La cuarta iniciativa legal con carácter de urgente en materia económica que envió el presidente Daniel Noboa y que tiene como finalidad facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado genera dudas en algunos legisladores consultados.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana Roberto Cuero manifestó que el Ejecutivo pretende pasar una ley con carácter de urgente en materia económica que tiene “un nombre rimbombante”, en referencia a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

“Cuando uno analiza, hasta donde tenemos el contenido de esta ley, podemos observar, por ejemplo, que él está entregando facultades a la Fiscalía General del Estado para de una manera iniciar investigaciones en este tema. Yo no tengo ningún problema en que la Fiscalía inicie de oficio investigaciones, pero todos hemos visto a lo largo y ancho de la vida democrática del país, las vendettas políticas. Entonces, a mí sí me preocupa que una situación de esta pueda, eventualmente, enrumbarse dentro de una vendetta política y con una persecución, por una simple denuncia, comenzar a perseguir”, dijo Cuero.

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A juicio de Cuero, desde el Gobierno se está planteando con “ligereza” la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. “Lo de fondo aquí es verificar cuáles son los procedimientos para dar con ese fin, porque esos procedimientos no pueden ser laxos. O sea, existen las vendettas políticas, y a veces por vendetta política alguien puede denunciar algo de manera falsa y darle luz verde a una institución, como en este caso la Fiscalía, para poder iniciar un trámite sin tener ningún tipo de pruebas. Este tipo de cosas son peligrosas desde mi punto de vista”, apuntó Cuero, toda vez que enfatizó que su posición no es la de amparar cualquier bien obtenido de forma ilícita.

A pesar de su posición, el legislador asegura que su bancada no va a ser obstáculo del presidente Noboa.

En paralelo, Lucio Gutiérrez, asambleísta del Partido Sociedad Patriótica, no tiene certeza de si de la cuarta iniciativa legal que impulsa el Ejecutivo con carácter de urgente tiene propósito en materia económica. “Esa también es otra duda”, expresó el exmandatario que busca impulsar una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que todo político corrupto sea sancionado con cadena perpetua.

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Gutiérrez comparó la reciente iniciativa del Gobierno con su proyecto denominado ‘investigación de justificación y de confiscación de bienes robados’, el cual consiste en “investigar fortunas sospechosas de hace diez, veinte, treinta años atrás; es decir, se suple la falta de retroactividad que tiene una ley”.

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“Sin embargo, todo aquello que sea en contra de la corrupción, de la impunidad, tiene mi apoyo; y sea o no sea (ley con carácter de urgente en materia económica), si es que finalmente se lo califica, nosotros le vamos a estar apoyando”, ratificó el exmandatario.

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Según el documento, la Ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública tiene por objeto extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, promover el fortalecimiento de la economía, la promoción de la seguridad ciudadana y la búsqueda de la justicia social, así como mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública.

Estarán sujetas todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras que residan y/o realicen actividades económicas en el Ecuador.

La finalidad de la ley es facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado, y a su vez evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública, dice el texto.

El Ejecutivo se basa en el último resumen de análisis de registros judiciales por delincuencia organizada en Ecuador, emitido por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el cual señala que en “(…) el 70 % de causas por delincuencia organizada no se solicitaron medidas cautelares de bienes, retención de cuentas bancarias u otros mecanismos orientados a desmantelar las economías criminales en el Ecuador. De este 70 %, en apenas uno de cada diez casos se realiza el comiso de bienes producto de los ilícitos, generando una impunidad económica efectiva del 93 % en causas por delincuencia organizada en el Ecuador…”.

Y destaca que el Observatorio dentro de sus análisis menciona: “Entre 2015 y 2020, en Ecuador se emitieron tres sentencias condenatorias al año por lavado de activos. Esta cifra se redujo a una, entre 2020 y 2022. Los resultados ubican al Ecuador muy por debajo de países vecinos como Perú y Colombia con sentencias condenatorias por sobre las 25 anuales y, que en los últimos dos años, el comiso impuesto en casos de lavado de activos fue menor a un tercio del monto identificado como activos ilícitos”.

“La urgencia económica de extinguir el dominio de bienes adquiridos, a través de actividades delictivas en Ecuador se justifica en la necesidad imperante de combatir la criminalidad económica y la corrupción, por lo que la extinción del dominio emerge como una herramienta crucial para desmantelar redes delictivas, privar a los infractores de ganancias ilícitas y proteger la integridad del sistema financiero y patrimonial del país”, indica el texto remitido por el Gobierno nacional. (I)