El militar Mario Fabián R. E. fue sentenciado a 16 años de prisión como responsable del delito de asesinato.

El hecho se registró el 26 de noviembre de 1990, cuando la víctima conducía su vehículo acompañada de su hijo de 12 años. La camioneta perdió los frenos a un kilómetro del retén militar de Tufiño.

Entonces, al no poder frenar, se chocó contra el muro y continuó descarrillado.

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El entonces subteniente Mario R. disparó contra la camioneta que se alejaba del sitio. Luego, el automotor recibió varios disparos y uno de ellos terminó con la vida de Gilberto T.

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Sin embargo, luego de cometer el delito, el militar fue sometido a un proceso ante una corte militar, aunque en la investigación no se recabaron testimonios ni pericias del sitio.

Entonces, como no se encontraron las pruebas necesarias, Mario R. fue liberado de la pena y de la indemnización a la familia de la víctima.

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En el 2011, la Fiscalía General del Estado reanudó la investigación del hecho.

Pero, luego de 33 años de este delito, la Fiscalía de Derechos Humanos presentó este caso como “cosa juzgada fraudulenta”.

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Posteriormente, los jueces decidieron que este delito sería dirigido a la ejecución extrajudicial, es decir, como una grave violación a los derechos humanos.

La Fiscalía de Derechos Humanos en la audiencia presentó como elementos de convicción testigos directos e indirectos, documentación recuperada en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y del Ministerio de Defensa respecto a las características del arma de guerra con la que se privó de vida a la víctima.

También presentó el tipo de arma que provocó el deceso de Gilberto T. y armas de fuego por parte de funcionarios encargados de cumplir la ley.

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Además, expuso sobre el uso excesivo de la fuerza, que es considerado como una violación a los derechos humanos y cosa juzgada fraudulenta.

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El tribunal acogió las pruebas presentadas y sentenció a 16 años de reclusión a Mario Fabián R. E. Además, el procesado deberá pedir disculpas a la familia de la víctima y colocar una placa en el control fronterizo del destacamento militar Tufiño.

Asimismo, la familia del afectado deberá asistir a terapia psicológica en la Red de Salud Pública.

También, el procesado deberá cancelar 90.000 dólares a los familiares de la víctima como reparación integral. (I)