Horas después de los allanamientos que llevó a cabo la Fiscalía General a los despachos de dos juezas nacionales, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) pidió respeto a sus competencias y decisiones y, a la independencia judicial, para evitar una vulneración al libre ejercicio de la magistratura.

La noche de este 16 de agosto de 2024, la Corte Nacional de Justicia, presidida por el juez José Suing Nagua, difundió un comunicado en el que llamó la atención a la Fiscalía General — aunque no la mencionó — por los allanamientos a los domicilios y despachos de las juezas Enma Tapia Rivera y Katerine Muñoz Subía, por las sospechas del cometimiento de un delito de cohecho.

Esto, en un contexto en el que las magistradas concedieron un habeas corpus correctivo al expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y procesado en el caso Metástasis, Wilman Terán Carrillo, con el que se permitió su traslado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil, a la cárcel 4, en Quito.

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En respuesta, la CNJ subrayó que la independencia y la integridad judicial, así como el ejercicio adecuado de las potestades públicas son los pilares fundamentales de un Estado de Derecho.

«Por el bien de la administración de justicia, es imperativo que se respeten las competencias y decisiones de los jueces, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura», detalla el texto.

La institución precisa que ante los acontecimientos de «conocimiento público», piden que respete en todo momento el debido proceso como garantía del derecho a la defensa y la observancia de la presunción de inocencia, así como la independencia judicial.

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La Fiscalía durante la tarde y noche de este viernes, 16 de agosto, allanó el domicilio y las oficinas de los juezas Tapia y Muñoz.

Se informó que se recabaron indicios como dispositivos móviles, computadoras, entre otros materiales, y denominó al proceso como ‘Caso Confourtable’.

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Las magistradas aceptaron el recurso de habeas corpus pedido por Terán, el 12 de agosto y dictaron cinco medidas de reparación integral para cumplimiento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Entre ellas, que Terán, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, acceda a equipos electrónicos y herramientas de trabajo para que pueda ejercer su defensa por un tiempo de, al menos ocho horas diarias, en espacios adecuados con conexión a internet, con las limitaciones del caso, luz eléctrica.

También que se le permitan las visitas de sus abogados en un ambiente de privacidad y sin restricción de horarios y sin necesidad de agenda previa.

Que el Ministerio de Salud coordine atención médica para el procesado en áreas como la psicología y psiquiatría. Además, que tenga un mínimo de dos horas de patio con luz solar directa con cuidados y seguridades y, que se le notifique sobre las diligencias a las que se lo convoque para que aliste su defensa.

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Al respecto, la jueza Enma Tapia, presidenta subrogante de la CNJ, divulgó un comunicado en el que responsabilizó al SNAI y al Ministerio de Salud de no haber presentado pruebas que demuestren que no era necesario el cambio de centro de reclusión, sino que optaron «por el silencio».

Afirmó que sus actuaciones han estado guidas por los hechos y pruebas. (I)