Darle una utilidad al complejo en el que se pretendía que sea la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es uno de los temas pendientes para el gobierno de Guillermo Lasso, debido al alto costo que implica su mantenimiento estimado en los $ 700.000 anuales.

En ese edificio no hay “nada, solo pisos, paredes y bastantes goteras”, según lo describió la actual ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, en una entrevista con este Diario.

Una de las alternativas que se analizan para que se le dé un uso es entregarlo a la Cancillería o impulsar una alianza público-privada.

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La idea de construirlo fue del expresidente Rafael Correa, que en una reunión del organismo en el 2007 se decidió que Ecuador sea la sede permanente de la Secretaría General. Está construido sobre 20.716 metros cuadrados en la ciudad Mitad del Mundo en Quito, para lo que el Estado ecuatoriano destinó $ 43′598.223.

El expresidente Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo 915 del 19 de octubre de 2019, denunció en su totalidad el Tratado Constitutivo de la Unasur y el edificio volvió a ser parte de los bienes del Estado, específicamente de la Cancillería.

Desde entonces, hubo intenciones de darle una utilidad, pero sin éxito.

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Moreno ofreció entregarlo para el funcionamiento de la Universidad Indígena denominada Amawtay Wasi. Y no ocurrió.

Incluso, en medio de la pandemia del COVID-19, el exvicepresidente de la República Otto Sonnenholzner dijo que se pensaba usarlo para albergar a los ciudadanos que dieran positivo al virus.

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Luego, desde el 8 de junio de 2020, mediante un contrato, la Cancillería entregó este complejo para su custodia y administración al Ministerio de Cultura y Patrimonio y, según información oficial, su mantenimiento asciende a los $ 700.000 anuales, que no incluyen la seguridad.

Desde esta Cartera, cuando el cantante Juan Fernando Velasco era ministro, se pretendió trasladar 40.000 bienes de las reservas arqueológicas de arte colonial, moderno y contemporáneo al complejo de la Unasur, lo que no se concretó.

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Aunque ni eso sería factible. Según Machuca, ese “no es un espacio para albergar una reserva de obras de arte. No tiene seguridades ni climatización... Y, sobre todo, los fondos de la reserva de un país, con un patrimonio tan grande, tienen que ser vivos, accesibles al investigador, a los artistas. No es cuestión de coger y llevar todo a un edificio tan caro, además, como bodega. No podemos permitir eso”.

En la administración anterior, autoridades de la Universidad Amawtay Wasi intentaron que se les ceda el espacio para poder operar, y no hubo acuerdos.

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Una fuente que solicitó la reserva y que era parte de estos diálogos detalló que cuando Velasco era el ministro de Cultura recorrieron las instalaciones y se les ofrecieron dos oficinas de doce metros.

“Nos querían dar solo dos oficinas, y eso no era factible. Recorrimos las instalaciones y nos dijeron que nos darían dos cuartos. Eso no es una universidad. La universidad necesitaba 10.000 metros para aulas. Pero dijeron que no podían más porque iban a poner museos y que entonces compartamos…”, relató la fuente consultada.

El correísmo veía a este edificio como una obra que iba a “enaltecer la belleza” de Quito, en la que participarían los habitantes de todas las generaciones, disfrutar el tiempo y el espacio para construir “relaciones solidarias”.

Argumentaron que sería más barato construir que pagar arriendos para las oficinas de la Secretaría General. Que los ingresos no serían financieros sino económicos. Como, por ejemplo, que habría ahorro de la sociedad en emisiones netas de carbono, o crecimiento de los ingresos valorados del producto interno bruto (PIB) de los habitantes de Quito, según consta en el proyecto para la construcción de ese edificio de marzo del 2015.

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Al contrario de estas aspiraciones, es otra la realidad, por lo que Machuca no desestima devolver el edificio a la Cancillería o hacer una alianza con un actor privado para que se haga cargo. O hasta que quizá se convierta en un centro de convenciones.

Esto porque entregaron la gestión de esta sede al Ministerio “más pobre” en cuanto a la asignación de recursos, reconoció la actual secretaria de Estado.

Por ejemplo, según consta en los gastos que hace esta institución, en luz eléctrica se destinan en promedio $ 5.000 y en agua más de $ 300 mensuales. (I)