Con cuatro votos a favor y uno concurrente, el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acogió el recurso de apelación presentado por el abogado Bernardo Jijón para dejar sin efecto el auto de archivo a la denuncia que planteó en contra de Alembert Vera, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y de Marcela Aguiñaga, máxima dirigente del movimiento Revolución Ciudadana (RC), por el presunto cometimiento de una infracción electoral muy grave.

Jijón sostiene que Vera y Aguiñaga incurrieron en la infracción tipificada en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia, el cual establece que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

Según el denunciante, la falta que se cometió fue que los accionados violaron una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que prohíbe a los partidos o movimientos políticos, organizaciones sociales, servidores públicos, candidatos o ciudadanos realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de alguno de los candidatos a consejeros o consejeras del CPCCS.

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Y esto fue lo que habría ocurrido durante la campaña electoral de las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023, sostiene Jijón. Marcela Aguiñaga, siendo candidata a prefecta de Guayas, promocionó la postulación de Vera. El movimiento Revolución Ciudadana también posicionó la candidatura del actual presidente del CPCCS.

La denuncia fue interpuesta por Jijón el 9 de mayo. La causa fue asignada a la jueza Ivonne Coloma, quien en un primer momento, el 17 de mayo, solicitó al accionante que aclare y complete la información. Más adelante, en ese mismo mes, la jueza dispuso el archivo del caso con el argumento de que no se superaron los requisitos para la admisibilidad, ya que la denuncia, a su criterio, carece de contenido preciso, tiene redacción confusa y divagante, no se logró individualizar y determinar a los sujetos pasivos vinculados al proceso, entre otros aspectos.

A ese dictamen fue que Bernardo Jijón apeló ante el pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

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En la apelación, Jijón citó un memorando del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, del 19 de diciembre de 2022, en el cual advirtió a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, sobre detalles particulares en la campaña de siete candidatos al CPCCS, entre los cuales se encontraba Alembert Vera.

Pita observó que existen spots publicitarios en los que se pudo observar que el color de la vestimenta de siete candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana es similar al utilizado en el emblema del movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Que dicho color fue usado por el movimiento político en la promoción de sus candidatos a las elecciones seccionales de 2023.

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Además, que los siete candidatos coincidieron en su frase de posicionamiento al cierre de sus spots, diciendo: “Antes estábamos mejor”. Dicha frase coincide con la publicidad electoral de la Revolución Ciudadana, apuntó Pita.

El pleno del TCE se reunió la tarde del jueves 22 de junio para continuar el tratamiento de la apelación. El ponente de la causa fue el juez Fernando Muñoz, presidente del organismo.

La resolución de Muñoz, que fue aceptada por mayoría, concluyó que el texto de la denuncia no tiene oscuridad alguna sobre quiénes son los denunciados. Que el argumento de que no se logró individualizar y determinar a los sujetos pasivos del proceso -que en este caso son la ciudadanía general que se ve afectada en sus derechos- no explica el archivo de la causa y menos justifica confusión alguna.

El juez ponente determinó que no se advierte una falta de requisitos obligatorios que impidan continuar con la siguiente etapa de la causa.

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En tal sentido, se dejó sin efecto el archivo y se dispuso devolver el expediente a la jueza de instancia para que siga el trámite pertinente.

Tras conocerse la decisión, Bernardo Jijón reaccionó en redes sociales y expresó que con esto “Marcela Aguiñaga y Alembert Vera deberán ir a juicio electoral”.

En el TCE está en proceso otra denuncia contra Vera y Aguiñaga, también por presunto cometimiento de una infracción electoral muy grave, que es impulsada por Juan Esteban Guarderas, excandidato a consejero del CPCCS en las seccionales de 2023, quien fue posesionado como consejero suplente del organismo.

Las razones de su denuncia son similares a las que plantea Jijón. Guarderas sostiene que Alembert Vera y Marcela Aguiñaga incumplieron la resolución del CNE que prohíbe que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana sean promocionados por organizaciones políticas. Que en distintos espacios y plataformas digitales Marcela Aguiñaga y el expresidente Rafael Correa, máximos dirigentes de la Revolución Ciudadana, promocionaban la candidatura de Vera y otros postulantes.

Juan Esteban Guarderas espera que se fije una fecha para la audiencia en la que presentará las pruebas de su denuncia. A su criterio, si el TCE le da la razón, tanto Vera como Aguiñaga podrían ser destituidos de sus cargos. (I)