Fiscalía advierte que mediante ‘acción constitucional abusiva’ se pretende liberar al exministro Iván Espinel, condenado por lavado de activos

La Fiscalía General del Estado advierte que el exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel podría beneficiarse de una “acción constitucional abusiva” para conseguir salir del Centro de Privación de la Libertad de Guayaquil en el que se encuentra cumpliendo una pena de diez años de prisión por el delito de lavado de activos.

Mediante un comunicado público, la Fiscalía mostró su preocupación ante la posibilidad de que nuevamente, “abusando del derecho”, se pretenda liberar a Espinel, quien no habría cumplido ni la mitad de la pena a la que fue condenado por no haber justificado ingresos por más de $ 700.000.

Tribunal de la Corte Nacional ratifica sentencia de diez años de prisión para exministro Iván Espinel por lavado de activos

Iván Espinel fue funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el gobierno del expresidente Rafael Correa y exministro de Inclusión Social y Económica en el régimen de Lenín Moreno. Además fue candidato presidencial por su entonces movimiento, Compromiso Social.

A finales de mayo de 2019, un tribunal penal de Durán declaró culpable al exministro Iván Espinel. No solo se lo sentenció a diez años de reclusión, sino también al pago de una multa de $ 505.000.

“Esta institución, que demostró en las instancias legales correspondientes la responsabilidad del exfuncionario público y de otros involucrados en el delito imputado —y como titular de la acción penal—, rechaza este comportamiento repetitivo, que fomenta la sensación de impunidad ante los actos de corrupción”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El 20 de mayo de 2021, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova, Luis Rivera y Adrián Rojas declararon improcedente por unanimidad el recurso de casación que fue solicitado por el exministro Iván Espinel. Desde ese momento, la pena quedó en firme y entró en proceso de ejecución.

El reclamo de la Fiscalía llega a pocas horas de mostrar su malestar por la orden de liberación que emitió el juez Byron Orejuela Giler, de la Unidad Multicompetente del cantón Flavio Alfaro (Manabí), a favor de Luis Alfredo A., alias Gordo Lucho, cabecilla de la banda delictiva Los Lobos, así como de Jairo Fernando Z., quienes estaban recluidos en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en un comunicado, explicó que la garantía constitucional se otorgó “pese a que la normativa establece que las garantías jurisdiccionales no pueden ser utilizadas para generar intromisiones en la justicia ordinaria”.

El juez argumentó que dentro del proceso penal seguido en contra de ambos individuos existen vulneraciones al debido proceso y, por lo tanto, se vulneran también los derechos a la libertad, la integridad física, salud y vida.

Este dictamen “desnaturaliza las medidas cautelares”, consideró el SNAI. “Orejuela Giler desnaturaliza las medidas cautelares constitucionales y contraviene normativa expresa (...). Se está utilizando, una vez más, la justicia constitucional de manera indebida”, agregó.

En todo caso, el SNAI indicó que ambos sujetos fueron liberados al existir una orden judicial y boletas de excarcelación.

Ante esta situación, la Fiscalía recordó que la institución cumple con un trabajo técnico-jurídico para procesar delitos y conseguir que estos no queden en la impunidad. Sin embargo, dijo, durante los últimos meses se ha observado que ciertos jueces de garantías constitucionales han dejado en libertad a sentenciados por delitos que por su naturaleza son considerados graves.

Sobre el caso de Iván Espinel, en horas de la tarde del sábado 1 de abril, el SNAI emitió un comunicado en el que informó que, revisada la información jurídica y técnica del expediente del exministro y otros sentenciados en la misma causa por lavado de activos, verificó que actualmente no cumplen con los requisitos establecidos en la ley y en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social para acceder al cumplimiento de la pena a través del régimen semiabierto.

El SNAI alertó de que la única forma en que Iván Espinel y otros sentenciados podrían obtener la libertad sería “utilizando a la justicia constitucional de forma indebida”, a través de una “medida cautelar irregular”, lo que representaría “un nuevo abuso en la aplicación de garantías jurisdiccionales”.

Se aclaró que hasta el momento el SNAI no ha recibido notificación alguna respecto de la activación de medidas cautelares constitucionales de los privados de la libertad en cuestión. “El SNAI hace un llamado para que actúen en pro del fortalecimiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social”, concluyó el comunicado. (I)