Que se declare en emergencia a la Amazonía por la minería ilegal es el pedido que está realizando el Frente Nacional Antiminero, que agrupa varios grupos como Napo Resiste, Napu Runa Mishu y Napo la vida.

Este pedido será tratado en pocos minutos en la Asamblea Nacional. Ahí se conocerá el proyecto de resolución que exhorta al presidente Daniel Noboa a declarar en emergencia a la Amazonía ecuatoriana en los sectores de educación, salud, empleo, vialidad, seguridad y medioambiente.

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De acuerdo con el reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación Ecociencia, deforestación en el río Punino, en Napo, pasó de 185 hectáreas en 2022 a 784 en 2023, lo que representa un llamativo aumento del 261 %.

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“La gran mayoría de la actividad detectada es minería ilegal, al encontrarse fuera de los límites de las áreas autorizadas para la minería”, dice el estudio publicado en febrero de este año.

En el mapa de la publicación se observa la rápida expansión de la deforestación minera en el área de Punino en 2023 (rojo), en relación con los tres años anteriores (amarillo).

Dinámica de la actividad minera entre 2019 y 2023 en la zona de Punino. Datos: Planeta-NICFI, EcoCiencia.

El amarillo indica la deforestación minera de 217 hectáreas entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022, mientras que el rojo muestra la rápida expansión de 784 hectáreas de enero a diciembre de 2023.

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Así, en total, la superficie forestal afectada por la actividad minera es de 1.001 hectáreas desde 2019 hasta la actualidad.

En redes sociales varias personas han mostrado ese impacto. Por ejemplo, el fotógrafo Jorge Anhalzer publicó en Instagram una denuncia sobre la minería en el río Jatunyacu.

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“Mientras que el oro mal habido aguas arriba suda mercurio que envenena al río, a sus aguas y a sus peces y al paso a los habitantes que bebe y se alimentan de él. El mercurio que pasa acariciando los linderos del Yasuní y cuyo origen no enriquece a un país sino a unas pocas mafias. Estamos en guerra contra la inseguridad provocada por las mafias. Ellas se nutren también de la minería ielgal. ¿Qué guerra es esa que permite que el enemigo siga engordando?”, expresó.

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De acuerdo con un informe de la OEA, el aumento del comercio ilegal de oro en Ecuador se ha visto facilitado por múltiples factores como los altos niveles de informalidad y pobreza, la presencia de yacimientos minerales en zonas remotas y la existencia de redes de minería ilegal en los países vecinos, Colombia y Perú.

“La corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a nivel local, y la insuficiente presencia del Gobierno en las zonas mineras también contribuyen a la actividad minera ilegal del oro. Si bien el comercio ilegal del oro está menos desarrollado en Ecuador, en comparación con otros países de la región, la minería ilegal de oro y la comercialización de oro ilegal en Ecuador han aumentado de manera significativa en los últimos años. El comercio ilegal de oro ha atraído a grupos de delincuencia organizada armada, desde bandas locales hasta organizaciones transnacionales de narcotraficantes”, dice el informe.

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En el documento, además, se detalla que el oro ilegal no solo se vende en mercados nacionales y regionales, sino que también es enviado a Estados Unidos, Canadá y Europa.

Entre 2015 y 2019, las exportaciones de mineral de oro de Ecuador aumentaron 27.604 % sobre la base del peso. En 2015, Ecuador exportó mineral de oro por valor de $ 538.633, cifra que lo colocó en el trigésimo lugar en el mundo en lo que respecta al valor de las exportaciones.

Sin embargo, para 2019, esas exportaciones llegaron a casi $ 100′000.000, con lo cual Ecuador pasó a ocupar el noveno lugar entre los principales exportadores del mundo. Este crecimiento es anormal cuando se lo compara con el de los exportadores regionales con un sector minero mucho más grande que el de Ecuador.

Por ejemplo, en 2019, Ecuador exportó casi el cuádruple de oro que Colombia y Perú combinados. “Cabe destacar que el marcado aumento de las exportaciones de mineral de oro a partir de 2015 se produjo justo después de la brusca caída de las exportaciones de oro procesado a raíz de la intensificación de la aplicación de la normativa por el Gobierno para frenar las actividades ilícitas”, refleja el estudio. (I)

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