Danilo Carrera y Hernán Luque apelan medidas cautelares en caso Encuentro; Fiscalía tiene menos de 90 días para fortalecer sus elementos de convicción

A una semana de iniciada la instrucción fiscal dentro del denominado caso Encuentro, el juez anticorrupción a cargo del procesamiento, Renán Andrade, dio paso a los recursos de apelación la orden de arresto domiciliario y prisión preventiva que recibieron, respectivamente, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque, exgerente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), dos de los ocho investigados por el delito de delincuencia organizada.

Las defensas de ambos sospechosos la solicitaron oralmente durante la audiencia de formulación de cargos dada el 24 de noviembre pasado, en Quito, y la redujeron a escrito confirmando el pedido. El abogado de Gabriel Massuh, otro de los procesados, también habría apelado oralmente la orden de prisión definida como medida cautelar, pero, según refiere el juez en su providencia, no se la ratificó por escrito en el término definido en la norma vigente y por lo tanto no se la consideró.

La audiencia de apelación estará en manos de otros jueces de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Aún no se ha fijado una fecha para la diligencia.

Para Calixto Vallejo, parte de la defensa de Danilo Carrera, el arresto domiciliario solicitado por la Fiscalía es improcedente y finalmente termina siendo una privación de la libertad para un empresario de 85 años que ha comparecido a las versiones, incluso presenciales, a las que se lo ha convocado para dar detalles de los hechos en los que se lo investiga. Desde la perspectiva del abogado, todos los indicios presentados en audiencia son falsos y trucados.

La Fiscalía tiene algo más de 80 días, de los 90 definidos para la etapa de instrucción fiscal, para robustecer y de ser el caso incrementar los 28 elementos de convicción presentados para justificar la formulación de cargos contra Carrera, Luque, Leonardo Cortázar, Roberto Bueno, Julio León, Antonio Icaza, Gabriel Massuh y Jorge Orbe.

Según la fiscal encargada de la investigación, Luzmila Lluglla, este “grupo criminal estructurado” se encontraba conformado tanto por funcionarios públicos como particulares, quienes tienen roles específicos y una suficiente capacidad en la dirección de las operaciones delictivas por quienes, dijo, asumieron la “jefatura criminal”. Identificó como líderes de la organización a Danilo Carrera y a Rubén Cherres Faggioni, asesinado en marzo de este año en Santa Elena.

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“Estos líderes mantenían una relación de amistad durante años atrás, conforme se desprende de los elementos recabados en la presente investigación. Estas personas de forma planificada y coordinada pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y de esta forma interferir en instituciones públicas como CNEL EP (Corporación Nacional de Electricidad), BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas”, señaló Lluglla en la audiencia, lo que fue recogido en el acta resumen del sistema de causas judiciales Satje.

Versiones del periodista Andersson Boscán, del exgerente general de la empresa pública Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana) Johnny Estupiñán; informes periciales de reconocimiento de evidencias, oficios de entidades públicas como EMCO, CNEL, informes con transcripciones y secuencia de imágenes, oficio con transferencia de pago realizada a través del Banco Central del Ecuador, progresivos y sinopsis de llamadas entre los procesados y otras personas, pericias a dispositivos de almacenamiento USB con archivos multimedia, certificación de la ubicación de ciertas personas en cargos públicos que tendrían relación con la organización... fueron parte de los 28 elementos expuestos por la Fiscalía.

El elemento común en la formulación de cargos individuales de los ocho procesados fue la versión de Boscán, quien es parte del medio digital La Posta. La Fiscalía señaló que la investigación se inició en enero de 2023, luego que se conociera, a través de un parte policial, sobre una presunta red de corrupción hecha pública por La Posta.

Lluglla aclaró que luego de obtenidos los elementos de convicción suficientes, se determinó que existiría una estructura criminal con personas que se habrían organizado para cometer delitos en contra de la eficiencia de la administración pública.

La defensa de Carrera ha criticado que en la acusación la Fiscalía haya reproducido “cobardemente” una “novela mediática ficticia” creada en su contra por el medio digital que dio a conocer audios sobre el tema. Anotó que la Fiscalía ha dejado por fuera teorías “ridículas e insolentes”, como la su supuesta vinculación con las mafias asesinas o del narcotráfico, y ahora solo se ha limitado a acusarlo de supuestamente liderar un grupo que pretendía dedicarse a conseguir contratos o nombramientos en el Gobierno.

Según la Fiscalía, lo dicho en versión por el periodista que denunció la trama de corrupción concuerda con las transcripciones de las interceptaciones de las llamadas en las que los integrantes de la organización estarían direccionando posibles contratos y el ingreso irregular de personas a cargos públicos en empresas públicas como CNEL, Aduanas del Ecuador y BanEcuador.

Si bien la Fiscalía acusa a los ocho procesados como autores directos del delito de delincuencia organizada, también aclaró que aparte de los ubicados como líderes, la organización operó a través de varios colaboradores, como Luque, Icaza, Cortázar, Bueno, León, Massuh y Orbe.

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De Hernán Luque se dijo que una vez que fue designado como presidente del directorio de la EMCO EP, el 12 de julio del 2021, y con base en la relación de amistad y familiar que mantenía con los líderes de la organización, buscó cumplir con el objetivo de la organización criminal. Lluglla explicó que él abusando de sus funciones, las cuales fueron ampliadas mediante el Decreto Ejecutivo 163, se lo ubicó como miembro de todos los directorios de las empresas públicas e instauró una corrupción sistemática, por ejemplo, en el directorio de la CNEL EP.

“Para el efecto presentó una terna previamente analizada y direccionada para la designación de gerente general de CNEL, es decir, esta terna encabezaba una persona de su confianza, a quien ya se le había analizado el puntaje probable que podría obtener en la evaluación de su hoja de vida. Para dar una aparente figura de legalidad colocaba en la misma a dos personas más que habían sido analizadas previamente y que las mismas no obtendrían un puntaje mayor que la persona de su confianza. Con esto se aseguraban que la designación de gerente general, en el caso de CNEL, iba a recaer en la persona de su confianza y para los fines de esta organización”, se relató durante la audiencia de formulación de cargos.

Respecto a los cuatro elementos de convicción presentados por la Fiscalía contra Leonardo C., Gustavo García, su abogado, piensa que son solo conjeturas basadas en una supuesta entrevista hecha en un medio de comunicación. “No tienen nada en concreto e inclusive esa entrevista se dice que no es completa, que ha sido fraccionada, lo cual para términos probatorios no sirve porque la prueba es indivisible. En la instrucción fiscal pediremos las pericias correspondientes para saber si esa grabación, si esos audios son constitucionales y son legales. En el caso de no serlos soslayaremos esa prueba”.

Según lo dispuesto como medidas cautelares por el juez Andrade, Carrera debe mantenerse con arresto domiciliario; Gabriel Massuh, Leonardo Cortázar y Hernán Luque tienen orden de prisión preventiva en la que se dispuso que se emita una boleta de ubicación y captura, y para los dos últimos, además se notifique a la oficina central nacional de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que de considerarlo necesario se establezca la difusión roja y la orden de localización y captura internacional.

Para Julio León, Roberto Bueno y Antonio Icaza se les ordenó la prohibición de salida del país y presentación periódica una vez por semana en oficinas de la Fiscalía en Guayaquil y Quito. Finalmente, Jorge Orbe, quien vive en Estados Unidos desde inicios de 2023, deberá presentarse semanalmente en el delegación consular de Ecuador en Miami, Estados Unidos. (I)