La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa para analizar la presunción de hechos irregulares en las actuaciones de la comisión ciudadana de selección que organiza el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado.

El organismo habría abierto el proceso investigativo por el cometimiento del delito de presunto fraude procesal, en el que uno de los observados sería el presidente de la comisión, Marco Chalco, y como parte de las diligencias se había solicitado información de los otros comisionados, Carmen Atupaña, Melisa Cabrera, Janeth Ojeda y Lenin Uquillas, que representan a la ‘ciudadanía’.

Los otros cinco son delegados de las funciones del Estado, entre los que están Raúl Guaña, de la función de Transparencia; Maribel Baldeón, de la Electoral; Eugenia García, de la Judicial; Jhossueth Almeida, de la Ejecutiva; y, Nary Galarza, que representa a la cesada Asamblea Nacional.

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De acuerdo con el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el fraude procesal corresponde a la «persona que con el fin de inducir a engaño el juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años».

Y agrega: «con igual pena será sancionado quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos».

Aunque la Fiscalía no se ha pronunciado sobre el proceso, se conoció extraoficialmente que se debería a la presentación de una denuncia ciudadana, por lo ocurrido en la sesión del 12 de septiembre, cuando la comisión aprobó el informe de calificación de méritos de 103 concursantes.

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En esa plenaria, el presidente Marco Chalco propuso revisar las notas que se le otorgaron al postulante Guido Escobar Pérez, porque a su criterio su carpeta estaba «sobrevalorada», pues había alcanzado 50/50 puntos en sus méritos sobre el ítem de experiencia profesional. Le redujeron diez puntos en sus méritos.

Con ello, los candidatos Alejandra Vivanco Carrión, exfuncionaria de la Contraloría entre 1997 y 2017, subió al primer lugar con 49,5/50; y le sigue Juan Falconí Puig, exsuperintendente de Bancos en el 2000 y exdiplomático en el gobierno de Rafael Correa.

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Los demás concursantes alcanzaron notas de 45 puntos hacia abajo.

La moción de revisar el expediente planteada por Chalco se aprobó con los votos de él, Galarza, Ojeda, Uquillas, Cabrera y Atupaña.

Baldeón y García se pronunciaron en contra y argumentaron que se estarían vulnerando derechos del postulante y que era un acto discriminatorio; mientras que los comisionados Almeida y Guaña no asistieron a esa sesión.

En la actualidad, el concurso público está suspendido por la vigencia de una medida cautelar que dictó el juez Jorge Medina, de la Unidad Judicial de Bucay (Guayas), antes de sustanciar una acción de protección interpuesta por una ciudadana identificada como Jennifer Díaz Ortiz.

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Ella alegó la vulneración de derechos constitucionales y responsabilizó de «omisión» al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y su presidente, Alembert Vera, por no observar las actuaciones de los comisionados.

La audiencia pública en la que se escuchará a los accionantes y accionados está convocada para el próximo 26 de septiembre.

Con la medida cautelar se dejó en suspenso la rendición del examen de conocimientos para los 103 candidatos que compiten por el cargo y que estaba prevista a realizarse el 19 de septiembre pasado. Esta es una de las penúltimas etapas, previo a proceder con la designación de la nueva autoridad.

Trascendió que se realizarían allanamientos a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana, pero se informó que la institución se encontraba funcionando con normalidad.

En el interior del CPCCS hay personal de la Policía Nacional que resguarda el banco de 2.000 preguntas que elaboró un equipo de catedráticos para cuando los concursantes deban rendir su prueba escrita. (I)