La obligación que existe en la Constitución de incrementar 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación hasta llegar al 6 % y también un 0,5 % para Salud, hasta alcanzar un 4 % del PIB, puso este año en aprietos al Gobierno, que tuvo que establecer dicho incremento en un rubro especial denominado “Bienes de larga duración (propiedad planta y equipo)”.

Es que dentro de la proforma presupuestaria, que debe ser tratada en la Asamblea Nacional en estos días, dicho rubro que se registra en el gasto sube de $ 584,57 millones en el codificado del 2023 a $ 3.340 millones, 471,5% más de un año para otro. Además el Gobierno emitió un decreto ejecutivo en el cual se establecía que por 2024 y 2025 estos gastos podrán ser financiados con ingresos no permanentes.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que en este rubro “bienes de larga duración” se está colocando el monto del incremento de educación y salud que dispone la Constitución. Se decidió colocarlo en ese ítem para tener un mejor control de esa asignación incremental.

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Además aseguró que esa asignación corresponde al cumplimiento de la Constitución y de la ley. Son $ 2.814 millones adicionales, explicó la cartera de Estado.

De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), estos $ 2.800 millones en gastos para bienes de larga duración que están relacionados directamente con un supuesto gasto para educación y salud no tienen una garantía de ser cumplidos.

Para Carrera, en este rubro se comprueba una vez que se usan criterios arbitrarios y que se busca decir que sí se está cumpliendo con el incremento constitucional para educación y salud. Lamentablemente ratifica que esta norma es inejecutable. Y por ello por más años que han pasado (desde el 2008) no se termina de completar dicho incremento. Al final del año, a veces se ejecuta menos o si se llegara a ejecutar la totalidad, no representa ningún incremento del PIB.

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Explica que el incremento de educación y salud frente al PIB no puede hacerse realidad si no se subsana primero el déficit fiscal y cuando haya sostenibilidad fiscal. Recuerda que el hecho de poner normativas inejecutables es una práctica populista. Por ejemplo, recuerda que en los años 80 se puso una norma que establecía que se le diera el 30 % para educación, pero nunca se cumplió: “lo mismo pasa ahora”.

La subsecretaria del Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Olga Núñez, ha dicho que el importante incremento de este año tiene que ver con dos factores. El primero, el incremento del 0,5 % que son $ 608 millones en cada caso ($ 1.216 millones en total) pero además hay que partir del presupuesto más alto que exista comparando el inicial con el codificado.

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Esto último por un tema de que en el 2022 se aprobó una ley denominada “de presupuestos incrementales” que obliga a buscar el rubro más alto para sumarle el incremento.

Para el ministerio es muy importante cumplir con los preceptos constitucionales y dar los recursos necesarios para educación y salud: “El único problema es que no cuenta con un financiamiento”, explica Núñez. Este rubro aumenta la rigidez del presupuesto. Adicionalmente, el incremento es una obligación sin considerar el escaso crecimiento de la economía del país, que este año está calculada en apenas 0,8%.

Temas como este y otras críticas hicieron que ni la Comisión de Régimen Económico que estaba tratando la propuesta no la haya podido aprobar. En los próximos días está previsto que la Comisión entregue un informe de posturas sobre la proforma que será tratada en el pleno. Si no existieran los votos para la aprobación, la proforma entraría por el ministerio de la ley, exactamente 30 días después de su presentación, es decir el 21 de marzo.

Pese a las complicaciones de liquidez, el Gobierno ha logrado calmar a los mercados y bajar el indicador de riesgo país que hasta el 4 de marzo se encontraba en 1.321 puntos, unos 700 puntos menos que los registrados en diciembre y enero cuando el score había superado los 2.000 puntos.

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