Aunque su abogado afirma no saber que ha salido del país y supone que está aquí, lo último que se sabe, oficialmente, de Sebastián Yunda Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, es que el 21 de marzo pasado, hace seis meses, salió de Ecuador desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en un vuelo de la aerolínea Copa con destino a Panamá.

El hijo del alcalde es fundador de la banda musical 4AM dedicada al pop urbano. Al igual que su padre, en 1989 en el grupo Sahiro, Sebastián toca el bajo y hace coros en la agrupación quiteña conformada por cuatro personas y fundada en 2014, según un portal para contratarlos.

“Sebas4AM” es lo que justamente consta en el perfil del teléfono celular periciado de Sebastián Yunda y en el que se ubicó la información que investiga ahora la Fiscalía.

Sebastián en mayo pasado cumplió 29 años, es el mayor de dos hijos que tiene Jorge Yunda y aunque ahora está en la clandestinidad, hasta hace unos años le decía a un medio digital que su idea era despuntar internacionalmente con 4AM, tocar en el Madison Square Garden, en Estados Unidos, o en escenarios de Europa.

“Tengo una visión muy amplia”, respondía a la pregunta que le hacía el portal Tiempo Libre sobre qué es lo que esperaba lograr con su banda.

Sebastián Yunda registró en los documentos de migración que su estadía en Panamá sería por “tiempo indefinido”.

Salió del país diez días después de que la Fiscalía, el pasado 11 de marzo, allanó la casa de su padre, como parte de la instrucción fiscal por supuesto peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19, realizada por la Secretaría de Salud.

En esta investigación, Jorge Yunda y trece personas más, entre exfuncionarios municipales y privados, enfrentarán una audiencia de juicio el 29 de septiembre próximo, en la Corte de Justicia de Pichincha.

Un celular, la punta del ovillo

En el allanamiento a la casa del alcalde se incautó el teléfono celular de Sebastián, su hijo mayor. El equipo fue sometido a peritaje inmediatamente y el 19 de marzo fue emitido el informe sobre su contenido al fiscal de Pichincha, Alberto Santillán.

Un total de 383 páginas contiene el informe pericial que no solo incluye análisis al teléfono celular de Yunda hijo, sino también al del padre y cinco dispositivos más.

Jorge Yunda se mantiene en la alcaldía en medio de investigaciones previas, denuncias y un llamado a juicio por peculado con casi 100 días sin fecha para audiencia

El fiscal buscaba información sobre el caso por peculado de Jorge Yunda, pero encontró chats de WhatsApp que le hicieron sospechar de otros posibles delitos en los que estaría involucrado Sebastián Yunda.

Ante ello, el 30 de marzo, Santillán remitió tres informes periciales a la fiscal general, Diana Salazar, para que “en su calidad de máxima autoridad institucional” determine el inicio de investigaciones, pues se identificaron conversaciones por chats que “conllevarían conductas penalmente relevantes que pondrían en riesgo o lesionarían bienes jurídicos protegidos”.

El primer informe estaba directamente relacionado con el teléfono de Sebastián Yunda, en el cual se encontró información de índole judicial y de probables negociados en obras municipales con empresas nacionales y extranjeras, así como conversaciones sobre el cambio de autoridades de instituciones municipales y la ubicación de personas en cargos en el Municipio de Quito.

Jorge Yunda: solo respondo por mis actos

La posible existencia de actos de corrupción puso a Sebastián Yunda en la mira y, el 1 de abril el fiscal Santillán abrió una investigación previa -que es reservada- por el delito de delincuencia organizada, en la que el músico era el principal sospechoso.

La Fiscalía pidió que se lo busque y se le notifique del inicio de esta etapa de investigación, con el fin de que se defienda.

“Como padre, confío en el actuar de mi hijo y, más allá de eso, legalmente, deberá probarse que los presuntos chats que circulan son reales”, dijo en ese entonces Jorge Yunda, al ser consultado respecto de las sospechas de corrupción en contra de su hijo.

