La crisis económica y la pérdida de empleo por la pandemia se señalan como causas del aumento de deudas de los afiliados y jubilados con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

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El número de créditos hipotecarios que tienen más de 60 días en mora pasó de 15.027 en febrero del 2020 a 24.604 en marzo del 2021. La cartera vencida acumulada en ese mismo periodo cambió de $ 590 millones a $ 833,8 millones, un incremento del 29,2%.

Durante la pandemia quienes perdieron sus trabajos formales dejaron de registrar ingresos ante el IESS de donde se hace el descuento de la cuota del crédito hipotecario.

De las 24.604 operaciones en mora más de 60 días hay una deuda histórica acumulada de antes del COVID-19. Son casi cinco mil que tienen valores pendientes de pago por más de tres años, incluso hay uno que debe por más de una década.

El problema es que no se han iniciado los procesos de cobro, afirmó en su momento el gerente del Biess, Diego Burneo, quien renunció el 12 de mayo último luego de que el presidente Lenín Moreno solicitara su destitución por incrementar la tasa mínima de interés anual de los hipotecarios para comprar viviendas de interés público (cuyo costo es de hasta $ 90.000) del 5,99% al 6,7% sin consultar al directorio de la entidad.

Burneo dijo en un comunicado que el aumento fue una decisión técnica basada en los estudios actuariales, con el fin de cumplir con la rentabilidad mínima que requieren los fondos administrados para ser sustentables. Esta tasa, que se iba a implementar para los créditos nuevos, regresó el 17 de mayo pasado al 5,99%.

El Biess informa a este Diario vía e-mail que hasta marzo último había 3.500 operaciones en proceso coactivo, es decir, el 14% del total de créditos con deudas. Y hay “cerca de 340 procesos en etapa de embargo de bienes”.

Además, hay 45 procesos en etapa de remate. El Biess cuenta con herramientas de recuperación como juicios de coactiva que pueden derivar en el remate de los bienes inmuebles, pero no se han aplicado a todas las operaciones en mora.

Fernando Mosquera, experto en seguridad social, sostiene que la situación es compleja si se decide embargar y rematar. “El Seguro Social se puede llenar de bienes inmueles que tendrá luego que rematar de acuerdo como dice el Código Orgánico Monetario y Financiero. Les tocaría cuidar y proteger estos bienes, lo que representaría un costo adicional, por lo que se deben dar facilidades para que los deudores se pongan al día. El Biess no es una inmobiliaria sino una institución de crédito”.

Otro factor es la deuda patronal por este concepto, es decir, empleadores que descuentan de sus roles a sus trabajadores la cuota del hipotecario, pero no la cancelan al Biess.

Es el caso de Alexandra Zambrano, quien salió de la Editorial Uminasa, que era parte del grupo de los medios incautados, en junio del 2018. Su patrono, la desaparecida Empresa Pública de Medios Públicos, no le canceló diez meses del hipotecario pese a que a ella sí le descontaron del rol.

“Me han dicho que espere a que el Estado asuma, si no me toca pagar a mí, es decir, tengo que volver a cancelar incluidos los intereses de una cuota de $ 361 mensuales”.

Ella vive con su esposo en la casa que compró en la urbanización La Joya, en el cantón Daule, que limita con Guayaquil. Desde que salió consiguió enseguida otro trabajo formal, por lo que le han seguido descontando la cuota del hipotecario. “Algunas veces me ayudan a pagar mi esposo o mis hijos”, cuenta esta afiliada de 58 años.

Su deuda es hasta mayo del 2028, pero no le han dicho hasta cuándo deberá esperar a que el Estado asuma ese hueco de su operación crediticia. “Nos deben también las aportaciones al IESS, a los Fondos de Reserva y Cesantía y la indemnización, por eso tampoco puedo disponer de esos valores que me servirían para pagar en su momento lo que ya he pagado”.

A otros que también están en su situación sí les han notificado que iniciarían juicios de coactiva si no se ponen al día. Es el caso de José Velásquez, a quien su patrono le descontó del rol pero no pagó al Biess desde junio del 2016 hasta mayo del 2018. “Lo que sí me dijeron es que si no pago esa deuda de casi dos años me quitan mi casa, en eso fueron claros”, dice.

