El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, ingresó en su décimo segundo día de presentación de la prueba pericial y testimonial con la que busca probar en audiencia de juzgamiento la responsabilidad que mantendrían en el delito de peculado ocurrido en la compra de 100.000 pruebas para la detección de COVID-19, realizada por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, el ahora exalcalde de la capital, Jorge Yunda, y trece personas.

La mañana de este viernes, la diligencia arrancó a las 09:30 con la presentación del testigo número 40 de los 61 que ha anunciado que utilizaría el fiscal Santillán para confirmar la existencia de un delito que, para la Fiscalía, produjo un perjuicio para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que bordearía los $ 2,2 millones.

La jornada del jueves último terminó con la presentación de dos peritos y tres testigos, entre ellos, los concejales Luz Elena Coloma y Fernando Morales. Este último destacó, bajo juramento ante el Tribunal presidido por el juez Wilson Lema, que el entonces alcalde Yunda hablaba de la compra de 200.000 pruebas “que tenían la mejor tecnología del mundo”, pero que finalmente solo fueron traídas a Quito 100.000 pruebas.

Con testigos y testimonios anticipados, entre otras pruebas, la Fiscalía busca probar peculado en compra de test para detectar coronavirus en administración de Jorge Yunda

Recordó Morales que luego de la suscripción del contrato para la adquisición de los kits conocieron que la empresa OneLab firmó un contrato con Salumed S.A. para el procesamiento de 50.000 pruebas por un valor de $ 12.000. Esa situación, sostuvo el concejal, no se aclaró en las sesiones del Concejo Metropolitano y agregó que el entonces alcalde Yunda quiso confundir a la ciudadanía sobre los informes que avalaban la especificidad de las pruebas adquiridas.

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Por su parte, la concejal Coloma dio a conocer las dudas que le generó el contrato con Salumed por supuestas irregularidades y por las que envió dos cartas a la Secretaría de Salud del DMQ, al entonces alcalde Yunda y a la Corporación Quito Honesto.

Esta funcionaria contó en la sala que en los primeros meses del 2020 conoció un informe de la Subsecretaría de Salud de México, en el que se mencionaba el nombre específico de las pruebas adquiridas por el Municipio de Quito. Ante ello solicitó información a una familiar con formación científica, la cual le dijo que las pruebas no son “RT-PCR, sino que son Lamp” y que únicamente pueden ser efectivas “con cargas virales altas”.

Según la Fiscalía, esa inquietud le hizo conocer Coloma a quien estaba a cargo de la coordinación técnica de la Secretaría de Salud del DMQ, Linda Guamán, quien también es una de las 14 personas procesadas. Ella le habría señalado a la concejala que las pruebas “no son PCR” y que les dicen así “para que la gente entienda”.

QUITO (29-09-2021).- Momentos en que el alcalde de Quito,  Jorge Yunda, llega al Complejo Judicial Norte para la audiencia. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

En días anteriores, en la diligencia participaron peritos que extrajeron información de correos electrónicos enviados entre los procesados. En uno de los 21 correos electrónicos periciados y en los que se dejaba ver la necesidad del requerimiento del Municipio de Quito para obtener estas pruebas para detectar COVID-19, se habría evidenciado una oferta que generaba mucha más confianza entre los funcionarios, pues la empresa Salumed, con la que se firmó este contrato, ofrecía una tecnología reciente y no se podía dar fe de la sensibilidad de estas.

La mañana de este viernes fue llamada a rendir testimonio en la audiencia la directora del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Lucy Baldeón. La experta en enfermedades infecciosas explicó que el Municipio de Quito, durante la etapa más crítica de la pandemia, les entregó cerca de 11.900 kits de RT Lamp Isopollo y 11.700 kits de extracción de ARN, como parte de un convenio suscrito en abril del 2020 con el entonces secretario de Salud del DMQ, Lenín Mantilla, también procesado.

La directora indicó que cuando recibieron las pruebas les llamó la atención que estas no tenían un control interno de campo, lo que hizo que no se pueda determinar si el virus estuvo presente en las pruebas. Eso obligó, apuntó Baldeón, a que ellos añadieran un control de campo externo para mejorar el kit entregado.

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La directora del Instituto de Biomedicina de la UCE afirmó que desde el Municipio le indicaron que las pruebas RT Lamp Isopollo mejoraban el tiempo de diagnóstico, pero cuando se hizo la estandarización confirmaron que se debía aplicar dos veces una técnica a la misma prueba, lo que habría generado un gasto de insumos y tiempo. Según Baldeón, la técnica RT Lamp no aventajaba a la PCR en tiempo de detección de COVID-19.

A Bolaños le siguió el testimonio del periodista Fausto Yépez. Él señaló, la tarde de este viernes, que el medio en el que trabaja realizó notas de investigación respecto a los procesos de contratación pública que se hicieron en el contexto de la emergencia sanitaria que vivió el país.

Afirmó que luego de la verificación realizada a la documentación entregada al medio por fuentes humanas se detectaron posibles incumplimientos en el objeto contractual por parte de la empresa contratista. Mencionó que dentro del proceso de construcción de la nota periodística se contactó con el entonces alcalde Yunda y él le dijo dentro de una entrevista que las pruebas adquiridas son la mejores PCR.

La Fiscalía emitió un dictamen acusatorio contra los 14 procesados, pero en diferentes grados de participación. A Yunda lo acusó como autor mediato; como autores directos de peculado fueron acusados Lenín Mantilla y Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S. A. Ambos se mantienen prófugos de la justicia.

Jorge Yunda asegura no haber cometido peculado en inicio de audiencia de juicio por compra de pruebas para detectar coronavirus

Once personas fueron acusadas como coautoras, entre ellas, Ximena Abarca, exsecretaria de Salud; Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud; Daysi H., Jessica C., Erick A., Marco R., Simón V., Enrique B., Diego S., Iván M. y José M.

Según la Fiscalía, en lugar de las pruebas PCR-Polimerasa, la Secretaría de Salud del Municipio capitalino habría recibido pruebas de diagnóstico RT Lamp, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato. Es decir, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas y, aun así, fueron aceptadas por la Secretaría de Salud.

La teoría de Fiscalía se completa con que se habría escogido a Salumed a pesar de que tenían otras propuestas que ofrecían cubrir los requerimientos que, en el marco de la emergencia sanitaria, tenía el cabildo, entre estos, la adquisición de 200.000 kits para detección de COVID-19 por PCR–Polimerasa y a un mejor precio.

La audiencia de juicio continúa y se estima que la próxima semana la Fiscalía termine con la presentación de su prueba pericial, testimonial y documental. Inmediatamente vendrá el turno de la acusación particular y luego participarán las defensas de los procesados. El turno de presentación de las pruebas para contradecir lo dicho por la Fiscalía y la acusación particular sería el mismo en el que se está dando el contrainterrogatorio, es decir, empezaría con la defensa del exalcalde Jorge Yunda.

Con los tres testimonios que se dieron en esta jornada número doce, la Fiscalía completó 43 testigos y peritos usados en esta fase de la audiencia de juzgamiento. El Tribunal Penal de Pichincha decidió suspender la diligencia la tarde de este viernes y se convocó para el lunes 18 de octubre próximo para reinstalarla a las 09:00 en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en Quito. (I)