Dos días antes de que se notifique el inicio de la investigación previa por delincuencia organizada, el alcalde aseguró que tomó “decisiones firmes” con aquellos funcionarios que “desobedecieron” su instrucción de que ningún familiar suyo debía tener contacto, por llamadas o mensajes, con funcionarios municipales. “He dispuesto la inmediata separación de sus cargos sin que signifique que se haya comprobado alguna irregularidad”, dijo.

El 27 de marzo Jorge Yunda ordenó que se separe del cargo a Cinthya Puga, jefa de despacho; a Christian Acaro, del despacho; y a Carlos Poma, director de Informática. Al mismo tiempo, aceptó la renuncia de Diego Jara, quien se desempeñaba como secretario de Cultura del Municipio. Algunos de ellos nombrados en los chats del teléfono de Sebastián.

Días después, el alcalde señaló que respondería únicamente por sus actos y no por los de gerentes, secretarios o familiares. No obstante, afirmó que su hijo no era un prófugo de la justicia, pues sobre él no existía ninguna orden de prisión (lo que había era el pedido de Fiscalía para que se lo ubique, detenga y rinda versión, dentro del proceso de investigación).

“Él (Sebastián Yunda) cometió un error gravísimo, terrible que me ha dolido tanto, que es conversar, chatear con funcionarios que fueron separados de mi administración por desobedecer mis órdenes. Les tenía prohibido contestar a un familiar y no lo hicieron y por ello fueron separados. Él (Sebastián) es mayor de edad (y) tendrá que responder ante cualquier situación de esas”, mencionó Jorge Yunda.

Allanamientos y vínculos con empresarios

Seis meses después de las pericias al celular de Sebastián Yunda, la madrugada del 2 de septiembre, la información hallada en ese teléfono dio pie a 18 allanamientos simultáneos en Quito y Guayaquil.

En esos allanamientos se detuvo a Christian Hernández, exasesor de Jorge Yunda; a Cinthya Puga, que para entonces había dejado de ser la jefa del despacho del alcalde; a Adrián Haro, gerente de la Empresa Metropolitana de Seguridad; a Pamela Novoa, relacionada con la organización y promoción de eventos; y los empresarios Nancy Gaybor y su esposo el chino-ecuatoriano Yinlong Wang.

Los seis fueron detenidos, pero la Policía tenía órdenes judiciales para detener a ocho personas. Los dos que faltaban: Sebastián Yunda y su tío materno, César Yunda Pancho, quien es nombrado en los chats al haber asistido a reuniones con empresarios, al haber ido a lugares en los que se buscaba concretar negociados.

Los delitos por los que se les requería a estas ocho personas eran asociación ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado.

En uno de los operativos, en la Fiscalía corrió el rumor de que Sebastián había estado en una vivienda que fue allanada, pero que, al ser alertado, huyó antes de que llegaran los agentes. Si esta información fuese real, algo que la Fiscalía no descarta, es que el músico pudo entrar al país de forma irregular, pues no existe un registro oficial, en papeles, de su retorno a Ecuador.

Durante los allanamientos simultáneos del 2 de septiembre pasado, la Fiscalía llegó a las oficinas de la empresa Geinco, en Quito, y hasta la casa de uno de sus directivos. En la incursión se incautó un computador y se llevó documentación, pero ni a la empresa o a sus directivos se les formularon cargos en la audiencia que se dio más adelante por asociación ilícita.

Más de 20 elementos contra los procesados

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Mónica Tirado, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, expuso más de 20 elementos de convicción contra los seis procesados. Se incluyeron los indicios recabados durante los 19 allanamientos, reportes telefónicos y, como elemento principal, los chats de WhatsApp del hijo del alcalde.

