En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se dilata la aprobación del proyecto de reglamento para organizar el concurso público para la selección del titular de la Contraloría General del Estado.

Alrededor de dos meses y quince días ha tardado la elaboración del proyecto de reglamento para designar a esta autoridad, y el pleno del CPCCS no logra aprobarlo para iniciar oficialmente con el concurso de oposición, méritos e impugnación ciudadana.

El 5 de mayo pasado, el pleno del Consejo dispuso la composición de una comisión técnica con delegados de los consejeros para que en quince días elaboren el proyecto de reglamento.

CPCCS aceptó la renuncia de Pablo Celi a la Contraloría

Sin embargo, el texto estuvo listo el pasado 1 de julio. El 2 de julio se lo conoció en el pleno y se resolvió que sea difundido para que la sociedad civil haga sus recomendaciones.

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Se dio un plazo de ocho días para que se reciban los aportes ciudadanos, lapso que venció el sábado pasado cuando fue publicado en el portal web institucional.

Las observaciones de la sociedad civil se desconocen y debían ser tratados por esta comisión técnica, que tenía 48 horas (hasta el 12 de julio) para que se analice e incorpore dichos comentarios de ser el caso, y presente el proyecto final de reglamento para su aprobación.

La reunión de esa comisión técnica estaba prevista a realizarse el lunes y martes últimos, pero no contaron con el cuórum para instalarse por la ausencia de los delegados de los consejeros Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán, según se informó.

Los consejeros Francisco Bravo y Hernán Ulloa dejaron entrever posibles intenciones de prolongar la organización de la elección del contralor.

“Hay algunos señores, delegados de los consejeros que no estuvieron presentes (en una reunión de la comisión técnica del 12 de julio). Hay que dejar en claro de que no van a tener espacio para dilatar la designación del nuevo contralor del Estado. Hay que estar atento a que no se boicoteen las reuniones técnicas”, criticó Bravo, en el pleno del lunes, en el que se conoció y aceptó la renuncia de Pablo Celi como contralor subrogante.

El consejero Ulloa planteó que debería ser la Asamblea Nacional que acepte su dimisión al cargo; mientras que el vicepresidente David Rosero subrayó que el CPCCS debe aceptar la renuncia de Celi e insinuó que él no es “cómplice” del excontralor.

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Ulloa le respondió que ser cómplice es “dejar sin cuórum una sesión que se llevaba a efecto el día de hoy (lunes) para avanzar en el concurso”.

“No creo que alguien en el Consejo de Participación Ciudadana haya sido cómplice con su silencio o por la problemática sui géneris que ha pasado en la Contraloría. Ser cómplice es dejar sin cuórum una sesión que se efectuaba para conocer los aportes de la ciudadanía y avanzar en el concurso”, expresó.

La presidenta Sofía Almeida, disgustada, les respondió que le parecía “increíble” que se diga que “no se quiere avanzar” en el concurso, y culpó a los delegados de Bravo y Ulloa de no asistir a las reuniones técnicas.

“No daban razón de por qué no sesionaban en la comisión, y a mi modo de ver, se podría decir que estaban entorpeciendo el avance. Había una duda de los términos respecto desde cuándo contarían los ocho días y por esa duda los asesores estaban consultando con Secretaría General y eso hizo que se demorara la instalación de la sesión… Y cuando los delegados quisieron regresar ya no estaban en la sesión (virtual) los otros delegados”, se justificó Almeida.

Según se conoció, los integrantes de la comisión técnica fueron convocados a reunirse el 11 de julio a las 16:00, pero se suspendió porque los delegados de Dávalos, Almeida y Rosero pidieron que se haga una consulta sobre la fecha exacta de cuándo el CPCCS publicó el proyecto de reglamento para las observaciones de la ciudadanía.

El 12 de julio fueron nuevamente convocados a las 11:00 a una sesión virtual, en la que dos funcionarios habían abandonado la sesión y los delegados de las consejeras Ibeth Estupiñán y Sofía Almeida no asistieron, se detalló.

Y mientras se extiende la aprobación de esta normativa, Sofía Almeida busca que la Función de Transparencia y Control Social pida a la Corte Constitucional (CC) una interpretación del artículo 208 de la Constitución para designar un contralor encargado. (I)