Lo que está en juego en el concurso del Defensor Público, que afronta atrasos y cuestionamientos

Sobre el concurso público para la elección de la autoridad de la Defensoría Pública está pendiente resolver una acción de protección, mientras la lista de mejores puntuados varía por la renuncia de quien estaba en primer lugar de otros ocho postulantes.

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Para las 09:00 de este 24 de mayo de 2024 está convocada la reinstalación de una audiencia pública para tramitar una acción de protección que recayó en la Unidad Judicial de Trabajo de Quito, presidida por el juez, Carlos Dávila Ortega.

Aunque la etapa de impugnación concluyó, el recurso lo interpuso el ciudadano, Luis Silva Soria, quien alega la afectación de sus derechos de participación luego que la comisión ciudadana, que lleva a cabo el concurso público, desechó su objeción por presunta falta de probidad en contra de los participantes, Rodrigo Frías Toral y Jorge Ballesteros Ballesteros, quienes ocupan el primero y tercer puesto, respectivamente, entre los tres mejor puntuados.

El magistrado escuchó el martes último, los alegatos de las partes procesales en la diligencia y llamó a la reinstalación para este viernes de manera telemática.

A esto se suma que Rodrigo Frías, a quien la comisión ciudadana le calificó 96 puntos, se perfilaba como el virtual defensor público, pero formalizó su renuncia este 22 de mayo.

En un escrito enviado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) este miércoles, Frías dimitió de forma irrevocable a su postulación y se queja de que se ha demorado su designación lo que afecta a su derecho a la seguridad jurídica.

Además, confirma que el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa, según él, por los «ataques mediáticos» en su contra y del concurso por la existencia de denuncias.

Esto a propósito de las revelaciones de que un vehículo de alta gama blindado que compró Frías Toral, estaba relacionado con el narcotraficante, Leandro Norero Tigua (+), Xavier J. M., y Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), procesados en el caso Metástasis en el que la Fiscalía General del Estado investiga un delito de delincuencia organizada.

Los hechos ocurren a poco de que el concurso para designar a esta autoridad terminen, pues solo resta que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana resuelva sobre recursos de apelación a la negación de impugnaciones planteadas por ciudadanos en contra de dos postulantes.

De la nómina de la comisión ciudadana se desprende que entre los mejores puntuados están:

• Rodrigo Frías con 96,46/100
• Byron Guillén con 83,46/100
• Jorge Ballesteros con 80, 07/100, e
• Inés Romero con 77,86/100

Con la renuncia de Frías, se posicionaría para el primer lugar, Byron Guillén, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y quien ha sido mencionado por actores procesados en los casos de corrupción Metástasis e Independencia Judicial, que indaga la Fiscalía.

El concurso público de méritos, oposición e impugnación arrancó en noviembre del 2022 y un año y seis meses después no concluye, por acciones de protección planteadas por los mismos concursantes y por irregularidades atribuidas a quienes han integrado la comisión ciudadana.

Pero ¿qué rol tiene la Defensoría Pública en la Función Judicial?

Su ley establece que la Defensoría Pública es un organismo autónomo que forma parte de la Función Judicial y tiene como objeto garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.

Además, la Constitución le otorgó la facultad de proponer sus candidatos para la selección de un vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura (CJ).

Desde el 2019, en su representación en la Judicatura, estuvo Juan José Morillo y su suplente Jaime de Veintimilla Fernández de Córdova. El primero está inhabilitado para ejercer el cargo desde el año anterior al ser llamado a juicio por presunto tráfico de influencias; y, el segundo, renunció a inicios del 2023.

El CPCCS designó en reemplazo al exjuez nacional, Merck Benavides Benalcázar, en una sesión del 22 de febrero de 2024.

Ahora está en proceso la selección de un consejero suplente, hasta abril del 2025, cuando concluyen los seis años que determina la Constitución.

Para lo que, el actual defensor público, Ángel Torres Machuca — que lleva casi seis años en el puesto bajo la figura del encargo — debe enviar una terna para que se escoja a un consejero suplente.

En cuanto a su institucionalidad, la Defensoría cuenta con una nómina de 1.111 funcionarios a nivel nacional de los que más de cien son administrativos y los demás al «área misional», es decir, a dar defensa gratuita a las personas de bajos recursos económicos o en estado de indefensión.

Según sus datos, al 2023, en las 24 provincias laboran 736 defensores públicos en 196 puntos de atención y se le asignó un presupuesto por los $ 36 millones.

El pleno del CPCCS prevé retomar en los próximos días el conocimiento de las apelaciones de las impugnaciones ciudadanas, una vez que se archivaron cinco recusaciones planteadas por terceros interesados en contra de cinco de los siete vocales de Participación. (I)