La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció al expresidente de la República Rafael Correa por el delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal.

La demanda incluye enlaces de la red social YouTube que recogen las declaraciones del exmandatario sobre el impase diplomático con México, tras la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada de ese país para detener al exvicepresidente del correísmo Jorge Glas, sentenciado por corrupción y quien se encontraba en esa sede como asilado.

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En una de las descripciones, Núñez señala que las expresiones de Correa “no solo constituyen de manera independiente un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos, sino que, en su conjunto, también crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana, que independientemente de si esta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales”.

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En entrevista con EL UNIVERSO, Núñez indica que estas expresiones “conllevan a la configuración del delito estipulado en al artículo 353 (numeral 11) que hace mención a la traición a la patria”.

“Él a través del pánico que generan sus declaraciones, esa divulgación falsa que él conmina, lleva a infundir pánico en la población, infunde desaliento, desórdenes y permite la ejecución de cualquier acto que podría provocar graves consecuencias”, afirma.

Estas repercusiones, dijo, se originarían internamente tras las declaraciones de Correa. Núñez pidió que se suspendan las cuentas de X (antes Twitter) y Facebook del ex primer mandatario. La ministra también pide un peritaje para cuatro enlaces de Youtube con declaraciones del ex presidente. La denuncia incluye varios videos y transcripciones.

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“Solicito que se practique una experticia informática con el fin de que el perito designado transcriba y certifique lo dicho por el denunciado en los diferentes medios y direcciones de internet expuestas en este escrito”, lee la denuncia.

“En la del medio argentino CN5 subida a la plataforma YouTube dice: ‘Es primera vez en la historia que sin consentimiento se entra a una sede diplomática en suelo extranjero, esto es motivo de guerra’, él lo dice, entre quién, entre México y Ecuador, y ¿eso qué genera?, eso genera pánico, que se suscita internamente en la población, miedo y terror”.

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“Lo primero que se realiza es la respectiva indagación previa” tras presentar la denuncia ante la Fiscalía. La pena por traición a la patria es de diez a trece años, indicó. “Este delito prescribe y no se juzga en ausencia”.

En la denuncia, Núñez hace primeramente un recuento de las medidas establecidas por el presidente de la República, Daniel Noboa, para enfrentar al crimen organizado, como la declaratoria de un conflicto armado interno “provocado e instigado por organizaciones terroristas, actores no estatales y el crimen organizado transnacional” mediante el Decreto Ejecutivo n.° 111 del 9 de enero de 2024.

El ex presidente, además, reaccionó en sus redes sociales a la demanda:

En el punto 13, además, Núñez menciona los casos Metástasis y Purga y señala que en ellos se habría evidenciado que Glas obtuvo el hábeas corpus para salir de la cárcel mediante presuntos actos de corrupción.

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Además, Núñez indica en la querella que Glas “tiene varias sentencias condenatorias ejecutoriadas”, y que el 5 de enero de 2024 se emitió una boleta de captura en su contra por el caso Reconstrucción Manabí. Cancillería, agrega, solicitó formalmente la entrega de Glas el 28 de febrero de 2024, y que la embajada de México indicó al Ministerio del Interior “que no entregaría a Glas”.

“En el marco de la crisis diplomática entre los gobiernos de Ecuador y México, existen personas que se han empeñado en exagerar la situación, y a emitir mensajes que ponen en zozobra a las tropas y a la población civil”, lee el documento, refiriéndose a Correa.

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En el tercer punto de la denuncia, Núñez relata que “los nexos delincuenciales entre los carteles del narcotráfico y organizaciones criminales terroristas locales, ya identificadas en el Decreto Ejecutivo n.° 111, y aquellas autoridades y servidores públicos que, desde los diferentes poderes del Estado manipulaban la justicia y la política nacional a su conveniencia y para procurar sus intereses en desmedro de los intereses estatales, sirvieron de precursor y causa para los alarmantes niveles de violencia que vivía el Ecuador, para la grave erosión de la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia”. (I)