El concurso de méritos para seleccionar a los miembros de las comisiones ciudadanas de selección (que organizarán los concursos públicos para designar a los titulares de la Defensoría Pública y de la Contraloría General del Estado) estará acompañado por equipos técnicos integrados por delegados de los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que hacen la “mayoría”.

Los tres consejeros de minoría no tendrán ningún delegado.

La práctica de conformar equipos técnicos para efectuar los concursos de designación de autoridades del Estado se implementó en los reglamentos desde la existencia del primer Consejo de Participación Ciudadana, durante el gobierno de Rafael Correa, y permitía que los siete consejeros designaran a uno de sus colaboradores, incluso quienes en ese entonces eran minoría, como Andrea Rivera y David Rosero, hoy vicepresidente del organismo.

Pero, por decisión de Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán, se modificó este escenario para que estos equipos estén conformados por ocho personas elegidas de la nómina institucional del CPCCS, según los últimos cambios aprobados a los reglamentos.

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Uno de los cuatro consejeros mociona la nómina y, con los votos de los cuatro, se aprueba su designación.

La presidenta del Consejo, Sofía Almeida, ha aclarado que estas ocho personas no designan a las nuevas autoridades; sin embargo, sirven de apoyo administrativo, logístico y operacional.

Estas instancias intervienen en dos etapas: en la designación de los diez miembros de las comisiones ciudadanas de selección y en el desarrollo de los concursos de méritos para elegir a las autoridades del Estado.

Sirven de apoyo —tanto para los consejeros como para los miembros de las comisiones ciudadanas— en la revisión de las carpetas de los candidatos, constatan si cumplen requisitos de admisibilidad o si incurren en prohibiciones; en la puntuación de los méritos, elaboración de informes, etc.

El CPCCS convocó a la ciudadanía a postularse en el concurso de méritos e impugnación ciudadana para ser parte de las comisiones ciudadanas de selección de la Defensoría Pública y de la Contraloría.

En el primer caso, las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de octubre; y en el segundo, aún no se publica la convocatoria.

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En lo que será el proceso para conformar la comisión ciudadana para la Defensoría Pública, los consejeros de mayoría designaron a ocho personas cercanas a sus despachos para integrar el equipo técnico.

Por el consejero Javier Dávalos se escogió a su asesor Enrique Gómez y a Romel Jurado. Este último colaboró en la redacción de la Ley de Comunicación impulsada por el Gobierno de Correa y fue asesor del exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa.

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También fue asesor del expresidente del CPCCS Christian Cruz, y actualmente es coordinador de Relaciones Internacionales del Consejo.

Zaidy Mora y Manuel Torres serían cuota del vicepresidente, David Rosero; David Zúñiga y Sandra López, por Ibeth Estupiñán.

Y por delegación de Sofía Almeida se escogió a Manuel Balda, coordinador Financiero del Consejo y hermano del político Fernando Balda.

Para la selección del contralor del Estado, este equipo lo conforman Alejandro Gallo, asesor de Almeida; María Herrera y Luis Cueva, por Rosero; Enrique Gómez y Santiago Cabrera, por Dávalos; entre otras funcionarias, como Hilda Nicolalde, Cynthia Condoy y Rosa Rosero.

En la última sesión de este miércoles, Francisco Bravo cuestionó que “con esto van a seguir enterrando al Consejo” y los llamó a reflexionar sobre sus decisiones.

A la par, María Fernanda Rivadeneira increpó que el organismo se ha transformado en una “hacienda” que designa “a los amigos”. “Este es el Consejo de mayorías de amigos; no se responde a un tema técnico y transparente”, les dijo.

Rosero aseguró que la designación de estos equipos responde al cumplimiento del reglamento y que solo apoyarán en temas logísticos. (I)