Por el presunto delito de prevaricato fue denunciado el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi Leiver Patricio Quimís Sornoza, quien el 24 de agosto acogió la acción de protección presentada por la ciudadana Betty Moreira Marcillo y dispuso al actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conformar una veeduría para evaluar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t).

La denuncia contra Quimís fue interpuesta el 1 de septiembre por la Fiscalía General del Estado e Israel Cedeño, director regional de la Procuraduría en Manabí, según consta en el portal de consulta de denuncias del Ministerio Público.

En el fallo del 24 de agosto, el juez de Montecristi dispuso al CPCCS en funciones, presidido por Alembert Vera, que de manera inmediata proceda a la conformación de la veeduría diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC), por parte del Consejo transitorio, que fue creado por la consulta popular de 2018 y estuvo dirigido por el fallecido Julio César Trujillo.

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La decisión de Quimís fue notificada a Alembert Vera el 28 de agosto, quien dos días después, el miércoles 30, en su informativo semanal anunció la creación de dicha veeduría y criticó a las decisiones del Consejo transitorio, al que calificó como ‘trujillato’.

Más adelante, el 1 de septiembre el Consejo de Participación emitió un boletín de prensa informando los plazos y requisitos para inscribirse a ser parte de la veeduría. En tanto, en la cuenta de X (antes Twitter) del CPCCS se publicaron videos con extractos de las declaraciones de Vera, en las que convocó a la integración de la veeduría ciudadana. Sin embargo, algunos de esos mensajes fueron eliminados de la red social.

La situación ha causado divisiones dentro del CPCCS y críticas por parte de analistas. Se sostiene que la veeduría es ilegal, ya que violaría el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional (CC) n.º 2-19-IC/19, emitido en mayo de 2019, en el cual se “blindaron” las decisiones del Consejo transitorio.

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Los vocales del actual Consejo, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, se desmarcaron de la actuación de Alembert Vera. En tanto, Nicole Bonifaz, vicepresidenta del organismo, reclamó al titular de la institución por no informar previamente al pleno del CPCCS sobre la acción de protección que dispuso la creación de la veeduría.

Además, la noche del lunes 4 de septiembre la Corte Constitucional solicitó información al CPCCS sobre el cumplimiento del dictamen interpretativo de 2019 y la integración de la veeduría; a la fiscal general, Diana Salazar, también se le pidieron informes del cumplimiento del dictamen, y al juez Quimís se requirió el expediente de la acción de protección.

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A los tres se les dio un plazo de 24 horas para responder, el cual venció la noche del martes. Los titulares de la Fiscalía y el CPCCS respondieron a la Corte.

Salazar pidió a la Corte que “se empleen todas las medidas adecuadas y pertinentes” legales para evitar el incumplimiento del dictamen interpretativo. Además, informó que inició una investigación previa contra el juez por el presunto delito de prevaricato.

Por su parte, Alembert Vera, además de proporcionar la información requerida, pidió a la Corte Constitucional que se señale día y hora para ser escuchado en una audiencia.

Vera planteó varias interrogantes a la CC. Una de ellas es si el CPCCS debe desacatar la sentencia de primera instancia que fue expedida por el juez Quimís. (I)

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