La Asamblea Nacional, con 120 votos, pidió a la Contraloría General del Estado auditar el proceso del Censo de Población, Vivienda y de Comunidades por detectarse fallas administrativas graves en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación y seguridad.

La sala legislativa acogió el informe elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, respecto a la fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, en cuyas conclusiones se advierten fallas presupuestarias, inseguridades y vulneraciones, así como falta de pago a los censistas.

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El informe solicita a la Contraloría auditar la gestión del director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Roberto Castillo, y que el examen especial debe enfocarse en la ejecución económica.

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La ejecución del censo fue financiado con $ 80 millones por un préstamo del Banco Mundial, por lo que los asambleístas advierten de un nuevo endeudamiento para el país. El objetivo del proceso era mejorar la capacidad estadística nacional a través de la producción y difusión de estadísticas económicas y sociodemográficas actualizadas, confiables y accesibles a la ciudadanía, de lo que no se conoce con transparencia la ejecución de la inversión, señala el informe.

El censo en línea empezó el 1 de octubre de 2022, y del 7 de noviembre al 18 de diciembre era presencial. Pero según los legisladores, aún no concluye el censo e incluso hubo asambleístas como Nathalie Viteri (PSC) que denunció que ella nunca fue censada ni en Guayaquil, donde es su residencia habitual, ni en Quito, donde vive temporalmente por su trabajo de legisladora.

La asambleísta de Pachakutik Dina Farinango señaló que el censo no tuvo planificación para obtener los datos del país como el número de habitantes, que tuvo graves falencias e incluso, dijo, que se conoce que falta el 7 % de la población por censar; además, existe falta de pago a las personas que participaron en ese proceso.

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Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, señaló que este proceso significó un alto costo para el país por las múltiples falencias detectadas, como no haber realizado previamente un proceso de publicidad para conocimiento de la ciudadanía, lo cual ha provocado que muchos ecuatorianos se sientan excluidos, inseguridad para los censistas y falta de pago de sus haberes.

Acciones correctivas

En la resolución aprobada por el Parlamento, este 12 de enero, se solicita que el Ministerio del Trabajo realice acciones correctivas con el fin de verificar el cumplimiento del pago de las remuneraciones, beneficios de ley y demás cláusulas contractuales que suscribió el INEC con todo el personal que labora y laboraba en el marco del proceso del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades.

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Que en caso de que se extienda el censo al 2023, la legislatura exhorta al INEC a que tome correctivos, porque se evidenció que no tienen contemplado ni presupuestado este contingente de prolongarlo, existiendo un riesgo de que el censo, por su modelo de realización, se obtendrán muestras mas no un conteo universal de la población, lo que afectaría en la implementación de políticas públicas.

Medio millón de viviendas aún están pendientes de ser censadas y se lo hará en este mes de enero del 2023

Entre los hallazgos se destacan que la campaña de comunicación se realizó de forma extemporánea, con lo cual no existe una verdadera concientización y socialización del proceso hacia el pueblo ecuatoriano, limitando la autoidentificación.

Que existen falencias graves en el proceso de actualización de la cartografía censal lo cual es la causa de problemas del operativo de campo que se llevan en la etapa de empadronamiento.

Fallas e incidencias en los procesos administrativos, operacionales y logísticos, los cuales, sumados a los puntos anteriores, causarán subcobertura, invisibilización estadística y errores en la producción de la operación estadística más importante del país.

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Por lo tanto, recomiendan de forma urgente la realización de una encuesta poscensal independiente al INEC con observadores internacionales, para que se verifiquen los evidentes problemas de cobertura y calidad del actual censo.(I)