En medio de la tensión por el próximo vencimiento de los contratos con las telefónicas Conecel (Claro) y Otecel (Movistar), la tarde del miércoles 19 de julio la Procuraduría General del Estado (PGE) determinó que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) puede resolver la prórroga del plazo de vigencia de los títulos habilitantes, entre ellos, los contratos de concesión.
El pronunciamiento de la PGE se dio como respuesta a una consulta hecha por la Arcotel el 3 de julio, en la cual se pidió aclarar la aplicación del artículo 46 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), que se refiere a la prescripción de los títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Al respecto, el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, indicó que la Agencia “tiene la atribución y el deber de adoptar las medidas administrativas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y los derechos de los usuarios, en todos los procedimientos cuya sustanciación y resolución le corresponde hasta su oportuna y motivada conclusión, incluidos por tanto aquellos que se hubieren iniciado por la solicitud de renovación de título habilitante”.
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Añadió que la decisión sobre la prórroga de los contratos quedará bajo “exclusiva responsabilidad” de la Arcotel, “como medida administrativa tendiente a asegurar la continuidad en la prestación del servicio y los derechos de los usuarios”.
La consulta surgió en vista de que no han podido culminar las negociaciones entre el Gobierno y las operadoras, ya que el 25 de mayo fueron suspendidas por la Arcotel por 120 días. El contrato con Claro vence el 26 de agosto, mientras que el de Movistar finaliza el 30 de noviembre.
La semana pasada, la ministras de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Vianna Maino, en declaraciones a Teleamazonas informó que el Gobierno aspira a concretar la firma de la concesión de los contratos con las dos empresas privadas de telefonía celular.
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Entonces dijo que el monto que paguen las compañías no deberá ser menor a lo que pagaron en primera instancia y aseguró que los usuarios no se quedarán sin servicio telefónico. Durante la entrevista, realizada el 12 de julio, anticipó que los contratos serán prorrogados.
El nuevo contrato que se suscriba tendrá una duración de quince años, indicó Maino. (I)
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