La reconstrucción del tercer producto en el denominado Caso Gabela todavía no se inicia y está a la espera de concretar un acuerdo económico entre el Gobierno nacional y el perito argentino Roberto Meza Niella.

La Corte Constitucional (CC) ordenó al régimen en uno de sus fallos conformar un comité para que coordine con el perito Roberto Meza la entrega de un nuevo ejemplar del tercer producto pericial que recoge la investigación sobre el asesinato de Jorge Gabela, general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ( FAE), que se elaboró en el 2015 cuando funcionó un comité interinstitucional que creó el exmandatario Rafael Correa.

La Corte dio un plazo de tres meses, a partir de la notificación de la sentencia, para que se reconstruya ese expediente, que estaría desaparecido de los registros públicos del extinto Ministerio de Justicia.

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Han pasado 50 días desde que se notificó la sentencia y restan 40 días para que ese plazo concluya, pero las acciones aún están en desarrollo.

El Comité de Coordinación se conformó el 14 de marzo del 2023 mediante decreto ejecutivo suscrito por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y lo integran la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, el ministro del Deporte, Sebastián Palacios y el catedrático Arturo Moscoso, quien preside la instancia.

Al momento, los comisionados están solicitando información a la Función Ejecutiva relacionada con el caso y también a la misma Corte Constitucional, a la que requirieron las copias del denominado tercer producto, que consta en la documentación de la acción extraordinaria de protección que presentó la Defensoría del Pueblo en este caso.

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Hasta el momento, el consultor Roberto Meza no ha llegado a Ecuador para iniciar con su tarea, pues está de por medio concretar un acuerdo económico, que podría sellarse en los próximos días.

El presidente del Comité de Coordinación, Arturo Mosco, indicó que el tema económico es un “punto álgido” en el proceso y que fue transmitido a la Presidencia de la República para que lo evalúe.

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“Hemos trasladado las peticiones que planteó el perito a la Presidencia y en estos días tendremos la respuesta, sobre todo el valor económico”, manifestó Moscoso en una entrevista con Radio Democracia.

Al respecto, Moscoso explicó que corresponde contemplar este rubro porque se trata de un “nuevo trabajo” que va a elaborar el perito y para el que requerirá contar con su propio equipo técnico.

En el 2012, el expresidente Rafael Correa creó un comité interinstitucional, encabezado por el extinto Ministerio de Justicia, que tenía como encargo indagar si la muerte del general Jorge Gabela se debió a un delito común u otros, debido a las denuncias sobre irregularidades que realizó en el 2010 alrededor de la compra de siete helicópteros Dhruv que hizo el Ministerio de Defensa en ese periodo de gobierno.

Una de las acciones del extinto Ministerio de Justicia fue contratar una consultoría, en este caso fue a Roberto Meza Niella por $ 78.000.

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De esa consultoría surgieron tres informes, en el segundo se habría establecido que el móvil estaba relacionado con las denuncias de Gabela sobre anomalías en la compra de los siete helicópteros, y en el tercero se determinaría a los posibles autores del crimen. Y es este último documento el que estaría “desaparecido” de los registros estatales.

Bajo ese contexto, según Arturo Moscoso, hay constancia de que el experto pericial entregó el informe y “no estaría en deuda con el Estado”, por lo que la reconstrucción de este tercer producto correspondería un nuevo trabajo para el que se requiere un equipo de personas que se trasladarían a Ecuador.

Desde el equipo de comunicación de Roberto Meza se informó que están a la espera de las decisiones que tome el gobierno de Guillermo Lasso, por lo que ninguna de las partes interesadas ha revelado a cuánto ascendería esa contratación.

Mientras decurre el plazo, los comisionados han pedido a la Función Ejecutiva información relacionada con el caso, pero hay una inquietud que deberán solventar en las próximas semanas.

Según Moscoso, dependiendo de la llegada del perito al Ecuador y el cronograma que se elabore para la entrega de ese documento, es posible que se pida al presidente Guillermo Lasso que plantee una ampliación del plazo a la Corte Constitucional para cumplir su fallo.

Además del trabajo de este comité, la Corte Constitucional dispuso a la Fiscalía General y a la Contraloría General que investiguen los hechos alrededor de la desaparición de este tercer producto y se sancione a los exfuncionarios “que en su momento fueron responsables del manejo del informe del comité interinstitucional”. Les otorgó un plazo de cinco meses para entregar un informe.

En el trámite de la acción extraordinaria de protección que presentó la Defensoría del Pueblo por denegación de acceso a la información pública, los jueces constitucionales observaron que la información sobre el tercer producto que entregó la Presidencia de la República entre el 2017 y 2021 y el entonces Ministerio de Justicia “es incompleta”.

En tanto que la información que les entregaron tenía “inconsistencias”, pues el tercer producto no contaba con las firmas de responsabilidad y sumillas, y que el “segundo producto concluyó que el delito se relacionó con la delincuencia organizada y precisamente por esta razón, conforme el contrato con el perito, se creó el tercer producto en el que se debía identificar el móvil y a los presuntos responsables del crimen”.

Sin embargo, el tercer producto que se expuso en la administración de Rafael Correa concluyó “que la muerte del general Jorge Gabela fue un delito común, por lo que las conclusiones entre ambos informes serían inconsistentes y la información proporcionada no puede ser catalogada como fidedigna, ya que no tiene aptitud para ser considerada original, creíble y veraz”. (I)