El próximo miércoles 7 de agosto, a las 10:00, se realizará la audiencia dentro de la causa acumulada por las denuncias por presunta infracción electoral grave en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como los suplentes Eduardo Franco y Vielka Párraga.

Los cuatro fueron parte del grupo autodenominado “La Liga Azul”, que estuvo conformado por siete candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que postularon en las elecciones de febrero de 2023.

La audiencia fue fijada el 30 de julio por el juez Fernando Muñoz, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien previamente resolvió acumular en una sola causa las dos denuncias presentadas sobre el mismo tema. La primera denuncia fue interpuesta en junio por Pamela Troya y Santiago Becdach, excandidatos al CPCCS; mientras que la segunda fue planteada por la abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio Control Ciudadano.

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Los accionantes acusan a los cuatro integrantes de “La Liga Azul” de haber cometido una infracción electoral grave, argumentando que sus candidaturas fueron promocionadas por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), lista 5, y por su máximo líder, el exmandatario Rafael Correa, vulnerando una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que prohibía que los aspirantes al Consejo de Participación pertenezcan a una organización política, ni tampoco que sus candidaturas sean promovidas o auspiciadas por agrupaciones políticas.

Los denunciantes sustentan sus señalamientos en información y videos divulgados en redes sociales sobre actividades y declaraciones donde supuestamente habrían sido promocionados los miembros de “La Liga Azul”, incumpliendo la norma.

En auto emitido por el juez electoral se dispone poner en conocimiento de los denunciantes el contenido de las contestaciones de los denunciados.

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El magistrado aceptó y negó varios pedidos realizados por los accionantes y también por los accionados.

Por ejemplo, se aceptó un pedido de la consejera Yadira Saltos para que se oficie al Consejo Nacional Electoral que certifique si emitió alguna disposición o resolución en el que haya ordenado algún cambio en los spots publicitarios elaborados por el CNE para la promoción de su candidatura al CPCCS.

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Por otro lado, el juez Fernando Muñoz negó un peritaje de audio y video solicitado por Augusto Verduga, ya que, según el magistrado, en la solicitud no se ha señalado la materia sobre la que versará, ni se han determinado los hechos sobre los que se pronunciará el perito; tampoco se ha especificado lo que se pretende demostrar y probar.

De igual manera se negó una pericia de audio y video requerida por Santiago Becdach y Pamela Troya debido a que no se ha determinado lo que se pretenda demostrar y probar.

Tras ser notificados con el auto, Becdach y Troya publicaron un comunicado en el que comentaron que esperan que se haga justicia.

Asimismo, Mónica Jaramillo también se pronunció en otro comunicado en el que expresó su “compromiso con el fortalecimiento de la democracia”.

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El antecedente de este caso esa la sanción y suspensión de derechos de participación que se impuso a Alembert Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y exabogado de Rafael Correa, quien también fue miembro de “La Liga Azul”.

A inicios de mayo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) halló culpable a Vera de cometer una infracción electoral grave por hacer proselitismo para su candidatura al Consejo en 2023, irrespetando la ley.

La denuncia fue impulsada por Juan Esteban Guarderas (actual vocal del CPCCS) y Bernardo Jijón. (I)