A la Corte Constitucional (CC) se pidió actuar frente a un nuevo posible incumplimiento del dictamen interpretativo de mayo del 2019, que impide revisar las resoluciones del extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS-T).
Se trata del titular encargado de la Defensoría Pública General, Ángel Torres Machuca, quien ingresó un escrito a la Corte Constitucional en el que denuncia que, a través de una acción de protección se pretendería retirarlo del cargo en el que lleva prorrogado por cinco años, mientras el concurso público para nombrar a una nueva autoridad sigue estancado.
Torres fue designado como defensor público encargado el 31 de agosto de 2018, por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que, si bien llevó a cabo un concurso público para elegir a un titular, lo declaró desierto.
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El 27 de octubre de 2023, el defensor público alertó a los jueces constitucionales que se pretende revisar la decisión del Transitorio, incurriendo en un posible incumplimiento del dictamen interpretativo 2-19-IC.
Según Torres, una ciudadana identificada como Evelin Talledo Cobena presentó una acción de protección en la Unidad Judicial Multicompetente de Pedernales (Manabí) para que ordene al actual pleno del Consejo de Participación Ciudadana cumplir una resolución del 2019 del Consejo de la Judicatura y se designe un «defensor público general subrogante y como tal a cargo de la Defensoría Pública».
El recurso jurisdiccional está en trámite en el despacho del juez, Rubén Báez Quishpe, de la Unidad Judicial Multicompetente de lo Civil y lo Penal de Pedernales, pero hasta el momento no se ha producido la audiencia para sustanciarlo.
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«Es evidente que en el hipotético caso de que el juez multicompetente acoja lo solicitado, el destinatario que debería acatar dicha pretensión sería el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual, para lo cual necesariamente debería revisar y revocar una resolución emitida por el Consejo Transitorio lo que está totalmente prohibido por el ya tantas veces nombrado Dictamen Interpretativo», subrayó Torres en su escrito.
En ese sentido, exhortó a la Corte a actuar de acuerdo con sus facultades legales y constitucionales.
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Su petición la hizo tomando en cuenta que la CC tiene abierta la fase de seguimiento del cumplimiento de dicho dictamen en contra de los vocales del mismo CPCCS, luego que en la administración de Alembert Vera y con el apoyo de los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto se dio paso a la revisión de las calificaciones obtenidas por Diana Salazar, en el concurso público en el que fue electa titular de la Fiscalía General del Estado, atendiendo una queja del colectivo Acción Jurídica Popular que la acusó de plagiar textos de su tesis universitaria y de un artículo indexado.
También, por amparados en una acción de protección, formar una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar la elección de los jueces de la Corte Constitucional.
Por estas acciones, los jueces procedieron con la destitución de Alembert Vera Rivera, de su cargo de consejero y presidente del actual CPCCS y de uno de sus colaboradores, Ismael Merizalde, excoordinador jurídico.
Además, dispuso al CPCCS dejar sin efecto y archivar todas las actuaciones administrativas que hayan tenido relación con la queja presentada en contra de Diana Salazar y para la creación de la veeduría ciudadana.
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En su auto de verificación del 6 de octubre del 2023, los altos magistrados recordaron que: «El resultado del referéndum de 4 de febrero de 2018, respecto al periodo de transición del CPCCS, y el contenido del dictamen interpretativo 2-19- IC/19, son de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y servidores públicos. Su incumplimiento acarreará responsabilidades conforme la Constitución y la Ley».
CPCCS presentó acción de incumplimiento en la CC y concurso para elegir un defensor no avanza
De forma paralela a este escrito de Torres, el Consejo de Participación Ciudadana presentó una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional por la existencia de dos fallos de acciones de protección que mantienen estancado el concurso público para la elección del titular de la Defensoría Pública General.
En abril del 2023, el CPCCS que presidió Gina Aguilar, cesó en funciones a los diez miembros de la comisión ciudadana que organizaba el concurso y desde entonces, no se ha retomado por falta de tres comisionados y las acciones de protección, a la que se suma esta acción de incumplimiento.
El recurso se sustenta en que hay dos fallos judiciales en los que «uno manda y otro prohíbe» configurando una «antinomia» jurisdiccional.
Una acción de protección la tramitó un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que retrotrajo la elección de la autoridad a la etapa de admisibilidad para que inicie la revisión de los requisitos legales de 55 personas que se inscribieron en noviembre del 2022.
Otro recurso lo tramitó la jueza, Jenny Freire Arias, de la Unidad Judicial de Quevedo (Los Ríos) en la que ordenó que ningún otro juez, autoridad administrativa o comisionado realice cualquier acto para paralizar o suspender el normal desarrollo de la elección.
La acción de incumplimiento planteada por el CPCCS recayó en el despacho de la jueza Teresa Nuques, quien deberá analizar el caso y elaborar el proyecto de sentencia para conocimiento y resolución de sus colegas.
Mientras tanto, la jueza Jenny Freire, determinó que se incumplió su fallo de enero del 2023 y ordenó a los vocales del CPCCS que en el término de 48 horas reanuden el concurso público «dejando sin efecto cualquier acto o disposición que suspenda, retroceda o retarde el normal desarrollo».
Dispuso que la elección se retome desde la «fase más avanzada a la que se haya llegado» desde el «examen práctico y la fase de impugnación».
La jueza impuso a los siete vocales una multa compulsiva progresiva y diaria de la quinta parte de una remuneración básica a partir del 25 de octubre hasta la reanudación del concurso.
Sobre estas medidas, el CPCCS no se ha pronunciado. (I)
