Por pedido de la Fiscalía, el 28 de junio próximo los jueces provinciales Diana Fernández León (ponente), Ruth Ávila Freire y Xavier Barriga Bedoya, parte de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha, evacuarán la audiencia de apelación contra el fallo que sobreseyó a nueve militares en servicio activo y pasivo, quienes eran acusados del asesinato de un policía y dos militares durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).
La apelación se tratará cuatro meses después de que la jueza de Pichincha Luz María Ortiz decidió sobreseer a todos los procesados, al definir que no existen indicios que evidencien la responsabilidad en las muertes del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez de quienes eran acusados como autores directos por parte de la fiscal Claudia Romero, quien solicitó la audiencia.
La jueza resaltó en su resolución que la doctrina señala que el asesinato es un delito de acción y no de omisión, es decir, aclaró, cada uno de los procesados debió haber realizado un acto que llegue a violentar el bien jurídico protegido, en este caso, violentar la vida de Jiménez, Panchi y Cortez. Ortiz recordó que la autopsia indica que la causa de muerte fueron los impactos de ojivas, aun así, apuntó, no es menos cierto que el elemento de convicción debe encaminar a señalar que estos disparos que provocaron la pérdida de la vida hayan realizado las personas procesadas.
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“La Fiscalía no ha presentado ningún elemento de convicción que genere este nexo causal (...), es decir, la existencia del elemento causal entre la infracción y los procesados. No se cuenta con una pericia balística en donde la Fiscalía singularice el arma que produjo la muerte de Froilán Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortez y que esa arma fue usada por los procesados en unidad de tiempo y espacio”, refirió la jueza penal Ortiz.
Estos son los argumentos que deberá contradecir la fiscal Romero en la apelación, diligencia a la que también deberán asistir los sobreseídos: los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera, y los militares activos Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe.
Claudia Romero acusó a los nueve procesados como autores directos del delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución constitutiva de una grave violación a los derechos humanos. El caso se inició por el delito de homicidio, pero más adelante la Fiscalía reformuló cargos. El delito de asesinato por el que fueron acusadas las nueve personas está contemplado en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Las muertes de Jiménez, Panchi y Cortez se dieron en los alrededores del hospital de la Policía entre la tarde y noche del denominado 30-S. En esa zona del norte de Quito se produjeron actos violentos dentro de una revuelta policial, en la que al final de la jornada se dio el rescate del entonces presidente Rafael Correa, quien estaba siendo atendido en ese hospital de la Policía.
La jueza penal de Pichincha dentro de su resolución dispuso a la Fiscalía que inicie procesos investigativos contra exfuncionarios públicos, entre ellos, tres exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, ante la falta de colaboración de estos dentro de la investigación, siendo que la colaboración con las autoridades judiciales es una de sus obligaciones. (I)
