El tortuoso camino de los últimos tres años para elegir a un nuevo contralor del Estado

La elección de un nuevo rostro que dirija la Contraloría General del Estado está a dos fases de concluir, con el examen escrito a 103 candidatos y las recalificaciones de las notas obtenidas en méritos y esta prueba, con lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se alista a designar a la autoridad que obtenga el mejor puntaje. Aunque, el concurso público se enfrenta a una nueva suspensión por una acción de protección.

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Para llegar a esta etapa, casi final, los últimos tres años han implicado un recorrido tortuoso caracterizado por problemas legales, pugnas políticas, acciones de protección, con una reciente que suspendió el concurso de selección con una medida cautelar cuando la comisión ciudadana se prepara a tomar el examen de conocimientos a los 103 candidatos.

Desde junio del 2017, la Contraloría se vio sumida en una crisis institucional que se originó en la renuncia de quien era su contralor, Carlos Pólit Faggioni, por su participación en la trama de corrupción del internacional caso Odebrecht.

Llevaba tres meses como contralor reelecto para el periodo 2017-2022, pero huyó a Miami (Estados Unidos) desde donde informó de su renuncia a la Asamblea Nacional, que lo censuró en un juicio político; y es considerado un prófugo de la justicia ecuatoriana, pues fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de concusión.

Lo sucedió Pablo Celi de la Torre, quien se vio envuelto en un bochornoso hecho en el 2017, cuando arranchó de las manos de un exfuncionario una acción de personal en la que Pólit nombraba a Sabett Chamoun como contralora subrogante. Él rompió ese papel y asumió funciones.

Luego, Celi fue ratificado como contralor subrogante por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición (CPCCS-t) que en mayo del 2019 emitió una resolución en la que dispuso que «esté en funciones hasta que se acabe el periodo para el que fue designado» Carlos Pólit. Es decir, hasta marzo del 2022.

Esa resolución y otras que suscribió el transitorio, relacionadas con la cesación y designación de autoridades de varios entes de control del Estado, fueron blindadas por la Corte Constitucional con un dictamen interpretativo.

No obstante, Celi también se vio salpicado por hechos de corrupción. El 13 de abril de 2021 fue detenido por delincuencia organizada y sumergió a la Contraloría en otra crisis.

Preso en la Cárcel 4 de Quito, el 14 de abril de ese año, nombró a Valentina Zárate como contralora subrogante, quien renunció dos meses después.

Celi también renunció porque seguía preso y la Contraloría informó el 25 de junio que ascendió Carlos Riofrío González, por ser un funcionario de carrera y fue quien completó el periodo de Pólit.

Ahora, Riofrío lleva prorrogado 17 meses en funciones, debido a que el anterior pleno del Consejo de Participación Ciudadana no agilitó la elección del contralor titular.

El reglamento para elegir al contralor ha sido la génesis de las pugnas políticas y legales que permanecen hasta la actualidad.

En el 2021, evocando la participación y, supuestamente, para no repetir la historia de Pólit, la expresidenta del Consejo, Sofía Almeida, convocó a la ciudadanía a presentar propuestas de artículos para elaborar un rígido reglamento.

La norma se aprobó en una sesión del 18 de julio, pero esas iniciativas ciudadanas no se conocieron ni tampoco se sabe si fueron incluidas como artículos.

Los votos fueron de los exconsejeros Almeida, David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán; en la oposición, de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, quienes cuestionaron que el articulado era similar al que se usó en los anteriores concursos con los que Pólit fue elegido.

Con el reglamento listo, en octubre del 2021, se convocó a integrar la comisión ciudadana, que es la encargada de organizar el proceso.

La Contraloría es considerada como la «joya de la corona» como solía decir la exconsejera Ibeth Estupiñán, pues se encarga de observar el buen uso de los recursos públicos y sancionar su mal uso.

Fue así, como un 9 de febrero de 2022, el Consejo fue escenario de la discordia. Ese día, el edificio en Quito estaba resguardado de policías, pues un nuevo bloque de mayoría se conformó entre Ulloa, Rivadeneira, Bravo y al que se sumó Estupiñán, quienes se autoconvocaron a una sesión y removieron a Almeida y Rosero de la presidencia y la vicepresidencia.

Almeida se atrincheró varios días en el despacho de la presidencia, se tramitaron acciones de protección que favorecieron lo actuado por la mayoría y Ulloa asumió como presidente y Rivadeneira vicepresidenta. La primera acción fue reformar los reglamentos para elegir autoridades, en especial el de contralor.

El 17 de febrero se aprobó la nueva normativa que incluyó una prueba práctica para los postulantes, eliminó la posibilidad de que puedan conocer las preguntas para el examen escrito dos días antes; o que el secretario de la comisión ciudadana sea electo de una terna enviada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros.

Esta nueva mayoría justificó que sí podían reformarlo porque no se había convocado al concurso y que recién se integraba la comisión ciudadana.

Pero sus estrategias fueron un motivo para las bancadas de la cesada Asamblea Nacional, del correísmo en UNES y del Partido Social Cristiano (PSC), para llevar a esa mayoría a un juicio político.

Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán fueron censurados y destituidos el 18 de noviembre del 2022. Aunque, un exjuez de La Concordia, Ángel Lindao, trató una acción de protección y les restituyó en sus cargos.

Previamente, el pleno que presidió Hernán Ulloa posesionó, el 28 de octubre, a los diez miembros que actualmente integran la comisión ciudadana y ofrecieron un nuevo contralor en mayo del 2023.

En noviembre del 2022 se convocó a la ciudadanía a postularse y 118 personas fueron admitidas en medio de críticas, pues unos 60 de ellos incumplieron con varios requisitos, como la presentación de la declaración juramentada.

La comisión decidió subsanar los documentos que les faltaban alegando la «proparticipación» y finalmente, quedaron 103 aspirantes habilitados.

En esa coyuntura, el CPCCS se enfrentó a un nuevo revés. La Corte Constitucional dio seguimiento de una de sus sentencias y determinó que se había incumplido con la elección del vocal faltante del Consejo de la Judicatura. El 23 de enero de 2023 destituyó a los siete exvocales.

La comisión suspendió sus actividades hasta que el anterior legislativo posesione al nuevo pleno del Consejo al que se integraron consejeros suplentes de los suplentes y eligieron a Gina Aguilar como presidenta.

El concurso no avanzó y, al contrario, se aletargó por una acción de protección que aceptó un juez de Rumiñahui (Pichincha), Diego Gómez, quien ordenó en abril pasado que se retrotraiga a la etapa de verificación de requisitos y se descalifique a quienes los incumplían.

Dejó sin efecto el reglamento del periodo de Ulloa y mandó a que se use el reglamento que se aprobó en el periodo de Sofía Almeida, al que el juez le aumentó puntaje por equidad de género: un punto por ser mujer.

El Consejo, que presidió Aguilar, dispuso que se elabore un informe jurídico previo a aplicar la sentencia, pero el 14 de mayo se dio el cambio de autoridades, tras los comicios seccionales y del CPCCS del 5 de febrero y se posesionaron Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Alembert Vera, quien es el presidente.

Este cuerpo colegiado dio trámite al fallo y codificó la norma en junio pasado, aunque no se descalificó a los postulantes incumplidos, por lo que todos fueron habilitados a continuar participando.

La comisión siguió y convocó a la impugnación. Se tramitaron cinco objeciones a cuatro postulantes y ninguna fue aceptada.

Los 103 concursantes pasaron a la calificación de méritos sobre 50 puntos y este 12 de septiembre, con seis votos de un bloque de mayoría, se aprobó el informe en el que hay dos candidatos con alto puntaje: Alejandra Vivanco, exfuncionaria de la Contraloría con 49,5/50 y Juan Falconí Puig con 47, exsuperintendente de Bancos y exdiplomático en el gobierno de Rafael Correa.

Este informe levantó dudas y reclamos en los postulantes con menor puntaje, incluso de las comisionadas Maribel Baldeón y Eugenia García, delegadas de las funciones Electoral y Judicial, en ese orden, quienes alertaron de vulneración de derechos y discriminación.

Esto porque el presidente, Marco Chalco, apoyado por cinco comisionados resolvieron revisar la calificación del postulante Guido Escobar Pérez, quien había tenido 50/50.

Dijeron que su carpeta está «sobrevalorada» y en la experiencia laboral le redujeron 10, quedando en 40/50.

Para detener su avance, una ciudadana, Jenniffer Díaz Ortiz, planteó, el jueves último, una acción de protección con medida cautelar y el juez Jorge Medina, de la Unidad Judicial de Bucay (Guayas) la aceptó y suspendió el concurso hasta resolver el fondo de la acción, en la que se responsabiliza al pleno del CPCCS y su presidente de no vigilar los actos de la comisión en la que se estarían «violentando derechos constitucionales», según la demandante.

Alembert Vera aseguró el viernes último que no han sido notificados de esta medida cautelar y advirtió que no suspenderá el concurso. Pero este sábado, el juez volvió a notificar e incluyó al presidente de la comisión, Marco Chalco, para que «no se alegue algún vacío para justificar el incumplimiento» de su sentencia.

Los previno que desde el 14 de septiembre que dictó medidas cautelares está «suspendida cualquier actividad» que se realice «careciendo de valor jurídico cualquier acto que se lleve cabo».

Se estimaba que la autoridad estaría electa en octubre; pero con esta acción de protección esos plazos se extenderán, pues la audiencia para resolverla está convocada para el 26 de septiembre.

Quien obtenga el más alto puntaje será designado contralor por el pleno del CPCCS y tendrá que esperar que estén en funciones los 137 legisladores de la Asamblea, electos de los comicios anticipados.

Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, en diciembre se entregarían las credenciales a los nuevos legisladores, debido a que los ecuatorianos migrantes en el exterior volverán a las urnas el 15 de octubre para votar por asambleístas nacionales y del exterior, al anularse el sufragio por fallas en el sistema del voto telemático. (I)