Por efecto de una medida cautelar, el concurso público para la elección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado estará suspendido hasta que se resuelva una acción de protección planteada por una ciudadana, Jeniffer Díaz Ortiz, en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al que acusa de no vigilar las actuaciones de la comisión ciudadana de selección que lleva a cabo el proceso.

Este 14 de septiembre, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Bucay (Guayas) Jorge Medina Brown admitió a trámite un recurso de acción de protección interpuesto por Jeniffer Díaz Ortiz en contra del concurso público que lleva a cabo una comisión ciudadana de selección del titular de la Contraloría.

Como parte del trámite, el magistrado aceptó el pedido de medidas cautelares, con lo que suspendió el avance del concurso público hasta resolver sobre la acción constitucional.

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Esto ocurre luego que la comisión ciudadana aprobó el informe de calificación de méritos de 103 postulantes que compiten por ese cargo y se alistaba para tomar el examen escrito, previsto para el 19 de septiembre en un colegio de Quito, que es la penúltima fase como parte de esta elección de autoridades del Estado.

“Acepto la solicitud de medidas cautelares y de manera provisional se suspende de forma inmediata el concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, hasta que se resuelva el fondo de la presente acción de protección”, señaló el juez en su fallo.

La audiencia pública para resolver sobre el recurso constitucional la fijó para el 26 de septiembre a las 11:00 de manera virtual.

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En el proceso, la demandante señaló que existen “actos violatorios de los derechos constitucionales” en el concurso de elección de esta autoridad, que serían cometidos por la comisión ciudadana de selección y por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al que responsabilizó en “su omisión de no vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de esta comisión ciudadana de selección, tal como lo ordena el numeral 9 del artículo 208 de la Constitución”.

El pasado 12 de septiembre, en horas de la noche, la comisión ciudadana aprobó con seis votos a favor el informe de calificación de méritos de los 103 postulantes; hubo dos abstenciones de las comisionadas Maribel Baldeón y Eugenia García, delegadas de las funciones Electoral y Judicial, respectivamente, quienes alertaron de vulneraciones y discriminación en el procedimiento de calificación.

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En tanto, los comisionados Raúl Guaña y Jhossueth Almeida, delegados de la función de Transparencia y del Ejecutivo, en su orden, no asistieron a la plenaria.

Del informe se desprende que los postulantes que alcanzaron más altos puntajes son Alejandra Vivanco Carrión, con 49,5/50 puntos, y Juan Falconí Puig, con 47 puntos. Otras ocho personas obtuvieron entre 45 y 40 puntos; los 93 restantes, de 39 para abajo.

La decisión se dio en medio de inquietud y reclamos, porque uno de los concursantes, Guido Escobar Pérez, había alcanzado 50/50 puntos en la revisión de sus méritos.

El presidente de la comisión, Marco Chalco, mocionó que se revisara su carpeta y, con el apoyo de sus colegas, Janeth Ojeda, Carmen Atupaña, Melisa Cabrera, Lenin Uquillas y Nary Galarza (delegada de la cesada Asamblea Nacional), se efectuó el procedimiento y le bajaron diez puntos.

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Se argumentó que hubo errores en la puntuación respecto del ítem de experiencia laboral, ya que se habrían otorgado puntos sin justificación.

Así también, una de las comisionadas, Melisa Cabrera, a pocos minutos de aprobar dicho informe, anunció que se había equivocado en la calificación de uno de los concursantes, Xavier Torres Maldonado, y que el puntaje de 41,5 no era el correcto, sino 45,5/50. (I)