Caso Purga: Pablo Muentes asegura que su estado de salud sigue deteriorándose y pide se le revise la orden de prisión preventiva

Sin una resolución del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena, es como terminaron casi seis horas de audiencia en la que ocho procesados en el caso Purga solicitaron revisión y cambio de la medida cautelar de prisión preventiva ordenada dentro de la causa penal en la que se investiga a 25 personas por el delito de delincuencia organizada.

De la lista inicial de procesados que pedían la revisión de la medida cautelar impuesta era parte la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, pero debido a dificultades en la sala de conexión en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, donde se encuentra detenida, aseguró que no podía ejercer su autodefensa y pidió se difiera la diligencia. El coprocesado Fausto A., también recluido en la cárcel de Cotopaxi se sumó al pedido de Gallardo, pero el juez De la cadena no dio paso a la pretensión.

Finalmente la diligencia se instaló para conocer los argumentos que mantenían Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano; los exjueces del Guayas Alberto L., José P., Henry T. y Guillermo V.; la exfuncionaria judicial, Mirian R.; el primo de Muentes, Fausto A.; y la exdirectora jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), Ruth Catalina S.

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Las defensas de Pablo Muentes y Fausto A. argumentaron que era necesarios se cambie la orden de prisión preventiva que existe sobre ellos y que los tienen en la cárcel de máxima seguridad La Roca, de Guayaquil y en el CPL de Cotopaxi, respectivamente, por una medida de presentación periódica o arresto domiciliario que les permita que puedan ser atendidos médicamente de las enfermedades graves que les aquejan.

En el caso del exasambleísta socialcristiano se habló de las atenciones dadas por una presión arterial que ha sobrepasado niveles normales, que ahora hace que padezca una cardiopatía isquémica y que esté a un paso de un paro cardiaco. Tanto la defensa de Muertes como la de su primo alegan que en los CPL que se encuentran no existe la atención médica necesaria, ni hay la disponibilidad de los medicamentos o las dietas que requieren sus estados de salud críticos.

Según Muentes, en los seis meses que se encuentra detenido ha bajado casi 70 libras de peso y pasó de tomar dos pastillas a ahora tomar catorce. “Puedo hablar porque estoy sedado en estos momentos, (...) me sedan todos los días (...) porque tengo los nervios destrozados. (...) Si tengo que presentarme todos los días y poner un dispositivo, yo acepto lo que me pongan. Yo no voy a huir, yo voy a enfrentar y voy a demostrar mi inocencia en este caso”, sostuvo.

De otra parte, los abogados de Alberto L., José P., Henry T., Guillermo V. y Mirian R. aseguraron que existen hechos nuevos justificados y que han desaparecido las circunstancias que provocaron la orden de prisión preventiva. Todos aseguran que son inocentes y que requieren estar en libertad para defenderse, más no para huir del procesamiento.

Únicamente, la defensa de Ruth Catalina S. fundamentó su pedido de revisión en el peligro quie corre su vida en un CPL, más aún luego de que rindió su testimonio anticipado, en el que nombró a coroneles del Ejército y denunció que personal de las Fuerzas Armadas que estaban en el CPL de Cotopaxi la ‘perseguían’ y la ‘instigaban al sucidio’. Sus abogados pedían que se otorgue a la abogada de 32 años la presentación periódica y prohibición de salida del país, en lugar de la prisión preventiva, que ahora le hace estar en la Casa de Confianza de Chillogallo, en Quito.

La fiscal general Diana Salazar se opuso a siete de los pedidos de revisión y solo apoyo, por un tema de riesgo más que porque hayan desaparecido los elementos de culpabilidad, la solicitud para que se revise la medida de prisión preventiva para Ruth Catalina S. Para esta última procesada en Purga, quien hace parte del Programa de Víctimas y Testigos, la fiscal pidió que se le defina presentación periódica semanal y que se le prohíba salir del país.

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En relación a los restantes procesados, Salazar pidió que se ratifiquen las medidas de prisión preventiva, principalmente, sostuvo, porque aún existe la posibilidad de que estando en libertad obstaculicen el proceso penal y también porque es inminente el peligro de fuga que existe. Además, para la titular de la Fiscalía, la situación jurídica de estas personas en lugar de mejorar o de desaparecerlos elementos de convicción que se han presentado, se ha agravado con el ingreso de información al expediente y datos recopilados en la investigación o proporcionados en los testimonios anticipados.

Varios de los procesados solicitantes intervinieron al final de la audiencia, como parte de su derecho de última palabra, y le pidieron al juez De la Cadena que por “humanidad” les permita defenderse en libertad. Muentes, Fausto A. y Alberto L. apelaron a sus enfermedades para solicitarle al juez les ayude a ‘salvar sus vidas’.

El juez De la Cadena suspendió la diligencia casi a las 15:00 de este miércoles 4 de septiembre, señalando que existía abundante información argumentada, la cual debía ser revisada. Informó que a su debido momento notificará con el día en que se instalará la diligencia para dar a conocer su decisión. Como pedido especial, la defensa de Ruth Catalina S. le dijo al magistrado que la situación que vive su representada amerita que la decisión no demore. (I)