En medio de un centenar de documentos, una queja presentada por la dirigencia de los trabajadores de la Empresa Pública Petroecuador llama la atención dentro del proceso de una contratación millonaria para realizar los chequeos de salud a sus 10.115 colaboradores.

Se trata de una carta que Jinsop Martínez, representante de los trabajadores petroleros, le dirige al Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, y en la que le solicita que Petroecuador reinicie la contratación, de tal forma que incluya en el contrato -valorado en $ 6,9 millones- la nueva normativa de derechos de seguridad y salud en el trabajo, según lo establece el decreto 255 firmado por el Presidente Daniel Noboa el 2 de mayo de 2024.

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“Sugiero que se considere la realización de un nuevo proceso que refleje en su totalidad los nuevos lineamientos establecidos en el mencionado decreto”, señaló Martínez, miembro de la Central Única de Trabajadores (CUT), el pasado 14 de mayo de 2024.

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Con el decreto 255, el presidente Noboa expidió el nuevo reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que comprende 72 artículos y que busca “promover una cultura de prevención y protección” de los riesgos laborales en el país. De todo el articulado, los trabajadores petroleros señalan dos artículos y siete incisos como fundamentales para su oficio.

Entre ellos, por ejemplo, mencionan el artículo 3, que establece el ‘análisis de puesto de trabajo’, es decir que se investiguen las responsabilidades, riesgos y presunciones de enfermedades laborales existentes en cada área de trabajo; también que se identifiquen los factores que representan un mayor peligro para los obreros, como las instalaciones donde laboran y los equipos o maquinarias que utilizan.

Además piden que se hagan ajustes en el nuevo contrato para que se incorporen actividades de promoción de la salud, para sensibilizar y capacitar a los trabajadores y que se apliquen programas de monitoreo epidemiológico de patologías relacionados con el trabajo que realizan.

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“De no llevar a cabo este ajuste en el proceso, existe el riesgo de que la entidad contratante incumpla con lo estipulado en el reglamento, lo que podría resultar en el uso ineficiente de recursos públicos”, advirtió el representante de los trabajadores petroleros.

El Sercop acogió la comunicación de los trabajadores y solicitó a la gerenta general de Petroecuador, Marcela Reinoso, que responda lo planteado por los trabajadores, pues le recordó la obligación constitucional que tienen las autoridades de cumplir el derecho que tienen los ciudadanos para dirigir quejas y peticiones a las instituciones públicas.

También el Sercop le recordó a Petroecuador que de incumplir con esta disposición se notificará a la máxima autoridad de la entidad contratante para que suspenda la contratación por un plazo de siete días, lapso en el que deberá presentar las pruebas y descargos correspondientes.

Dentro del proceso de contratación constan las respuestas dadas por la empresa pública a los trabajadores. “Este proceso de compras públicas se lo ejecuta bajo toda la normativa legal vigente de seguridad y salud en el trabajo”, señaló el pasado 12 de junio el subgerente de Logística y Abastecimiento, Manuel Haz.

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Este funcionario agregó que la contratación no incumple el decreto 255 del presidente Noboa. “Es más, dar de baja sin una razón técnica justificada vulneraría los derechos de los funcionarios de la E.P. Petroecuador”.

El dirigente de los trabajadores refutó las respuestas del subgerente y calificó como ‘nada más alejado de la verdad’ los argumentos de Petroecuador: “Considerando la temporalidad del proceso interno de licitación (llevado a cabo desde 2022-2023) y del nuevo decreto ejecutivo (mayo 2024), jamás se tomó en cuenta los aspectos relacionados con los conceptos básicos de la nueva ley”.

Jipson Martínez adelantó que seguirán las acciones legales necesarias para “contar realmente con un servicio de salud en el trabajo que vele por las mejores condiciones de seguridad y salud para todos nuestros trabajadores y se optimice el uso de los recursos de los fondos públicos”.

La Empresa Pública Petroecuador inició la contratación del servicio de chequeos médicos ocupacionales el pasado 30 de abril de 2024 y tenía previsto para el pasado 17 de junio la adjudicación del millonario contrato, cuyo plazo regirá para dos años. La contratación actualmente se encuentra en el estado ‘por adjudicar’, según los registros del portal público Sercop. (I)