El Concejo Metropolitano aprobó la madrugada del 3 de junio de 2021 la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Con catorce votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra se aceptó la denuncia ingresada por Carolina Moreno y Jéssica Jaramillo, representantes del colectivo Frente de Profesionales por la dignidad de Quito.

Desde ahí, una serie de recursos jurídicos y apelaciones judiciales mantienen a Yunda todavía al frente del Municipio de Quito, (salvo desde el 19 al 30 de julio que asumió Santiago Guarderas). Sin embargo, el Concejo Metropolitano se ha convertido en el escenario de acusaciones, agresiones y peleas.

Las tiendas políticas están fraccionadas, a pesar de esto, en las últimas sesiones ya han logrado dar paso a resoluciones a favor de la ciudad. La última, por ejemplo, que aprobó ordenanzas de regularización de dos terrenos y un proyecto para declarar a Quito como la ciudad de los miradores y escalinatas.

Para la concejala Luz Elena Coloma (CREO) el Concejo se encuentra “inútilmente fraccionado por Yunda y por el cálculo político de unos concejales”. Según la edil los grupos están claramente divididos entre apoyo al alcalde y en contra, salvo unos pocos que “les da lo mismo la autoridad que maneje la ciudad”.

Publicidad

Por su parte, Paulina Izurieta (ID-VIVE) sostiene que tanto el Municipio de Quito como el Concejo Metropolitano han sufrido una inestabilidad única a causa del ámbito político. Hemos desgastado a la ciudad de Quito con enfrentamientos en desmedro de la imagen de autoridad del Concejo”, confesó.

La edil Analía Ledesma (ID) mencionó que la Municipalidad se encuentra en “total abandono” debido a la pugna entre Santiago Guarderas y Jorge Yunda. También señaló que varias ordenanzas están atascadas y no han sido planteadas en el orden del día de las sesiones.

Entre ellas, nombró una del código de ética para el Municipio de Quito, y otra para la fiscalización de altos funcionarios municipales.

La concejala Mónica Sandoval (RC) sentenció que una “metida de mano de la justicia le mantiene al Municipio de Quito en la peor crisis institucional”. También enfatizó que el cabildo ha sido parte de un “bochorno a nivel nacional” por los allanamientos efectuados el 2 de septiembre que vinculan al entorno cercano del alcalde Jorge Yunda.

Para Fernando Morales (Concertación) existen obras estancadas como el Metro de Quito. El edil también criticó supuestas acciones aceleradas para pagar contratos desde las empresas de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y de Agua de Quito (Epmaps).

El concejal Juan Carlos Fiallo (RC) es enfático en la “paralización institucional” por la que pasa el Municipio de Quito. “Existen funcionarios técnicos que no quieren firmar documentos o no dan paso a trámites por miedo a que se resuelva que lo realizado en este tiempo no sea válido, tienen ese miedo en las empresas y secretarías municipales”, acotó.

Publicidad

Procesos para dirimir la disputa

La Corte Constitucional convocó para el 13 de septiembre a una audiencia que resolverá la acción extraordinaria de protección denunciada por Santiago Guarderas.

Esta denuncia es en contra del fallo de la Corte Provincial de Pichincha que el pasado 30 de julio ratificó una acción de protección a favor de Jorge Yunda y dejó sin efecto el proceso de su remoción.

Por otro lado, el 9 de septiembre próximo se llevará una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ante la denuncia de Jéssica Jaramillo y Sara Serrano, quienes acusan a Jorge Yunda de presunta infracción electoral muy grave.

Varios ediles informaron que se mantienen a la espera del pronunciamiento de las entidades (electoral y constitucional) para resolver la pugna por la Alcaldía de Quito y tomar rumbo con las tareas urgentes de la ciudad. (I)