Consulta popular de Daniel Noboa recibe cuestionamientos y calificativos de innecesaria e intrascendente en la Asamblea Nacional

La propuesta de consulta popular planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa, recibió varios cuestionamientos en la Asamblea Nacional. Para unos legisladores es innecesaria, porque ya están regladas las atribuciones de la fuerza pública en materia de seguridad. Otros consideran que faltaron preguntas, y también hubo críticas al retorno de la operación de casinos.

Todos, incluidos los asambleístas de Gobierno, desconocían anticipadamente el contenido, por lo que esperan entrar a un análisis de los anexos y además esperarán el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que debe determinar la constitucionalidad de la propuesta.

Estas son las once preguntas de la consulta popular que planteó Daniel Noboa para revisión de la Corte Constitucional

El jefe de la bancada de Construye, Camilo Salinas, manifestó que, si bien los asambleístas no han tenido tiempo para un análisis en profundidad de las once propuestas, la primera impresión es que faltaron algunas preguntas, como qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por qué no se elimina esa institución que poco aporta a la transparencia y la gobernabilidad, así como la eliminación del Consejo de la Judicatura y una reforma carcelaria puntual, que es necesaria.

Muchas de las preguntas planteadas en la consulta bien se pueden tramitar en la Asamblea Nacional, como la extradición de delincuentes. Eso es lo principal que no se incluye, protestó.

Respecto a materia de seguridad, resaltó que miran con positividad la pregunta que permite a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el uso de las armas decomisadas a la delincuencia organizada, y además dijo que es positivo que no se investigue a la fuerza pública cuando haga uso progresivo de la fuerza.

Con respecto al planteamiento sobre el retorno de los casinos al país, advirtió que ese será el justificativo para el lavado de activos, pues existen $ 6.000 millones de dineros ilícitos que están lavándose en el país, cuando se pudo hablar de la ley de extinción de dominio para recuperar los dineros públicos mal habidos.

La legisladora Rosa Baltazar, del movimiento Pachakutik, manifestó que esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es la encargada de revisar que esas preguntas cumplan los requisitos que establece la Constitución. Pero destacó que hay varias preguntas que tienen relación directa con la decisión que la Asamblea Nacional ya ha tomado en lo referente a que los militares acompañen efectivamente a los policías en todo lo que es el enfrentamiento al crimen organizado. Por lo tanto, dio las herramientas y ahora está en la Corte Constitución para señalar si cumplen los requisitos.

Recordó que Pachakutik votó a favor para que los militares protejan la vida, la propiedad privada y las comunidades; por lo tanto, estarán “a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional”, subrayó.

En torno a la pregunta once, sobre el retorno de los casinos, Baltazar dijo que tendrán un análisis particular del tema. Consideró que al Ejecutivo le faltó incluir varias preguntas.

El jefe de la bancada socialcristiana, Vicente Taiano, se comprometió a revisar todo detenidamente, porque esto no pasa solo por el texto de las preguntas, sino por entender el alcance de los anexos.

Dijo que es rescatable el hecho de que se busca aportar en materia de seguridad, pero también hay otras temáticas que no se incluyeron a pesar de que personalmente remitió una carta al presidente Daniel Noboa para que se tomen en cuenta, como la generación de empleo.

Recordó que en el documento entregado a la Presidencia de la República se incluyó una respetuosa sugerencia en el sentido de que se podría preguntar la eliminación del Consejo de la Judicatura, la eliminación de la restricción para el arbitraje internacional, entendiendo que como país se necesita inversión extranjera, y también plantearon la inclusión de una pregunta sobre la contratación por horas. Para un pronunciamiento formal del PSC se tomarán el tiempo necesario.

Recordó que en la consulta planteada por el presidente Noboa Azín hay temáticas en materia penal que están siendo tratadas de manera unificada en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, como por ejemplo la revisión de penas en delitos graves, como extorsión, secuestro y vacunas, y eso el Legislativo debe continuar procesando, así como la reforma de que quienes cometan esos delitos execrables cumplan la totalidad de la pena en la cárcel y no se acojan a un beneficio penitenciario.

En lo tocante a la pregunta de los casinos, dijo que esperan conocer el fondo de la propuesta y la línea de razonamiento que tendrá la CC, así como el Ejecutivo, para entender cuál es el sentido profundo de haber planteado esta pregunta.

Jueza Teresa Nuques será ponente de la consulta popular de Daniel Noboa en la Corte Constitucional

De parte de la bancada correísta, Revolución Ciudadana (RC), los legisladores Leonardo Berrezueta y Gisella Garzón coincidieron en señalar que con la sola aplicación de la Constitución y las leyes que existen en este momento tranquilamente todo lo que está planteando el presidente Noboa se podía ejecutar hoy mismo; lo que se necesita es voluntad política del Ejecutivo y reunir al gabinete de seguridad, además de establecer directrices con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado.

Berrezueta recordó que el espíritu de la pregunta 11, referente a levantar la prohibición de los casinos, realizada en el 2011, en el gobierno de Rafael Correa, fue evitar dos problemas: el lavado de activos y la ludopatía como un tema de salud pública. Hoy se vuelven a incluir en una consulta popular donde se habla de todos los temas de seguridad y, de pronto, se pone un tema de casinos que no tiene nada que ver con la seguridad. Si la razón es generar empleo, es una pregunta absolutamente innecesaria e impertinente que no tiene sentido; ahí no está la solución del empleo ni la solución en el tema de seguridad. Más bien se presta al lavado de activos.

“En conclusión, esto ya está legislado. Me parece que es innecesaria una consulta popular que gaste $ 60 millones para poder establecer obviedades. Por lo tanto, el presidente de la República está desperdiciando la oportunidad política de poder llamar al pueblo ecuatoriano a una reestructuración total en materia de la justicia y una reestructuración en el manejo de las cárceles”, señaló Berrezueta.

Adrián Castro, asambleísta del bloque de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), indicó que recién revisarán las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa, y se espera el dictamen de la Corte Constitucional. Con ello, el bloque ADN tendrá un pronunciamiento oficial, dijo.

Sin embargo, señaló que algunas de esas preguntas constituyen un mensaje potente a la Asamblea Nacional para que afronte definitivamente los problemas a través de reformas penales y penitenciarias, y muestra de aquello es que la Asamblea hace una semana dio paso a la reforma al art. 158 de la Constitución, que significa que los militares deben salir a trabajar en la seguridad de las fronteras, las calles y centros penitenciarios del país. (I)