Posesionar al contralor, una ceremonia pendiente para la nueva Asamblea Nacional

Una autoridad de control del Estado estará a la espera de que el pleno de la Asamblea Nacional normalice sus funciones para ser posesionado en sus funciones. En tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá resolver la situación legal de la designación de un titular de la Superintendencia de Bancos. La mañana del 13 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) completó la entrega de credenciales a los 37 miembros de la Asamblea Nacional, que fueron electos en los comicios de primera vuelta del 20 de agosto.Y también, los electos en la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre, en la que se repitió la votación de los ecuatorianos migrantes de asambleístas nacionales y del exterior, al declararse la nulidad del voto telemático por fallas tecnológicas.El pleno de 137 asambleístas está completo y el viernes se produciría la sesión inaugural en la que se pronostica elegir presidente, dos vicepresidentes y el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).En tanto, la formación de las quince comisiones especializadas se debatiría en el transcurso del fin de semana.Quien sea electo presidente de la función Legislativa asumirá la facultad de armar las convocatorias a las plenarias, entre ellas, para la posesión del titular de la Contraloría General del Estado, que fue electa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mauricio Torres Maldonado fue designado como contralor general el 7 de noviembre de 2023 por el Consejo de Participación Ciudadana, mediante un concurso público de méritos, oposición e impugnación que desarrolló una comisión ciudadana.Torres fue electo para un periodo de cinco años que inician desde el acto de posesión en la Asamblea Nacional y, mientras esto no ocurra, la Contraloría seguirá presidida por Carlos Riofrío González , quien se encuentra prorrogado en sus funciones desde marzo del 2022.Tomando en cuenta que está cumpliendo el periodo del excontralor, Carlos Pólit Faggioni, quien renunció y fue censurado por la Asamblea en el 2017, al revelarse su participación en hechos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.También está pendiente resolver la situación del superintendente de Bancos, que estuvo envuelta en acciones de protección y pugnas políticas.Durante el periodo de gestión del expresidente del CPCCS, Hernán Ulloa, se eligieron a dos superintendentes: uno, cuya designación quedó en la nulidad por una acción de protección; y otro, sobre el que la Asamblea Nacional no logró posesionarlo.Esta autoridad se elige por un procedimiento de terna que envía el presidente de la República. De entre los candidatos que propuso el mandatario, Guillermo Lasso, ganó Raúl González Carrión en julio del 2022 y fue posesionado en la Asamblea Nacional el 11 de agosto del 2022.Pero, una ciudadana interpuso una acción de protección en contra del Consejo de Participación, que fue admitida por la jueza de Samborondón (Guayas), Larissa Ibarra, que declaró la nulidad del proceso y ordenó que se haga otro y con una nueva terna. González recurrió a la Corte Constitucional para se pronuncie sobre una acción extraordinaria de protección que presentó para recuperar el cargo.Mientras, Guillermo Lasso propuso, entre otras dos personas, a Roberto Romero von Buchwald, electo el 2 de diciembre del 2022, con los votos de los exconsejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo en una sesión que terminó en horas de la madrugada.El Consejo envió a la Asamblea -que presidió Virgilio Saquicela- la resolución de designación y se convocó a una plenaria para posesionarlo. Sin embargo, no hubo quórum y no le tomaron juramento.Ello sucedió en un momento en el que los legisladores contrarios al régimen, desconocían las actuaciones de los cuatro exvocales del CPCCS, pues fueron censurados y destituidos por un juicio político, aunque el exjuez de La Concordia, Ángel Lindao les devolvió sus cargos y sancionó a la Asamblea.En respuesta, Saquicela y otros exasambleístas, en un comunicado en el que advirtieron que la Legislatura «no reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos».Este punto del orden del día no volvió a ser puesto en la agenda, hasta que el 17 de mayo del 2023, Guillermo Lasso disolvió el pleno legislativo por grave crisis política y conmoción interna, que produjo la convocatoria a elecciones anticipadas presidenciales y de asambleístas para los 18 meses que restan de periodo constitucional 2021-2025.No obstante, en el pleno del Consejo que presidió la exconsejera , Gina Aguilar , se anularon unas 60 resoluciones que se tomaron en la gestión de Ulloa, entre ellas, la designación de Roberto Romero von Buchwald, luego que la Corte Constitucional destituyó a los siete exconsejeros por incumplir con la designación del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. El conflicto jurídico quedó pendiente de resolverse. Hubo un informe legal interno que señaló que la sentencia judicial de primera instancia, tomada por la jueza Ibarra y confirmada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, es «contradictoria y carece de eficacia jurídica», porque declarar la nulidad se vuelve «inejecutable».La opinión jurídica decía que hubo decisiones del CPCCS en el periodo de Ulloa que mantienen aún su validez, como la condición de postulante calificado a Raúl González.De esta forma, se sugirió al pleno que se considere como válidos solo los actos y decisiones que se tomaron entre el 2 de marzo y el 19 de julio de 2022. Es decir, cuando se dio trámite a la terna que incluía a Raúl González como candidato y que se escuche la exposición de su plan de trabajo, o que solo se reproduzca la exposición que hizo el 19 de julio y que lo designen, pues fue el único candidato que no recibió impugnaciones.Este punto pretendía ser tratado en una sesión que convocó la exconsejera Aguilar, pero finalmente no se reinstaló, por lo que la actual administración, de Nicole Bonifaz deberá poner en discusión. La legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), Pierina Correa, quien dirigirá la sesión inaugural por ser la más votada en los comicios, explicó que quien sea electo presidente del organismo definirá la agenda de actividades que incluye estas «acciones urgentes».«No podemos estar sin contralor, no podemos estar sin superintendente y es un tema sencillo. A nosotros solo nos toca la formalidad de posesionarlo. No juzgamos si fue bien elegido o si alguien metió la mano. En eso no entramos como Asamblea, porque la ley dice que tiene que posesionarse en el pleno de la Asamblea y eso se pondrá en agenda, pero no puedo decir fecha, porque tendrá que esperar la elección de las autoridades», indicó Correa.Adicionalmente, los legisladores deben escoger en su seno a sus delegados que los representarán en las comisiones ciudadanas de selección de autoridades de control, a través de concursos públicos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del titular de la Defensoría Pública , que están en curso. (I)

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