El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no detendrá el concurso público para la elección de la autoridad de la Contraloría General del Estado, por lo menos, hasta que sea notificado formalmente con un fallo judicial que suspendió el proceso hasta resolver una acción de protección.

Un juez de la Unidad Judicial de Bucay (Guayas), Jorge Medina Brown, dictó este 14 de septiembre una medida cautelar que suspendió de forma inmediata el concurso de oposición y méritos para la selección y designación del titular de la Contraloría General del Estado, hasta que se resuelva el fondo de la acción de protección, presentada por una ciudadana identificada como Jenniffer Díaz Ortiz.

La mujer alega violaciones a los derechos constitucionales y responsabiliza al Consejo de Participación Ciudadana de no vigilar el proceso que lleva a cabo una comisión ciudadana de selección.

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Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana no detendrá el concurso público y mantendría la convocatoria a rendir el examen escrito a los 103 participantes, prevista para el 19 de septiembre en el colegio Sebastián de Benalcázar en Quito.

El presidente del organismo, Alembert Vera, aseguró que no ha sido notificado formalmente con el fallo de este magistrado, de la que esperaba sea falsa, aunque consideró que quien solicitó la acción de protección debería ir presa.

«No hemos sido notificados formalmente con esta decisión, supuestamente, de este juez de Bucay. Espero que sea falsa, no hemos sido notificados, porque de ser real, esta persona que cometió este delito debe ir presa de forma inmediata por una flagrancia», comentó Vera en una entrevista en el programa Un café con JJ, de este 15 de septiembre.

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Argumentó que el concurso de elección está sujeto a una decisión judicial, ya que hubo otra acción de protección que había determinado que no se detenga y continúe.

Aunque, la mencionada acción de protección retrotrajo el concurso público a la etapa de convocatoria con los mismos concursantes, con la aplicación de un reglamento anterior y en el que se incrementó un punto por ser mujer. Las medidas judiciales dispuestas se aplicaron en la reciente etapa de calificación de méritos.

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En todo caso, Vera insistió que no han sido notificados con dicha medida cautelar, «pero respetuosos de las decisiones judiciales hasta que no seamos notificados, el proceso avanza, que la ciudadanía esté tranquila», dijo y recordó que el martes próximo se realizará el examen escrito y cuando sean notificados se defenderán en derecho.

Empero, de acuerdo con el documento judicial, a las 15:09 del jueves 14 de septiembre la secretaría de la Unidad Judicial Competente había notificado por correo institucional al CPCCS y a Vera.

En el recurso, la demandante señala el cometimiento de posibles hechos «violatorios de derechos constitucionales» dentro del concurso y acusa al CPCCS de «omisión» al no «vigilar la transparencia en la ejecución de los actos» de los miembros de la comisión ciudadana.

El pasado 12 de septiembre, la comisión ciudadana de selección aprobó el informe de calificación de méritos sobre 50 puntos de 103 concursantes, con seis votos a favor y dos abstenciones. Dos comisionados no asistieron a dicha plenaria.

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De los 103 postulantes, hay dos personas con más altos puntajes en méritos: Alejandra Vivanco Carrión, exfuncionaria de la Contraloría entre 1997 y el 2017, es la única que alcanzó 49,5/50; le sigue Juan Falconí Puig con 47 puntos, cuyos últimos cargos en la función pública fueron en el gobierno de Rafael Correa como diplomático.

El orden se desprende luego que en la sesión del martes, el presidente Marco Chalco, apoyado por los comisionados Janeth Ojeda, Carmen Atupaña, Lenin Uquillas, Melisa Cabrera y Nary Galarza (delegada de la cesada Asamblea Nacional) resolvieron revisar nuevamente la carpeta de un postulante Guido Escobar Pérez, que había tenido 50/50 puntos, pues consideraban que estaba «sobrevalorada».

Tras la revisión, le restaron diez puntos, porque habría presentado certificados que no correspondían con el puntaje en el ítem sobre experiencia laboral. Su puntaje actual es de 40/50.

Escobar solicitó oficialmente a la comisión ciudadana que le remitan el informe de calificación en el que obtuvo 50/50, las actas y documentos de soporte, actuaciones administrativas de quién calificó su carpeta y pidió a la comisión ciudadana «dejar sin efecto» cualquier resolución que afecte sus derechos.

Así también, en esa plenaria la comisionada Melisa Cabrera, minutos antes de aprobar este informe de calificaciones, informó a sus colegas que se había equivocado en la revisión de los méritos del candidato Xavier Torres Maldonado, por lo que su nota de 41,5/50 no era la correcta, sino 45,5/50.

La comisionada Eugenia García (Función Judicial), apoyada por su colega Maribel Baldeón (Función Electoral), propuso que se proceda de la misma forma que con el postulante Escobar, pero el bloque de mayoría ignoró el pedido.

De forma paralela a estos hechos, este sábado doce catedráticos, escogidos por sorteo, concluirían con la elaboración de un banco de 2.000 preguntas para el examen escrito que rendirán los concursantes.

Estas preguntas deben ser objetivas y de opción múltiple y se escogerán al azar 50 de ellas, para cada prueba que se entregue a los aspirantes el día del examen.

El reglamento de selección del contralor del Estado dispone que este cuestionario se publique dos días antes de la convocatoria a rendirlo, por lo que el domingo se conocería su contenido en el portal web del Consejo de Participación Ciudadana.

Las respuestas se divulgarán un día después del examen.

Concluida esta penúltima etapa, se abrirá un periodo de seis días, para que los concursantes puedan solicitar recalificación de las puntuaciones de sus méritos y del examen escrito, que deberán resolver los comisionados.

El informe final con la sumatoria de las dos calificaciones que apruebe la comisión ciudadana, que es de carácter vinculante y no puede ser alterado, se trasladará al pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que designe a la nueva autoridad de la Contraloría. (I)