Miles de firmas ciudadanas en revisión para dar vida a 93 agrupaciones nacionales y provinciales antes de los comicios generales del 2025

En una oficina de un antiguo edificio ubicado en el norte de Quito, 60 personas están con la mirada fija en las pantallas de los computadores para verificar la validez de miles de firmas ciudadanas con las que actores políticos quieren dar vida a 93 movimientos y partidos (42 nacionales y provinciales, y 51 cantonales y parroquiales) y participar en comicios con sus propios candidatos. Si es posible estar inscritas hasta antes del 14 de mayo de este 2024.

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Cajas llenas de formularios con esas firmas se aglutinan en algunos espacios vacíos, mientras veedores enviados por estos grupos políticos en creación observan los procedimientos.

A este inmueble trasladó el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los funcionarios que hacían este trabajo en las instalaciones del extinto Comisariato de Servicio Social (Cossfa).

Hace un par de años se terminó el acuerdo de comodato con el que las Fuerzas Armadas prestaban el lugar, en el que además se pusieron oficinas para uso de los partidos y movimientos nacionales existentes, aunque no llegaron a usarlas.

Normalmente, para la revisión de firmas se cuenta con unas 20 personas, pero por disposición de la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, como máxima autoridad administrativa y nominadora, se había vinculado a otras 40.

Diariamente cotejan un promedio de 40.000 firmas y en las últimas semanas subieron a 50.000 diarias como efecto de la contratación de más personas.

También para agilizar los procesos, porque este 14 de mayo es la fecha límite para que los solicitantes de inscripción de agrupaciones políticas presenten la documentación, lo que incluye formularios con firmas, adhiriéndose o afiliándose a un movimiento o partido, respectivamente.

El 14 de junio se cerrará el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas y quienes no superen esta etapa no podrán participar con sus candidatos en las elecciones nacionales de febrero de 2025.

Esto, a propósito de que el viernes, 9 de febrero de 2024, el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario que guiará la preparación de los comicios generales del 2025, cuando se elegirán presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos para los próximos cuatro años.

El cronograma fija que del 15 de mayo al 19 de junio podrán presentar recursos ante el CNE en el caso de sentirse afectados.

Del 21 de junio al 21 de julio podrán acudir ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como órgano de última instancia, para insistir en sus pedidos.

Quienes superen estos filtros se integrarán a la nómina de 262 organizaciones inscritas y postularán a sus candidatos, ya que la etapa de democracia interna -en la que los militantes escogen a sus representantes- arranca el 23 de julio.

En elecciones nacionales están habilitadas a participar agrupaciones de carácter nacional y provincial y, aunque el CNE mantiene bajo reserva los nombres y la cantidad de firmas que están en análisis, de 93 solicitudes para crear agrupaciones, estas son:

• 2 para partidos políticos
• 6 para movimientos nacionales
• 34 para provinciales
• 49 para cantonales
• 2 para parroquiales

Solo las nacionales y provinciales participarán con candidaturas en el 2025.

Se evalúa que hay más de 1 millón de firmas que están en validación. Entre ellas, las del ahora movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), cuyos miembros continúan recolectando y entregando formularios para impulsar una posible candidatura presidencial de Daniel Noboa Azín en las presidenciales del 2025.

La denominación ADN surgió en los últimos comicios nacionales anticipados de agosto y octubre del 2023, producto de la disolución de la Asamblea Nacional, que para participar formaron una alianza electoral entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y el Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático (Mover), antes Alianza PAIS, que cobijó la postulación del hoy mandatario, Daniel Noboa.

Para inscribir un movimiento de carácter nacional se requiere contar con el 1,5 % de firmas del padrón electoral. En este caso, en la última elección hubo 13′450.047 sufragantes, para lo que ADN requeriría tener 201.750 firmas válidas.

Otro movimiento en constitución es SurGente, que lo promueve Leonardo Berrezueta, actual asambleísta de la organización Revolución Ciudadana (RC) y exministro del Trabajo en el gobierno de Rafael Correa.

En el proceso también está la propuesta del movimiento Imparables, del activista y concejal de Quito Wilson Merino.

El Consejo Electoral cuenta con cuatro grafólogos que son un soporte para los verificadores cuando hay dudas sobre un registro.

Generalmente, los verificadores observan los rasgos característicos y que haya similitud y espontaneidad en las firmas. Para confirmar su veracidad se hace una comparación con la base de datos del Registro Civil y del padrón electoral, explicaron funcionarios del organismo.

Las estadísticas internas estiman que, en promedio, se aprueban entre el 5 %, 10 % o 20 % de las firmas; y, el 80 % restante se reprueba porque pertenecen a datos de menores de edad, policías y militares en servicio activo, que tienen prohibición constitucional para integrar agrupaciones de índole política.

Adicionalmente, el personal llega a revisar aproximadamente un 40 % del total de firmas entregadas y el otro 60 % se valida con información de la cédula de identidad y los nombres.

Mientras unos buscan legalizar su participación, otros salen del escenario político

El Consejo Nacional Electoral está depurando el listado de organizaciones políticas y entre diciembre de 2023 y enero pasado, 17 de ámbito cantonal o parroquial han sido eliminadas por no cumplir con los requisitos establecidos por el Código de la Democracia, como contar con el porcentaje de votación para sostenerse.

Sobre otras 26 se inició el proceso de cancelación y tienen diez días de plazo para responder a las objeciones de la autoridad electoral.

Una de estas agrupaciones es Mover, antes Alianza PAIS, sobre la que el Consejo resolvió cancelar su personería jurídica porque no alcanzó el número de votos y autoridades electas en dos elecciones nacionales consecutivas.

Esta organización, que la fundó el expresidente Rafael Correa, contaba con más de 1 millón de firmas de adherentes y solo le queda recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral con un recurso subjetivo para que desestime o ratifique la resolución del Consejo.

De no tener una respuesta afirmativa, perdería su inscripción y las firmas de sus adherentes se liberarán, por lo que podrían apoyar a otro movimiento o partido en creación. (I)