Destituidos los diez comisionados que realizaban el concurso público para elegir al defensor público por irregularidades detectadas

Las denuncias de irregularidades en el concurso público para la elección del titular de la Defensoría Pública conllevaron a la destitución de los diez miembros de la comisión ciudadana encargada de efectuar ese proceso.

Por unanimidad, los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cesaron en funciones a los diez comisionados, tanto de la ciudadanía como de las funciones del Estado, por haber incumplido con sus deberes y obligaciones contemplados en los reglamentos respectivos.

La decisión se tomó en una sesión realizada la noche de este 11 de abril y quedaron fuera de esa comisión William Falconí Calderón, Diana Villacís Acosta, Vicente Vásconez Merelo, Gina Montalván Bravo y Jorge Tipán Poma, quienes representaban a la ciudadanía.

Por las funciones del Estado fueron cesados Jéssica Burbano Piedra (Judicial), María Valverde Borja (Legislativa), Jéssica Rojas Vallejo (Electoral), Luis Mejía López (Transparencia y Control Social) e Isabel Noboa Nowak (Ejecutivo).

Ellos fueron designados en octubre del 2022 cuando lideraba el bloque de mayoría de los exconsejeros destituidos Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa.

Para no dejar en acefalía a la comisión se principalizará a los comisionados suplentes, entre los que están por la ciudadanía Tania Chamorro Paltin, César Enderica Guin, Gabriela Cadena García, Eduardo Yánez Meza y Kimberly Villagómez Moscoso.

Por las funciones del Estado constan Paúl Astudillo Valdivieso (Judicial), Xavier Vera Barros (Electoral), Ana Hernández Salcedo (Transparencia y Control Social), Julio Ruiz Shingre (Ejecutiva) y Roberto Basantes Romero (Legislativa).

Esta es la primera vez en los catorce años de funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana que los miembros de una comisión ciudadana son cesados por incumplir sus atribuciones y quedará como “ejemplo”, fueron los comentarios entre los consejeros durante la sesión que se desarrolló este martes.

Fue una plenaria que se alargó por casi seis horas debido a que se dio lectura a varios documentos en los que se exponían las irregularidades que caracterizaron a este concurso público; además de los fallos judiciales en el trámite de recursos de acciones de protección a los que acudieron los postulantes que sintieron vulnerados sus derechos.

El proceso de selección de esta autoridad se encontraba en la fase de oposición, en la que se convocó a quince postulantes a rendir el examen escrito y práctico.

Pero el juez de Montecristi (Manabí) Danilo García aceptó un pedido de medida cautelar en el trámite de una acción de protección que suspendió el concurso hasta que la comisión ciudadana cumpla con los plazos reglamentarios para iniciar esa etapa.

Esto sucedió porque quien presidía la comisión, William Falconí, convocó a rendir el examen escrito con menos de 72 horas de anticipación a los postulantes, pese a que el reglamento señala que debe hacerse en un término de quince días luego de iniciada la calificación de méritos.

A este hecho se suman otras anomalías, como que la comisión ciudadana había decidido elegir a una notaria diferente a la que designó el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2021.

El artículo 6 del reglamento para designar a esta autoridad dispone que el pleno del CPCCS seleccionará por sorteo de la nómina de notarios a aquel que dará fe pública de los actos que se realicen dentro del concurso de selección.

Por ello, el 14 de diciembre del 2021, el CPCCS realizó el sorteo público del que sobresalió la designación de la notaria principal María del Pilar Flores Flores.

Pero el 23 de enero de 2023, la comisión ciudadana resolvió hacer un sorteo paralelo y eligió a Rocío García Costales como notaria para que participe en el sorteo de los siete catedráticos que elaboraron el examen de conocimiento y los casos prácticos.

Adicionalmente, la comisión ignoró la decisión del juez Danilo García, quien en un fallo del 28 de marzo del 2023 dispuso la suspensión de la rendición del examen escrito, como medida cautelar.

Al contrario, la comisión instaló la sesión en la que doce de los quince postulantes se presentaron a rendir el examen e incluso se los calificó y se publicaron las calificaciones; y solo dos postulantes obtuvieron las mejores notas: Rodrigo Frías Toral, con 28,5/30; y Jorge Ballesteros Ballesteros, con 24,5/30.

Articulado a este suceso, el asambleísta de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) Ferdinand Álvarez denunció en la Fiscalía General del Estado a los cinco excomisionados de la ciudadanía, acusándolos de beneficiar con sus actos a dos postulantes a ser defensor público: Rodrigo Frías Toral y Jorge Ballesteros Ballesteros.

Entre los denunciados están William Falconí, Diana Villacís, Vicente Vásconez, Gina Montalván y Jorge Tipán, a quienes los acusa de incurrir en un posible delito de asociación ilícita para tráfico de influencias en beneficio de “los postulantes Jorge Ballesteros Ballesteros y Rodrigo Frías Toral”, recoge el texto de la denuncia.

El legislador no denunció a los excomisionados que representaban a las funciones del Estado y alega que los otros cinco “han actuado durante todas las fases del concurso generando actos, decisiones y resoluciones favorables a los intereses de los postulantes”, porque “existen nexos entre cada uno de ellos”.

Es decir, “los miembros de la comisión tienen referencias de conexión o antecedentes en común” que constan en los expedientes para sus postulaciones presentadas en el Consejo de Participación Ciudadana.

La tarde de este 11 de abril, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana dio un espacio de diez minutos para que William Falconí se defienda de las acusaciones y negó que se hayan “coludido” con los otros excomisionados para beneficiar a los concursantes.

Señaló que habían ejercido con “transparencia” sus funciones, que se quedaban hasta altas horas de la noche trabajando para darle “al país un defensor público”… y que presentaría una demanda por calumnia en contra de su excolega Gina Montalván, quien reveló ante el CPCCS que, presuntamente, se habría introducido documentación adicional en el expediente de un postulante para evitar que sea inadmitido.

Luego de varias horas de la lectura de documentos, la consejera Graciela Mora mocionó cesar en funciones a los diez excomisionados por haber incumplido con sus deberes y atribuciones. Los siete vocales votaron a favor: Carlos Figueroa, Aland Molestina, Olindo Nastacuaz, Mónica Moreira, Gina Aguilar, Teddy Tama y la proponente (Mora).

Los consejeros increparon al excomisionado Falconí por los supuestos “errores” en los que recayó la comisión ciudadana, e incluso se mostraron incómodos porque días atrás presentó su renuncia irrevocable a la función de presidente de la comisión, pero seguía despachando con esa dignidad.

La consejera Mora presentó otra moción para declarar la nulidad de varias resoluciones adoptadas por la comisión ciudadana, pero no tuvo apoyo. Se abstuvieron Figueroa, Molestina, Moreira y Tama; y a favor votaron Aguilar, Nastacuaz y Mora.

El argumento de los cuatro consejeros fue que las comisiones ciudadanas tienen autonomía para desarrollar los concursos y que esa decisión podría acarrear que “lluevan acciones de protección” de parte de los concursantes que sintieran afectados sus derechos de participación.

Acuñaron también el argumento de que los comisionados habían resuelto acoger un fallo de un juzgado en una acción de protección y anular varias resoluciones.

Horas antes de esta sesión del CPCCS, los excomisionados dieron cumplimiento a una sentencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y con ello anularon las resoluciones en las que se aprobó un informe de admisibilidad del 13 de diciembre del 2021 y las respuestas a los pedidos de reconsideración resueltas en enero pasado.

Aún no se ha definido una fecha para principalizar a los comisionados suplentes y tampoco desde qué fase arrancará el concurso nuevamente. (I)