Reclamo de proveedor, por calificación y selección de consorcio, empaña contrato de salud para trabajadores petroleros valorado en $ 6,9 millones

No solo la queja presentada por los trabajadores petroleros empaña el nuevo contrato de chequeos médicos ocupacionales, publicado por la Empresa Pública Petroecuador y valorado en $ 6,9 millones. La dirigencia sindical, que agrupa a 10.115 colaboradores, reclamó a mediados de mayo pasado, ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), porque el nuevo servicio de salud no incluye programas de prevención, diagnóstico y actividades para mitigar los riesgos laborales, tal como señala el Decreto 255 del presidente Daniel Noboa.

A esta queja se sumó la que presentó este jueves 27 de junio de 2024 una proveedora que participaba en la licitación que lleva a cabo Petroecuador para la selección del nuevo contratista. En una carta dirigida al Sercop, Narcisa Mendoza Tuárez, en calidad de oferente en el proceso de contratación, presentó un reclamo por la calificación que le otorgó Petroecuador a su propuesta y solicitó la recalificación de su carpeta y documentación.

En la comunicación, Mendoza enlistó las diez observaciones realizadas por Petroecuador y enumeró detalladamente que en todos los casos los documentos habían sido enviados a la empresa pública. En las observaciones, por ejemplo, se señaló que Mendoza no había presentado los datos generales, a lo que ella respondió que estos “se encuentran en la página 5 y 6 de la oferta firmada en PDF y adjunta como archivo en el sistema Ushay”.

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Otra de las observaciones, por las cuales su propuesta fue rechazada por Petroecuador, fue no haber presentado los componentes de los bienes y servicios ofertados. Mendoza contestó que esta información “se encuentra en la página 9 a la 15 de la oferta firmada en PDF”.

Asimismo, Mendoza señaló que Petroecuador no consideró la carta de compromiso de participación de los 53 profesionales médicos, tampoco las unidades móviles de salud ni la información relacionada con su patrimonio, su experiencia general y específica, el personal mínimo o el equipo que respalda su participación en el concurso.

“Se solicita la recalificación de la oferta presentada por mi persona, Mendoza Tuárez Narcisa Lourdes, ya que se evidencia que no se han tomado en cuenta varios documentos”, señaló en su comunicado al Sercop. “Adicional, se insta a considerar que al ser persona natural, no obligada a llevar contabilidad, estaría categorizada como microempresa”, agregó la proveedora.

La EP Petroecuador inició el pasado 30 de abril el proceso para la contratación del “Servicio Integral Ocupacional de Prevención y Diagnóstico con exámenes y valoraciones de especialidad para funcionarios de EP Petroecuador”. Esta compra, valorada en $ 6,9 millones y con un plazo de 730 días (dos años), tenía previsto adjudicarse el 17 de junio. Sin embargo, la adquisición aún se encuentra pendiente en el Sercop, donde consta en el estado ‘por adjudicar’.

Objeción a consorcio declarado como ganador

En la licitación para contratar el servicio de chequeos médicos ocupacionales participaron cinco oferentes, según los registros del Sercop. Entre ellos, además de Narcisa Mendoza, las empresas Biodimed S. A. y Laboratorio Clínico Ecuaamerican Lab. Cía. Ltda. También presentaron ofertas dos consorcios: Biolaboratorio Alfalab y Segurilab.

De los cinco oferentes, cuatro fueron descalificados porque, según Petroecuador, no cumplían con algunos de los criterios de evaluación. El único participante que superó la etapa de evaluación de ofertas fue el Consorcio Segurilab, que –señaló Petroecuador- “cumple con los requisitos mínimos establecidos en el pliego y obtuvo un puntaje de 78,61 puntos”.

Por ello, Petroecuador recomendó “adjudicar la contratación al Consorcio Segurilab, por un valor de $ 6′978.885 y un plazo de ejecución de 730 días, contados a partir de la fecha que se haga constar en el acta de inicio de servicio”. Así señala el informe de la Comisión Técnica de Contratación, conformada por los funcionarios de Petroecuador Fernando Gavilánez, Pedro Briones, Hugo Gallegos y María Alejandra Villacrés.

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No obstante, la misma proveedora que reclamó por su calificación también impugnó la selección del Consorcio Segurilab. “En la calificación y evaluación de participantes se declara ganador al Consorcio Segurilab, mismo que está conformado entre sus participantes por Servicios Integrados de Salud Alsalem & Asociados Alsalemcomp Cía. Ltda. De los cuales, uno de los representantes legales y accionista es Alarcón Salem Teodoro, quien tiene deudas pendientes de prediales y patente del Municipio de Quito a la fecha, lo cual debería ser parte de las inhabilidades por mora”, señaló Narcisa Mendoza.

Dentro de su queja, Mendoza incluyó una captura tomada el pasado martes 25 de junio del portal de impuestos prediales del Municipio de Quito en la que argumenta su reclamo. “Si bien es cierto, es responsabilidad de la autoridad contratante esta revisión, al parecer no se ha dado, razón por la cual hago la notificación”, señala la denunciante.

También citó el artículo 62 de la Ley de Contratación Pública, que menciona las inhabilidades generales para celebrar contratos con el Estado, entre ellas señala el numeral 6, a los deudores morosos del Estado o sus instituciones.

El Consorcio Segurilab está formado por tres empresas: MysGroup S. A., Servicios Integrados de Salud Alsalem & Asociados Cía. Ltda. y el Centro de Informes Radiológicos S. A. (Ceinradsa). En la primera firma figura como representante legal Jaime Castillo, quien fue administrador de Alsalem & Asociados, la segunda integrante del consorcio. La tercera integrante con que se completó el consorcio fue Ceinradsa, un centro de imágenes y servicios de rayos X.

En conjunto, las tres empresas ganadoras del contrato de $ 6,9 millones sumaron en 2023 ingresos por unos $ 4 millones. MysGroup registró $ 1′558.458; Alsalem, $ 336.818; y, Ceinradsa, $ 2′204.830. Las tres suman un capital de 100.800 acciones. (I)