se indica cuál sería la posible estructura del comercio ilícito en Ecuador, con base en relatos y entrevistas :

En la cúspide de la cadena están los financistas: grupos criminales o empresas fantasmas. El material extraído va a procesamiento en plantas locales en diversos pequeños municipios. El material procesado se vende a acopiadores nacional. Además hay material que ingresa de contrabando que también se procesa en plantas locales. Luego se entrega a refinerías internacionales.

Dentro del informe se señala como vulnerabilidades del país:

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  • Corrupción de los funcionarios a cargo del control.
  • Irregularidades en el otorgamiento de concesiones mineras.
  • Pobreza, migración y situación socioeconómica en general.
  • Recursos humanos, económicos y técnicos insuficientes para abordar el fenómeno de la minería informal e ilegal.

El informe también dice que el menor desarrollo del comercio ilícito de oro en Ecuador en comparación con otros países de la región ofrece al Gobierno grandes ventajas para combatir esta economía ilícita. Además destaca el éxito de las medidas contra el contrabando de oro proveniente de Perú a partir de 2015 y el desbaratamiento de la minería ilegal en Buenos Aires en 2019. Estos dos eventos “ponen de relieve una notable capacidad y el compromiso de hacer frente a este reto”.

Sin embargo, se han detectado algunas deficiencias importantes de la lucha contra el lavado de dinero. Estas son:

  • Coordinación inadecuada entre las autoridades nacionales de las fuerzas del orden.
  • Escasas facultades de la UAFE para imponer sanciones administrativas.
  • Insuficiencia de recursos de la Fiscalía.

Estas son, entre otras, las recomendaciones que hace el informe para Ecuador:

  • Asignar más recursos públicos, así como facultades para imponer sanciones, a las entidades de supervisión y de control aduanero, a fin de controlar las empresas no financieras vinculadas al sector del oro.
  • Estos recursos y medidas deberían aplicarse en particular a los procesadores de minerales, los exportadores de mineral de oro y las compañías de transporte de caudales, en vista de su historial de incumplimiento.
  • Es esencial también supervisar debidamente el sector de la pequeña minería y la minería artesanal, teniendo en cuenta su exposición a organizaciones delictivas y el papel central que desempeña en la minería ilegal.
  • Además, el Gobierno debería ampliar su presencia en zonas mineras alejadas y municipios donde se procesa y se comercia oro ilícito, así como en los cruces fronterizos próximos a focos de minería ilegal para combatir el contrabando internacional de minerales e insumos.
  • Por último, en las investigaciones del comercio ilícito de oro, las autoridades ecuatorianas deberían adoptar un enfoque más integral que abarque agentes situados en niveles más altos de la cadena de suministro, como financiadores, blanqueadores de capitales, exportadores y comerciantes de oro ilícito.

Esas medidas serán cruciales para complementar los esfuerzos del país encaminados a desarrollar el sector minero legal como motor del crecimiento económico y las inversiones, asegura el Departamento de la OEA.

En Ecuador se han presentado casos muy conflictivos como el de la actividad minera ilícita en Buenos Aires, en el sector de Imbabura y el de Yutzupino en Napo. En ambos casos se ha visto las secuelas de la minería ilegal. En este sentido, hace pocos días, cuando el Gobierno declaró a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado, la Cámara de Minería felicitó dicho pronunciamiento.

La presidenta de la Cámara de Minería, Eulalia Silva, había mencionado que para la minería formal e industrial a la cual representa la Cámara, si es un problema la minería ilegal. Entre otros motivos, por un tema reputacional. Explicó que por ejemplo los pasivos ambientales que deja la minería ilegal muchas veces son imputados a la minería responsable. Al ser consultada sobre la oposición del sector indígena a que el Estado defienda la minería legal, Silva dijo que es importante reflexionar sobre cómo queremos que los recursos sean explotados en el país: de una manera legal, reportable, trazable, o de manera ilegal. También invitó a estos sectores a reflexionar en que la minería ilegal es el verdadero enemigo.