El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica emitió un informe sobre dos inspecciones que realizó al relleno sanitario El Inga, en la parroquia de Pifo, en el nororiente de Quito. En este documento concluye que no se cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa ambiental.

Según Fernando Moya, director zonal del Ministerio del Ambiente, esta es la segunda ocasión que el relleno sanitario enfrenta un proceso administrativo. El primero se inició en el 2017 y agotó sus instancias en el 2020. “Actualmente se encuentra en proceso de cobro, en este caso la multa que deben pagar es de 20.000 dólares”, detalló.

Las inspecciones que se realizaron el 12 y 29 de julio de 2021 desprenden una lista de observaciones. Esto, como parte del monitoreo a un plan de acción presentado por la Empresa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) que fue aprobado por esta cartera de Estado, la que ahora encuentra los incumplimientos.

Entre las observaciones principales que concluye el Ministerio del Ambiente están las siguientes:

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  • Disposición de material de recubrimiento que se encuentra fuera del área aprobada en el cubeto 10 (excavación que construyeron en el sector norte del relleno para la disposición de la basura).
  • Fuertes olores en las áreas internas y externas del relleno sanitario.
  • No informaron sobre la creación de una nueva piscina de lixiviados que no estaba aprobada en el plan de acción.
  • Los medidores de caudales de las piscinas de lixiviados no se encontraban.

Además, en la inspección que realizaron en la madrugada del 29 y 30 de julio encontraron la presunta descarga de lixiviado (líquido que sale de los residuos sólidos con componente tóxico) en la cuneta de un camino del relleno sanitario.

“Seguimos esto, era de coloración obscura, había espuma que evidenciaba algún tipo de descarga, seguimos esta cuneta hasta que llegamos a un tubo que estaba dirigido hacia una quebrada que daba al río El Inga”, argumentó Moya.

Sin embargo, puntualizó que la empresa tendrá que probar si fue una descarga de lixiviado o no ya que solo tienen evidencia de una descarga, pero no confirmaron si fue este agente tóxico.

Por su parte, Gabriela Dávila, gerenta de la Emgirs, cuestionó la visita sorpresa realizada por los funcionarios, sin previo aviso y sin los técnicos de Emgirs.

En una presentación del informe ante el Concejo Metropolitano de Quito, el jueves 26 de agosto, Dávila dijo que se violentaron las medidas de seguridad del relleno sanitario, no se cumplieron los protocolos de seguridad y que la autoridad ambiental permitió el ingreso de moradores de la comunidad y actores políticos.

“No se tomaron muestras técnicas, no podremos determinar si efectivamente fue agua, fue lodo, fue lixiviado o qué fue lo que se vio en esa inspección”, aseveró.

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La gerenta también mencionó que no recibió la notificación formal del informe hasta el miércoles 25 de agosto. Desde esta fecha cuenta con el término de diez días para presentar sus pruebas de descargo. “Si no hay plena satisfacción (de sus pruebas de descargo), la autoridad ambiental me deberá pedir que genere un plan de acción”, agregó.

Esto desmintió el concejal René Bedón, de Unión Ecuatoriana, quien dijo que ya existe un plan de acción y justamente la inspección fue sobre el mismo. “Del plan de acción ya no salen observaciones, salen incumplimientos”, señaló.

Sobre el tema de la inspección sorpresa, varios ediles coincidieron en que no requería un aviso previo, “la autoridad ambiental tiene la facultad de hacerlo”, expresaron los concejales.

El proceso administrativo se inició este miércoles, según el Ministerio del Ambiente, ahí se argumenta que los incumplimientos presentados en el informe corresponden al artículo 317, numerales 15 y 16 del Código Orgánico del Ambiente.

Este artículo califica de Infracciones graves.

15. El no contar con la autorización administrativa cuando se tiene la obligación de obtenerla para la gestión de sustancias químicas peligrosas y la generación de desechos peligrosos.

16. El incumplimiento del plan de manejo ambiental en el cual no se hayan aplicado los correctivos ordenados por la Autoridad Ambiental Competente.

Para estas infracciones el código establece una sanción de suspensión temporal de la actividad o del aval oficial de actuación; revocatoria de la autorización, terminación del contrato o una sanción económica.

Comunidades afectadas

Sobre la contaminación del río El Inga, Gabriela Dávila acusó que el agua que llega al relleno sanitario ya está contaminada, las causantes de la contaminación serían “otras industrias que se encuentran río arriba”.

También declaró que este problema nace por el presunto descontento de los presidentes de las comunidades tras un informe de Contraloría General del Estado que recomienda cambiar el modo de pago de una compensación económica que se destina a los habitantes aledaños al relleno sanitario El Inga.

“Antes se realizaba por transferencia directa, y ahora se pide que sea por un sistema de contratación pública”, explicó Dávila. También dijo que la empresa no presentó ninguna objeción y que las comunidades deben acatar lo recomendado por este organismo de control.

Ante esto el concejal Fernando Morales, de Concertación, manifestó que la propia Emgirs debería facilitar las opciones para que las compensaciones lleguen a las comunidades afectadas por el impacto ambiental del relleno sanitario.

“La señora gerenta no nos da oídos, los presidentes denunciamos al Ministerio del Ambiente porque estamos inquietos con la salud de nuestros seres humanos, por eso le cayeron en la madrugada”, expresó Leonel Ramírez, presidente de la comunidad Inga Bajo. (I)