Para la Fiscalía, los seis procesados mantuvieron diálogos sospechosos con Sebastián Yunda, quien, por ejemplo, según los chats, pedía a la entonces jefa del despacho de la Alcaldía que le envíe no solo la agenda diaria de las actividades de su papá, sino también que lo incluyan en actividades oficiales y que le agenden citas para tratar con empresarios temas de cámaras de seguridad o buses eléctricos para la ciudad, asuntos que competen únicamente a funcionarios del Municipio.

Yo defenderé por mis actos, yo defenderé por mis propias actuaciones ante el pueblo de Quito”.

Jorge Yunda, alcalde de Quito.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que la fiscal Tirado también estaría tras las transferencias que aparecen en los chats, donde se pueden ver fotos de dos depósitos, que suman $ 20.000 y que aparecen en medio de las conversaciones de Yunda con “Dalog” o “Papá Dalong”. Este apodo correspondería, según las investigaciones, al empresario Yinlong Wang. Los depósitos aparecen a nombre de Pamela Novoa.

Una de las hipótesis de la Fiscalía es que esos dineros tenían como beneficiario final, a través de terceros, a Sebastián Yunda, por las negociaciones realizadas.

El contenido de los chats muestra que el hijo del alcalde también buscaba a empresarios chinos para incursionar en otras áreas, como la hotelera y la construcción. Todo esto en predios o proyectos municipales.

Pedido de vinculación al ‘tío Cesario’

El 3 de septiembre, apenas terminó la audiencia de formulación de cargos contra los seis procesados por asociación ilícita, el primer reparo de la mayoría de los abogados de los acusados fue ¿por qué si el caso nacía de los chats de Sebastián Yunda, este no había sido incluido en la audiencia para ser procesado?

Luego de la primera versión que rindió Cinthya Puga, su defensor, David Meza (que también es abogado de Jorge Yunda), señaló que su cliente era “una coordinadora de agendas”, que entregó la agenda del alcalde a su hijo por pedido del propio Sebastián Yunda.

Aclaró que el uso que Sebastián le haya dado a la información facilitada “es de su entera responsabilidad”.

Christian Hernández, exasesor del alcalde Jorge Yunda, asegura que no conoce los ‘supuestos chats’ por los que se le procesa por asociación ilícita

En primera instancia, Christian Hernández, al ser consultado por el contenido de los chats con quien le llamaba “primo” y en los que aparece su nombre, prefirió señalar que “hay un principio de reserva de la investigación”, aunque la etapa de instrucción fiscal es pública y no existe reserva alguna. Poco antes, había dicho que estaba presto para colaborar con la justicia y que confiaba en la Fiscalía.

Después, al acudir a un nuevo llamado a rendir versión, Hernández dijo que compareció para hablar de unos “supuestos chats” que no los conoce, ni tiene certeza de su autenticidad o contexto.

Hasta que le llegó el turno a Sebastián Yunda. Doce días después de haber iniciado la instrucción fiscal de 90 días contra seis personas, acusadas de autores del delito de asociación ilícita, la fiscal Tirado pidió al juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, que fije el día y la hora para vincular al dueño del celular en el que se encontraron las conversaciones de posibles actos de corrupción y a su tío materno, César Yunda Pancho, a quien lo llaman tío “Cesario”.

De Yunda Pancho se desconoce su paradero final. Oficialmente, solo se sabe que salió del país con destino a México, en un vuelo de American Airlines, el 24 de julio, cuando la investigación ya llevaba dos meses. Aunque en los documentos de migración indicó que solo se quedaría allá diez días, no existe un registro que indique que haya retornado por alguna de las entradas regulares.

Este 20 de septiembre, desde las 08:30, se dará la audiencia para vincular a Sebastián y a César Yunda, y en ese momento a la instrucción fiscal se le sumarán 30 días más a los 90 ya definidos, es decir, esta etapa de investigación terminará los primeros días de enero del 2022.

En total, la Fiscalía tendrá 120 días de instrucción fiscal para incorporar al expediente elementos que fundamenten su teoría y confirmen que el comportamiento de los ocho indagados corresponde a un delito por el que pueden recibir una pena de cárcel de tres a cinco años. (I)