Asamblea Nacional enfrenta dificultades para instalarse de forma inmediata tras la muerte cruzada

La Asamblea Nacional temporal no puede instalar su primera sesión de forma inmediata a la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), porque los legisladores electos deben primero cumplir una fase de entrega de documentación habilitante para posesionarse y eso puede demorar al menos una semana.

A eso se suma que la Asamblea disuelta acarrea una serie de problemas de carácter operativo y técnico que podrían complicar la instalación de la sesión inaugural del Parlamento si no se toman decisiones oportunas, especialmente, en el área de recursos humanos.

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Tras la disolución de la Asamblea Nacional dispuesta por Decreto Ejecutivo 741, suscrito el 17 de mayo de 2023 por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, se produjo la separación del personal técnico y operativo de la Función Legislativa y se tendrá que esperar a la nueva administración para proceder a la contratación.

Actualmente, la administración temporal de la Asamblea Nacional está a cargo de Miguel Pesántez, nombrado por el expresidente Virgilio Saquicela, y en nómina mantiene 195 funcionarios legislativos, entre administrativos, servicios generales, secretarias, mensajeros, oficinistas, técnicos, asistentes, comunicadores sociales, auxiliares, conductores, entre otros.

Los comunicadores sociales de planta al momento actualizan las bases de datos, trabajan en la acreditación de los medios de comunicación para la primera sesión de instalación del pleno y de la posesión del presidente de la República electo, Daniel Noboa Azín. También elaboran productos de comunicaciones sobre el procedimiento legislativo y los beneficios de las leyes aprobadas.

En la normativa existe un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que desarrolle la fase de la disolución de la Asamblea, tampoco hay normativa expresa para la contratación de personal previo a la instalación del pleno tras la aplicación de la muerte cruzada.

Según la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la sesión de instalación estará dirigida por los asambleístas nacionales que encabezaron las tres listas con mayor votación a nivel nacional que se encuentren presentes en la sesión, mientras que los funcionarios de la Secretaría General de la Asamblea brindarán todo el apoyo necesario para la realización de la sesión de instalación.

La normativa no confiere atribuciones a los tres legisladores más votados a la contratación de personal previo a la primera sesión de instalación.

Para definir el camino a seguir y superar el nudo crítico de lo que será la sesión de instalación, esta semana, el administrador temporal y personal de la secretaría del Parlamento iniciarán reuniones, por separado, con los tres legisladores nacionales con mayor votación: Pierina Correa, representante del movimiento Revolución Ciudadana; Patricio Carrillo, del movimiento Construye; y, Valentina Centeno, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN).

Si no se habilita la posibilidad de contratación de personal previo a la instalación del pleno, podría haber complicaciones operativas en la sesión inaugural, advierten algunos de los funcionarios legislativos.

Fase previa

Si bien no existe una norma expresa en la que se detallen cuáles son los requisitos que deben presentar para su posesión del cargo de elección popular, se asume que tienen que entregar la documentación que comúnmente lo hace todo funcionario público, previo a ocupar la curul ganada en las urnas.

A eso se suma lo que consta de manera expresa en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 110 de la LOFL, donde se establece como obligación de cada asambleísta:

• Presentar la declaración patrimonial juramentada al inicio, dos años después de la primera declaración y al final de su gestión. Esta declaración se realizará según el formato de la Contraloría General del Estado;
• Presentar copia de la declaración del impuesto a la renta de los dos años inmediatos anteriores al de su posesión y el certificado correspondiente del Servicio de Rentas Internas, que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, salvo el caso de las y los asambleístas representantes de las personas ecuatorianas en el exterior. Esta información será publicada en el portal web oficial de la Asamblea Nacional; y,
• Las demás que establezca la Constitución de la República, esta Ley y los reglamentos internos que se expidan.

También el legislador antes de asumir el cargo deberá llenar un formulario respecto a la declaración de conflictos de intereses; el certificado del Ministerio del Trabajo de no tener impedimento para ejercer cargo público; la declaración notarizada de no tener bienes en paraísos fiscales; declaración juramentada de no adeudar pensiones alimenticias; copia certificada de la credencial que entrega el Consejo Nacional Electoral, sobre el cargo de legislador; y, una declaración de domicilio para aquellos asambleístas que viven fuera del Distrito Metropolitano de Quito.

Todo este proceso de realización y entrega de documentación demoraría al menos una semana; pero considerando que el CNE va a empezar a entregar credenciales desde la próxima semana y terminaría el 13 de noviembre; lo más probable es que la administración legislativa temporal abra el periodo de entrega y recepción de documentos desde el 6 de noviembre próximo, pero eso dependerá de los acuerdos que se alcancen con los tres legisladores más votados.

Para la fase de entrega de documentos se prevé que cada asambleísta personalmente acuda al Palacio Legislativo y de esa forma registrar su huella dactilar que activará su curul electrónica y, consecuentemente, el funcionamiento del voto electrónico en el pleno. Se espera aprovechar la presencia del legislador para realizar un proceso de inducción, aunque también se efectuará en el día de la instalación del pleno una práctica previa sobre la votación.

Problemas operativos

Tras la aplicación de la muerte cruzada, la Asamblea enfrenta una serie dificultades operativas por la falta de personal técnico en áreas de tecnología y comunicación, principalmente.

Para el día de la instalación de la sesión inaugural debe estar operativa toda el área de comunicación y TIC, pero al momento la institución no cuenta siquiera con un sonidista que se encargue de calibrar los 150 micrófonos que hay en el salón del pleno y que se usarán el día en que se autoconvoque la Asamblea.

En comunicación no existen camarógrafos, fotógrafos, periodistas, traductores de lenguaje de señas, locutores, productores y tampoco diseñador gráfico para colocar los comunicados en la web institucional. Las redes sociales de la institución están inactivas y los medios legislativos como la radio y televisión únicamente pasan música y programas pregrabados.

A eso se suma que hay problemas de infraestructura tecnológica de toda la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que los equipos e infraestructura corresponden a la administración del expresidente Fernando Cordero (2008) y hasta el momento han cumplido su vida útil.

Se conoce también que en el pleno hay serios riesgos de la infraestructura tecnológica para el almacenamiento de información; el área de TIC, antes de la disolución de la Asamblea, realizó algunos parches al sistema, y ahora se corre el riesgo de que en cualquier momento colapse la infraestructura y se pierda la información de la Asamblea contenida en los correos electrónicos y en el sistema de gestión documental.

A nivel legislativo existe falta de personal en la Secretaría General, que es la encargada de dar soporte operativo y técnico a la instalación de la Asamblea, como lo determina el artículo 10 de la LOFL.

En el departamento de actas hay falencias por la falta de personal, pues todavía se procesan actas del periodo 2021-2023. (I)