Con los préstamos quirografarios, la ley indica que a los 90 días de no pagar se declara el proceso como vencido y se cruza la deuda con los fondos de reserva, opción que no es automática con los hipotecarios.

Carlos (nombre protegido) salió de su empleo en una empresa privada en junio del 2020. Desde entonces entró en mora, pero hace tres meses retomó el pago para que no se acumule la deuda. “Trato de no atrasarme más hasta conseguir una reestructuración que aún la tengo en trámite. Sí estuve en su momento más de 60 días en mora, pero me ha ayudado que suspendieron los procesos de cobro por coactiva”, afirma.

La disposición vigésima tercera de la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada en junio del 2020, indica que las instituciones públicas no podrán iniciar procesos coactivos por hasta 180 días contados desde el 14 de septiembre cuando terminó el estado de excepción que había en ese entonces.

El Biess consultó en octubre del 2020 a la Procuraduría General del Estado (PGE) si podían iniciar los procesos coactivos a los deudores históricos de antes de la pandemia, pero no se dio luz verde a la petición.

La PGE determinó incluso que no se inicien en todos los casos hasta este mes, por lo que se tiene previsto reanudar las acciones de cobro a partir de junio próximo. Algunos deudores ya han sido notificados.

La cartera vencida aumenta desde el 2016

La creciente cartera vencida ya se evidenciaba desde antes de la pandemia. Así lo recoge el informe de gestión del Biess del 2016, en el que se advierte sobre esta problemática y se determina que se dé un fortalecimiento de la “deficiente gestión de cobranzas”.

La tasa de morosidad de los hipotecarios del Biess se incrementó en casi tres puntos porcentuales del 2015 al 2016 cuando llegó al 5,31%, mientras que en la banca privada promediaba menos del 3%. En la actualidad la del Banco del IESS ya bordea el 13%.

Mosquera, economista con un posgrado en seguridad social, asegura que la deuda de los más de $ 830 millones por hipotecarios es complicada y agudiza el problema de liquidez del Biess.

A ello se suman las resoluciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, antes de que se separe con la aprobación en abril pasado de la Ley de Defensa de la Dolarización, que conllevaron, dice Mosquera, a que “los índices de riesgo de crédito sean más laxos para que la gente pueda seguir operando por más de que tenga cuentas vencidas tanto con el sistema financiero como con los créditos de la seguridad social”.

Otro factor que afecta la liquidez es que el Biess no pueda acceder al fideicomiso en el Ministerio de Vivienda que subsidia la tasa de interés que se aplica en la compra de casas de interés público (VIP).

La tasa de interés de los créditos hipotecarios para comprar VIP, cuyo costo máximo de construcción es de $ 900 por metro cuadrado, era bastante competitiva frente a la oferta restante, agrega.

Pero ahora los bancos privados también ofrecen una tasa menor al 5% y pueden ir al fideicomiso, por lo que finalmente les representa un rendimiento que supera el 9%. “Entonces no es justo que por política de estado del Gobierno que termina al Biess no le permitan el acceso al fideicomiso de vivienda que subsidia la tasa de interés”, dice Mosquera.

De ahí se origina que los organismos de control y los estudios hayan pedido el incremento de la tasa con el fin de que los créditos para VIP tengan un mayor rendimiento.

También debería investigarse, asegura Mosquera, el otorgamiento de créditos por encima de la capacidad de endeudamiento real que tienen los afiliados y jubilados que reciben esta prestación o con garantías inexistentes.

“Se deben dar las facilidades para reestructurar de acuerdo con el contexto actual de los deudores que han perdido sus empleos e ingresos”.

Una opción para recuperar la cartera vencida sería que los abogados privados se encarguen de cobrar y de ejecutar las garantías. Su ganancia sería de acuerdo al éxito obtenido. Esto ya se ha aplicado, dice el especialista. La mora patronal bajó en su momento cuando los abogados privados cobraban y ganaban sus honorarios según lo que iban recuperando.

”En el gobierno del expresidente Rafael Correa, que trajo tantas complicaciones a la seguridad social, se quitó a estos abogados externos y se puso a tres burócratas y ahora los expedientes van del piso al techo porque no hacen absolutamente nada para recuperar”. (I)