La Corte Constitucional (CC) negó los pedidos de varios actores para ser escuchados en la audiencia pública de seguimiento al Dictamen 2-19-IC/19, que blindó las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t). En cambio, el organismo aceptó la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.