El ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, hace una evaluación del trabajo de la mesa de fomento productivo, que se cerró el pasado viernes 9 de septiembre. Señala que en el acta suscrita por los representantes del Gobierno y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) constan los plazos para la implementación de los acuerdos alcanzados.

¿Cuáles cree usted que son los principales acuerdos obtenidos en la mesa de fomento productivo?

Se ha acordado articular un plan nacional e integral para el fomento productivo en la agricultura familiar campesina; armar una estrategia para obtener mejores precios de productos del sector agrícola; y desarrollar una estrategia para evitar distorsiones en los valores que por regalías se pagan en la producción de flores.

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¿Por qué no se logró llegar a consensos en la propuesta de estudiar los efectos que tienen los tratados comerciales sobre las comunidades rurales que se dedican a la agricultura?

Por el contrario, existieron muchos consensos. Identificamos muchas coincidencias: la necesidad de tener una estrategia coordinada, entre el Estado y los productores agrícolas, en la negociación de acuerdos comerciales. Por ejemplo, coincidimos en que esa estrategia nos servirá para identificar y proteger productos sensibles y excluirlos de una negociación. Propusimos la creación de la comisión agrícola como una herramienta para implementar este trabajo conjunto. Finalmente, esto no se aceptó, aunque con opiniones divididas, entre los integrantes de los movimientos indígenas y campesinos. Hubo delegados que dijeron públicamente que sí les interesaba participar en las negociaciones, pero se impusieron los criterios ideológicos. Lo cual respetamos.

Otro de los acuerdos fue trabajar en procesos de mediación en los conflictos en las florícolas. ¿Cómo se hará esto? ¿Cree que haya apertura de las empresas de ese sector tomando en cuenta que fueron estas las más afectadas en el paro?

Lo que se aprobó fue una estrategia para evitar posibles distorsiones en los valores que por regalías se pagan en la producción de flores. No una mediación en los conflictos florícolas. En ese sentido se lograron varios acuerdos, que implican acciones del Ministerio de Agricultura y del Senadi (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales). Las acciones incluyen la construcción de una norma técnica, para la revisión e inscripción de contratos de obtenciones vegetales, la publicación de información y datos de variedades vegetales protegidas y de dominio público; se realizarán talleres y darán becas para formación de técnicos sobre la propiedad intelectual; se fomentará el uso de variedades vegetales en dominio público; se investigarán propuestas de inversión y desarrollo para buscar nuevas oportunidades de exportación en pymes.

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El tema de la mediación es para conflictos surgidos entre pequeños productores y los representantes de los obtentores (los que desarrollan una variedad vegetal). Es importante recordar que a un proceso de mediación asisten las partes voluntariamente. No se puede obligar a nadie.

También se acordó abrir líneas de crédito desde $ 5.001 y $ 20.000, con tres años de gracia a diez años plazo y al 5 % de interés. ¿A qué segmento estarán dirigidas? ¿De dónde saldrá el dinero?

El Gobierno nacional tiene todo un plan de financiamiento blando para actividades productivas, a través de la banca pública. El acuerdo pasa por destinar una línea de créditos de este plan para temas agrícolas. Las condiciones de montos, plazos y tasas que hemos acordado están contempladas en este plan. El propio presidente Guillermo Lasso lo ha dicho: con esto nos ocupamos de la base de la pirámide productiva. La generación de esta línea de crédito depende de la banca pública. Los representantes de Gobierno nos comprometimos a presentar los argumentos que permitan la creación de la misma.

¿Cuánto tiempo demorará la implementación de estos acuerdos?

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Hay plazos diferentes. Por ejemplo, la construcción de una norma técnica en materia de regalías sobre variedades vegetales tiene sus plazos particulares que podría tomar más de 30 días. El plan nacional e integral para el fomento productivo en la agricultura familiar campesina tiene distintos umbrales. Algunos de sus componentes podrán arrancar en este 2022 y otros requerirán de más tiempo. Lo importante es que estos plazos fueron socializados y planteados puntualmente en el acuerdo.

Una vez concluido el proceso de diálogo en este tema, ¿en qué propuestas trabaja el Gobierno para “volver los ojos al campo”, como lo ha expresado el presidente Guillermo Lasso?

Creemos que el proceso de diálogo no ha concluido. La principal lección que esto nos ha dejado es que debemos seguir trabajando en conjunto. El ministerio tiene distintos planes en ejecución, pero quisiera mencionarle uno muy importante: Renagro (Registro Nacional Agropecuario). Es un registro integral de información, que se realizará en las 24 provincias del Ecuador. En agosto del 2022 comenzó en Galápagos. La última vez que se realizó fue en el 2000. Recoge información socioeconómica de la persona productora, además de variables como el uso de maquinaria, mano de obra, crédito, tenencia de la tierra, asistencia técnica, ubicación georreferenciada de la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA), entre otras.

El Registro Nacional Agropecuario se ejecuta con el objetivo de hacer más eficiente la gestión de las políticas públicas agropecuarias, generar programas, proyectos, beneficios y servicios focalizados y especializados de acuerdo con las necesidades de cada sector y de las personas productoras. Con el Renagro se busca poner en orden el campo y atenderlo de manera efectiva para un desarrollo integral y sostenible. (I)