En medio de acusaciones, amenazas y movilizaciones de lado y lado durante los casi seis meses del nuevo periodo presidencial 2021-2025, el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegaron a un punto muerto en los diálogos sobre los precios de los combustibles, sin que ninguna de las dos partes ceda, hasta el momento.

La Conaie no ha cambiado su posición inicial de pedir la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1158, firmado por el expresidente Lenín Moreno, que establece el sistema de bandas para fijar los precios de los galones de gasolina extra y diésel cada mes. Demanda a la que ahora se agrega el congelamiento de los precios a $ 2,10 y $ 1,50, respectivamente. Si el Gobierno no accede, la implementación de medidas de hecho seguirá siendo la respuesta.

En tanto, aunque el Gobierno ha suspendido el sistema de bandas, no lo ha derogado, y ha congelado los precios con un leve incremento, dejando los galones de gasolina extra a $ 2,55 y el del diésel a $ 1,90, acompañado de un discurso económico con el que intenta posicionar la idea de que si se bajan aún más estos precios, no habrá manera de cubrir parte del déficit fiscal que asciende a $ 4.800 millones.

Gobierno no garantiza rebaja de los precios de los combustibles

El camino para llegar al punto de darse de 15 a 21 días para volver a revisar cifras y analizar las propuestas de la Conaie y de otras organizaciones sociales como el Frente Popular, el Feine y la Fenocin, sin que exista garantía de que finalmente el Gobierno vaya a realizar una rebaja, ha estado marcado por un enfrentamiento político de palabras y acciones que han subido de tono, cada vez más.

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La presión social sobre este tema data de octubre del 2019 pero, para el nuevo gobierno, empezó 18 días después de la posesión de Guillermo Lasso como presidente de Ecuador: el 11 de junio, el entonces presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, organizó en su provincia una manifestación exigiendo la derogatoria del decreto y la rebaja de los precios de los combustibles.

Desde esa fecha hasta hoy y una vez que Iza ganó la presidencia de la Conaie, el Gobierno ha enfrentado tres movilizaciones: 11 de agosto, 15 de septiembre (convocada por el Frente Unitario de Trabajadores - FUT) y 26 de octubre; y también ha realizado una el 20 de octubre.

Han ocurrido tres encuentros: el 20 de agosto entre mandos medios de lado y lado y sin acuerdos, el 4 de octubre entre Iza y otros dirigentes con Lasso, sin acuerdos sobre combustibles; y el 10 de noviembre con “mucho avance”, según Iza, pero sin acuerdo sobre combustibles. Además, las acusaciones: Lasso ha acusado a Iza de “conspirador” contra la democracia e Iza le ha respondido que está viendo “fantasmas” donde nos los hay y que se acoge al derecho a la resistencia.

Gobierno y organizaciones sociales no llegan a acuerdo sobre precio de combustibles, se dan de 15 a 21 días para volver a reunirse

Sobre el estado de la situación, el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Fuertes, manifiesta que un gobierno que actúe responsablemente no puede desembocar en prácticas de populismo económico simplemente por evitarse conflictos sin considerar las repercusiones que una decisión puede generar en diversos órdenes, y tampoco se puede perder de vista que hay de por medio una serie de indicios que tienden a sospechar que hay propósitos de desestabilización; por lo que hay que mirar las dos esferas: el impacto social de la estabilidad económica y la estabilidad democrática.

“En el interior del Gobierno se está efectuando una valoración rigurosa, porque hay que entender que en el evento de una modificación a lo que se determinó para suspender el incremento mensual de los precios, eso va a implicar la necesidad de hacer una revisión de las cuentas fiscales y alguna cuenta tendrá que verse afectada, alguna inversión es muy probable que tenga que verse menguada y allí también habrá que hacer una valoración”, dice el funcionario.

Fuertes agrega que resulta paradójico que, por una parte, desde los propios sectores sociales se insista en la necesidad de una mayor participación del Estado en prestación de servicios y construcción de obra pública, que se reclame cuando no se destinan más recursos para salud, educación y otras áreas, y que, paralelamente, a través de las exigencias como rebaja de los precios de los combustibles se complique la situación fiscal y se disminuyan los ingresos del Estado con los cuales se financian todas esas demandas.

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Tres de las seis demandas planteadas por grupos sociales fueron acogidas por el Gobierno

La catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y analista política, Saudia Levoyer, expresa que el diálogo es una construcción de años, que en una negociación las partes ceden y ambas partes tienen que sentir que ganaron algo, si no, no funciona. “En este caso, si en quince días vuelve a haber un bloqueo, pues tendrán que seguir intentando conversar”.

“Si hay una paralización adicional de los indígenas ya es responsabilidad de los indígenas, porque yo creo que hay mucho malestar también frente a la gente que sí está en una actitud de que a ver, bajemos un poquito la bronca y trabajemos, porque la crisis que más afecta ahorita es la crisis económica (...) Este es un proceso que no se va a resolver fácil ni rápidamente, eso sabía el Gobierno desde el principio, que no iba a ser un gobierno sencillo y hay que ir viendo cómo van evolucionando las cosas”, señala.

Levoyer añade que el diálogo debe transparentar mucha información, basada en hechos reales, con preguntas sobre si rebajar el precio de los combustibles en estos momentos va a garantizar que bajen los precios de los productos; qué es lo más conveniente ambientalmente, en cuanto al uso de los combustibles; y a quién benefician los subsidios.

El titular de la cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la paz, de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Roberto Beltrán, sostiene que los procesos de diálogo sobre todo en el ámbito político tienen una característica: a las partes les gusta mostrarse externamente como “muy radicales”, que cuando se habla de una mesa de diálogo, obligatoriamente tiene que haber una metodología: un proceso, unos expertos en procesos de diálogo, una agenda, y que “podríamos pensar que hay una agenda propia entre Gobierno y organizaciones sociales que no sea pública, pero que sí se esté trabajando”.

“Sí es preocupante el hecho de que una de las partes en negociación amenace, eso habla poco de una vocación dialogante; de hecho, dialogar no significa que se va a llegar a un acuerdo. Lo ideal sería que esa voluntad de diálogo al menos se manifieste durante el proceso, a menos que se lo declare fracasado (...) Necesariamente la negociación colaborativa nos lleva a ceder de parte y parte”, indica.

Beltrán indica que se necesita un convocante reconocido por las dos partes como Naciones Unidas, por ejemplo; la identificación y la definición de actores representativos que serán parte del diálogo; y la resolución de los temas desde los más sencillos hasta los más complejos. (I)