La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el pasado 9 de enero a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, un oficio en el que indicó que procedió a desactivar la solicitud de medidas cautelares del medio digital La Posta contra el Gobierno nacional para la protección de la integridad de su equipo periodístico.

“En esta oportunidad cumplo con indicar al Gobierno de Su Excelencia que la Comisión ha examinado sus registros de solicitudes de medidas cautelares presentadas y, luego de revisar la información disponible en el expediente hasta la fecha, ha concluido que no registra respuesta de la parte solicitante a la más reciente solicitud de información realizada por la CIDH. En ese sentido, en cumplimiento a la Resolución 3/2018, la Comisión procedió a desactivar esta solicitud”, señala el comunicado.

La Posta pidió en agosto del 2023 medidas cautelares para que se ordene al Gobierno del expresidente Guillermo Lasso y al Estado que protejan a nueve personas que participaron en la denuncia del caso Gran Padrino.

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Así lo dieron a conocer sus representantes, Andersson Boscán y Luis Vivanco, en un programa de dicho medio digital transmitido el pasado 29 de agosto de 2023. Los periodistas anunciaron que presentarían “de inmediato” una solicitud de medidas cautelares en Washington (Estados Unidos) a la CIDH para que ordenara al Estado ecuatoriano disponer medidas para la protección de su integridad y la de su equipo de trabajo.

Así también, preveían denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una presunta falta de independencia de funcionarios judiciales de la Fiscalía General del Estado.

El periodista Luis Vivanco explicó que la solicitud de medidas cautelares sería para “nueve personas que participaron en la investigación del caso Gran Padrino”.

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“El equipo está en una situación sensible y teniendo que tomar, en mi caso personal, medidas de seguridad costeadas de forma particular porque el Estado ha sido ausente. Con esta solicitud, señalamos al Gobierno y al Estado porque pone en situación de riesgo a los periodistas y persigue. Señalamos a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los periodistas, no de perseguir a los periodistas”, lamentó Vivanco en esa ocasión.

El comunicador detalló que en el petitorio hicieron un relato de hechos que afectaron el trabajo de sus integrantes y, por ello, solicitaron que, con base en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se pida al Gobierno nacional y al Estado ecuatoriano que adopten “medidas cautelares para prevenir daños irreparables a personas que se encuentren bajo la jurisdicción (ecuatoriana), en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”.

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Además, que se requiera “a la República del Ecuador que, con urgencia que el caso amerita, se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de estas nueve personas. Que se den garantías para que estas nueve personas puedan desarrollar las actividades periodísticas gozando del derecho de libertad de expresión, sin ser objeto de amenazas, hostigamiento y ningún tipo de violencia; que se garantice la vida e integridad personal de las familias de los beneficiarios que indirectamente pueden ser objeto de amenazas”.

También, que se “investiguen los hechos descritos en la petición y se informe sobre cualquier indicio o prueba que se tenga respecto del seguimiento o ataques a los beneficiarios y abstenerse de proferir ataques verbales o amenazas a los miembros de La Posta”. (I)