Una nueva acción de protección con medida cautelar plantearon este viernes, 19 de julio, las autoridades de la Universidad Central del Ecuador en la Función Judicial.
En esta ocasión lo hicieron en contra de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Consejo de Educación Superior pide que caso Universidad Central pase a Corte Provincial de Justicia
Lo hicieron once días después de que el Consejo de Educación Superior (CES) resolviera -con un informe de la Senescyt- que se deben realizar nuevas elecciones.
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Esa misma resolución ya la tomó hace dos meses el CES, pero las autoridades de la Central interpusieron una primera acción de protección que fue aceptada con lo que las elecciones, convocadas en primera instancia, no se efectuaron.
En mayo se había dispuesto que, en el término no mayor a 30 días, se convoque a nuevas elecciones para elegir a sus autoridades para el periodo 2024-2029, es decir, rector, vicerrector académico y de posgrado, vicerrector de investigación, doctorado e investigación, y vicerrector administrativo-financiero. El pasado 8 de julio se adoptó la misma decisión.
El primer caso irá a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, donde se analizarán las apelaciones que presentaron una vez que ya fue remitido el pasado miércoles, 17, y hay la posibilidad de que también llegue a la Corte Constitucional (CC), pues la defensa técnica de la Universidad Central alega que ha habido incumplimiento de la sentencia de primera instancia resuelta por la jueza Lorena Figueroa.
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Estos hechos se dan en medio de una convocatoria de la máxima instancia de la Universidad Central del Ecuador que es el Consejo Universitario.
El denominado Consejo Universitario está integrado por unas 60 personas, entre decanos, representantes de docentes, estudiantes, de los trabajadores.
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Este viernes tenía prevista una reunión, en una sesión ordinaria, pero en la que no se iba a analizar lo resuelto por el CES.
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Un grupo de 22 integrantes pidió que se convoque a una sesión extraordinaria para el miércoles 24 de julio, a las 09:00, a fin de cumplir con la resolución del CES del 8 de julio.
Uno de los integrantes del Consejo Directivo consideró que si no se acata lo resuelto, en el plazo dado, hay el riesgo de que exista una intervención de la universidad, lo que supondría el retiro su autonomía.
Tras el sorteo de ley, la acción de protección recayó en la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes de Quito a cargo del juez Nelson Goyes. (I)
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