El listado de candidaturas definitivas que participarán en los comicios seccionales del 5 de febrero del 2023 no se concretará este 18 de diciembre como estaba planteado en el calendario, debido a que aún resta por tramitar varias decenas de recursos electorales presentados por los sujetos políticos en contra de las resoluciones de las juntas provinciales electorales y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El calendario aprobado para la organización de los comicios seccionales de febrero próximo señaló el 18 de diciembre como la fecha en la que se publicaría el listado oficial y definitivo de los candidatos calificados que competirán por las 9.612 dignidades que se elegirán, entre 221 alcaldes, 23 prefectos y 23 viceprefectos, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.109 vocales de las juntas parroquiales y sus respectivos suplentes.

Con un cierre preliminar fechado al 13 de diciembre, había alrededor de 8.500 candidatos calificados en las 24 provincias del país, restando un 0,76 % por calificar por la existencia de recursos subjetivos contenciosos que están en trámite del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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Un reporte institucional recogió que en 14 de las 24 provincias se había alcanzado el 100 % de candidaturas calificadas; por lo que en otras diez está pendiente despachar causas jurisdiccionales que bordean las 50. Entre estas están:

  • Azuay con un avance del 99,64 %
  • Pastaza el 95,03 %
  • Pichincha con el 98,27
  • Cotopaxi el 96,04 %
  • El Oro el 99 %
  • Loja el 98,33 %
  • Los Ríos el 99,35 %
  • Santo Domingo de los Tsáchilas el 99 %
  • Tungurahua el 99,05 % y,
  • Zamora Chinchipe con un avance del 99,18 %

De estas, Cotopaxi es la que tiene el mayor número de recursos por resolver: 14 causas interpuestas por los sujetos políticos en el Tribunal Contencioso.

Una vez que el TCE concluya con su tarea, transcurrirá un plazo de entre dos y tres días para que se ejecuten las sentencias y de no presentarse más recursos, se notificará al Consejo Nacional Electoral para que anuncie el listado con el total de aspirantes a estas dignidades, quienes estarán habilitados para participar.

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Se espera que el lunes próximo se instale una sesión en el CNE para resolver sobre estos aspectos.

El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, explicó que el calendario aprobado es referencial y está subordinado a que el Tribunal Contencioso despache las causas; y, en ese ámbito, la fecha límite para definir el total de las candidaturas puede darse hasta antes del inicio de la campaña electoral.

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Recordó que en los comicios seccionales del 2019 hubo una situación similar, en la que el Tribunal se extendió en el trámite porque recursos planteados por los sujetos políticos demoraron el cierre del listado, pero que finalmente no afectaron el desenvolvimiento del proceso.

Una vez que concluya esta fase de la etapa electoral, el CNE procederá con dos actividades paralelas: la impresión de papeletas de votación y la organización de los debates electorales.

El Consejo adjudicó al Instituto Geográfico Militar (IGM) la impresión de 82′365.500 papeletas electorales, para la elección de las autoridades de gobiernos locales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que también serán elegidos el 5 de febrero.

A estos 82 millones de papeletas se sumarán aquellas para el referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución que propuso el presidente de la República, Guillermo Lasso.

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En todo caso, de ese total, 13′100.000 se dispusieron para la impresión de documentos para los candidatos a las prefecturas; para alcaldes, 13′105.000; concejales urbanos ,10′050.000; concejales rurales, 3′030.000; y, para los vocales de juntas parroquiales, 3′030.000, de acuerdo con las bases legales del contrato que constan en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

El monto que se destinaría para la impresión, guillotinado, conteo, armado, enfundado, etiquetado, estibo y entrega de fundas selladas de las papeletas asciende a $ 7′311.706.

El siguiente paso será definir los procedimientos para efectuar los 38 debates electorales en los que participarán los candidatos a prefectos y alcaldes de 17 provincias.

De acuerdo con el reglamento que regula esta actividad, cuando el CNE cuente con la lista oficial de candidatos se informarán los lineamientos y normativa y, también, se definirá por sorteo público la asignación del orden de aparición de los candidatos en las gráficas y la asignación del orden en el ingreso y/o disposición física en un escenario.

Otro sorteo será para establecer el orden de exposición de cada candidato en las diferentes secciones del debate.

Estos sorteos se realizarán en una sesión ordinaria del Consejo Electoral, que contará con un notario que dará fe de los actos públicos; y, cada sorteo se hará de forma manual, utilizando ánforas que contendrán balotas con los nombres de los aspirantes.

Es el Código de la Democracia en su artículo 202.2 que manda la realización de estos eventos, tres semanas antes del día señalado para cada elección, y se harán para la elección de prefectos y alcaldes en aquellas jurisdicciones que cuenten con más de 100.000 electores.

Es así que se harán 17 debates para los candidatos a prefectos y 21 para los postulantes a las alcaldías.

Para las prefecturas se realizarán en Esmeraldas, Carchi, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Guayas, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha.

A nivel de las alcaldías, en los cantones Esmeraldas, en Esmeraldas; Portoviejo, Manta y Chone, en Manabí; en Santa Elena, Santa Elena; Babahoyo y Quevedo, en Los Ríos; Cuenca, en Azuay; Machala, en El Oro; Loja, en Loja; Guayaquil, Milagro, Daule y Durán, en Guayas.

En Riobamba, Chimborazo; en Ambato, Tungurahua; en Latacunga, Cotopaxi; Ibarra y Otavalo, en Imbabura; Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas; y en Quito, Pichincha.

Con la publicación oficial de los candidatos inscritos, empezará la campaña electoral de 31 días, que arrancará el 3 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero.

La autoridad electoral aprobó un rubro de $ 12,9 millones para el Fondo de Promoción Electoral, que son recursos del Estado, que se distribuirán a los sujetos políticos en igualdad de condiciones para la promoción en medios de comunicación. (I)