Familiares de pacientes renales se concentraron este miércoles, 28 de agosto, en los exteriores de la Corte Constitucional (CC), en el norte de Quito, para reclamar el incumplimiento de una sentencia de 2020 a favor de las dializadoras.
Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, señaló que el único pago que han recibido del Gobierno es de diciembre de 2023, por $ 13 millones y $ 6 millones de valores objetados. No hay pagos por junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023, ni por lo que va de 2024.
Esto, agregó, está generando una acumulación de la deuda, debido a que se termina agosto y se vuelve a incrementar a más de $ 150 millones.
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Ellos esperaban que se les cancelara al menos tres facturas por un valor de $ 34 millones.
Freire sostuvo que también acudieron a la CC para interponer nuevas demandas por el incumplimiento de la sentencia que estableció la obligatoriedad de un plan de pagos, el cual no se ha cumplido.
La deuda con el Ministerio de Salud Pública (MSP) es de más de $ 140 millones por trece meses de unas 17.000 personas.
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Con el IESS, la deuda está en proceso de auditoría, esta supera los $ 95 millones y corresponde a más de 8.000 afiliados.
La vocera indicó que la atención a los pacientes está al 50 % debido a que han pagado a proveedores, personal, moras patronales e impuestos.
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En el plantón estuvo María Figueroa, quien contó que su esposo desde hace dos años se hace un tratamiento.
Actualmente, agregó, recibe dos diálisis cuando se requieren tres semanales. Además, ellos deben adquirir los insumos.
Pidió al Gobierno que cancelara las deudas.
Luis Serrano, médico nefrólogo y gerente de una dializadora de Guayaquil, mencionó que siempre ha habido retrasos en los pagos de cuatro o cinco meses, pero la deuda acumulada es de trece meses.
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En la CC se pidió que ambas entidades estatales entreguen un cronograma de pagos. (I)
