Un “choque anafiláctico y una dermatitis atópica” fue el cuadro clínico que el abogado del exvicepresidente Jorge Glas dijo le impedía acudir a la audiencia en la que la Fiscalía General del Estado iba a formular cargos por el delito de peculado contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

Ese hecho obligó a que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, la mañana de este miércoles 6 de septiembre, para no vulnerar el derecho a que todo procesado tiene para mantener un abogado de confianza como su defensa, decidió diferir la audiencia en la que se iba a formular cargos ante la existencia de un acto de corrupción en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016.

La fiscal general Diana Salazar ha dicho que en 2019 la Contraloría determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, obra a la que se destinaron fondos provenientes de la Ley de Solidaridad.

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Antes de la decisión del juez, Salazar rechazó el documento con el que el abogado de Glas, Andrés Villegas Pico, informó a la sala de su situación de salud. El rechazo principalmente estaba dado por varias inconsistencias, entre ellas, que el informe médico no estaba avalado por una instancia de salud pública o del Seguro Social, sino que únicamente el documento de una clínica, de fecha 4 de septiembre, estaba firmado por un médico particular.

La fiscal Salazar pidió que se verifique la originalidad del documento antes de decidir cualquier cosa y dijo que creía que lo definido en ese resumen médico correspondía a una alergia, cuadro que para la fiscal general tranquilamente le permitía al abogado acudir a la diligencia. Para la funcionaria se estaba evidenciando un afán por dilatar la formulación de cargos y evadir así a la justicia. Tres días de reposo médico definió el galeno que revisó a Villegas Pilco.

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Del lado contrario, los abogados defensores de Carlos Bernal y Pablo Ortiz, José Luis Chica y Gustavo García, respectivamente, dejaron que sea el criterio del juez nacional quien dirima este hecho. Pese a ello, García recordó que es un derecho de todo ciudadano investigado a contar con un abogado de su confianza, el cual tenga conocimiento del expediente. En esta causa, la Fiscalía colocó en la sala 47 cuerpos que compondrían de arranque el expediente por peculado.

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Finalmente, el defensor público Diego Jaya dijo que la norma no le permite defender a un procesado que ha definido a un representante legal y que no ha sido declarado en indefensión. Además, reconoció no estar preparado para asumir la defensa de Glas, esto ante la pregunta del juez Rivera de si conocía sobre el expediente existente.

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La decisión final fue diferir la diligencia, no sin antes solicitar que el representante de la Defensoría Pública que asista a la próxima convocatoria, es decir, Diego Jaya, debe “inteligenciarse” sobre los más de 40 cuerpos que integran el expediente, para que así pueda representar a Jorge Glas, si vuelve a no tener una defensa técnica, o si algún otro de los investigados no tiene a su abogado de confianza en el próximo llamado.

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Las complicaciones para instalar esta audiencia de formulación de cargos se ha dado desde el momento en que la Fiscalía pidió a la CNJ una fecha para dar a conocer los elementos de convicción “suficientes” que mantenía contra estos tres exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Por ejemplo, el juez Rivera definió una primera fecha para la formulación de cargos que fue diferida y luego de varios meses se dispuso una segunda fecha para la audiencia solicitada.

A la salida de la diferida audiencia, Salazar señaló que todos los presentes han evidenciado los hechos que se están dando en este caso. Carlos Bernal fue el único de los tres investigados que asistió a la audiencia. Lo hizo vía telemática.

Obras tras terremoto de Manabí

Ya respecto al caso, Salazar ha explicado que el proyecto vial Manta-Colisa, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.

Sobre ese tema, la defensa de Pablo Ortiz, Gustavo García, insiste en que en este caso no existe el tipo penal de peculado que se quiere imputar a los tres investigados. Cree que no existe delito porque entre los elementos constitutivos del tipo penal está la disposición arbitraria de los fondos públicos, y en este caso, según él, lo que se está diciendo desde la Fiscalía es que esos fondos servían para la emergencia y no para la reconstrucción.

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“Creo que la reconstrucción también es desarrollar el aparato productivo y ahí está la discusión. No existen de ninguna manera sobreprecios, no existe el que no se haya hecho obras importantes, sino que se dice que no se tenían que hacer ciertas obras porque no eran necesarias. Eso es subjetivo. La reactivación productiva después de cualquier desastre es importante”, afirmaba García, resaltando que en ese punto es donde se aclarara su defensa. (I)