Los denunciantes de presunta infracción electoral contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, recusaron a uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), pleno del organismo que decidirá sobre las apelaciones presentadas al fallo de primera instancia del 8 de marzo pasado.

Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, y Mónica Jaramillo son los denunciantes de Muñoz.

Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, deberá pagar una multa de $ 9.200 por infracción electoral, pero no será destituido

Un fallo de primera instancia del juez Joaquín Viteri declaró a Muñoz responsable de una infracción electoral grave.

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La decisión incluye una multa de $ 9.200, así como la obligación de ofrecer disculpas públicas en su programa de informe semanal que se transmite los días lunes.

La infracción por la que se sentenció al alcalde está tipificada en el numeral 3 del artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República de Ecuador, Código de la Democracia.

El argumento que presentaron los denunciantes fue que el alcalde, como servidor público, en el ejercicio de sus funciones, no podía inducir al voto a favor de una tendencia política.

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Pabel Muñoz, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, después de su presentación del informe semanal, en el mercado Santa Clara, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Según Guarderas, Muñoz apareció en spots electorales en las redes sociales promoviendo obras para la ciudad junto con la entonces candidata a la Presidencia por Revolución Ciudadana (RC), Luisa González.

Jaramillo había anunciado que si el pleno lo integra el juez Richard González lo recusarían porque a su criterio hay una enemistad manifiesta con Guarderas.

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Explicó que antes de resolver sobre las apelaciones presentadas se debe resolver sobre la recusación interpuesta.

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Una vez que eso se resuelva, el pleno del TCE analizará las argumentaciones presentadas.

Guarderas y Jaramillo, en su apelación al fallo de Viteri, plantearon que haya una sanción más coercitiva para el funcionario, es decir, la suspensión de sus derechos de participación y la destitución de Muñoz como alcalde.

En tanto que Muñoz solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y que se deseche la denuncia que había sido presentada. Además que los denunciantes presenten disculpas públicas.

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El alcalde ha manifestado que no ha violentado en ningún momento el marco electoral. (I)